Número 159 - Abril de 2020
 
REPORTAJES
 
“La estrategia de política económica se vuelca más en subsidiar a los necesitados que en reactivar la actividad y el empleo"    
     
CÓMO Y CUÁNDO SALDRÁ LA ECONOMÍA DEL COLAPSO  
       
 
     
     
     

"ESTE AÑO CONOCEREMOS LA MAYOR RECESIÓN DE LA QUE SE TENGA RECUERDO. DE MODO QUE LA ACTUACIÓN DE LOS GOBIERNOS DEBE SER RÁPIDA, CONTUNDENTE Y EFICAZ PARA CONSEGUIR CREDIBILIDAD, CONFIANZA Y COMPLICIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS, SOBRE TODO DE LOS EMPRESARIOS, PIEZA FUNDAMENTAL PARA SOSTENER EL EMPLEO Y RECUPERAR LA ACTIVIDAD TRAS EL COLAPSO".

   
     
    Foto: Jesús Umbría y Archivo RC  

TEXTO: FERNANDO G. URBANEJA

"Esta vez es diferente… no tengo conciencia de un episodio histórico que ofrezca una perspectiva sobre las consecuencias económicas de la crisis global generada por el coronavirus”, dice la economista e historiadora Carmen Reinhart en un artículo reciente. El filósofo Emilio Lledó confirma el argumento: estamos ante algo “inexperimentado”. La duración y profundidad de la parálisis económica fruto del confinamiento de la población como medida para frenar la epidemia, es imprevisible y convierte los pronósticos en una adivinanza, más allá de la conjetura.

El carácter de “sin precedentes, ni referencias” revela que los gobiernos van a tientas a la hora de tomar decisiones determinantes para evitar una recesión sin precedentes, cuando esa recesión ya es un dato objetivo.

La profesora Reinhart, también Mario Draghi, proponían a mediados de marzo hacer “todo lo que haga falta”, porque, advierte Reinhart, “las políticas de distanciamiento o aislamiento que salvan vidas conllevan un coste económico enorme. La emergencia sanitaria puede convertirse en una crisis financiera”… este es el momento para hacer “todo lo que haga falta, con políticas fiscales y monetarias innovadoras de gran escala”.

Aparentemente todos los gobiernos y los organismos financieros internacionales y las entidades supranacionales (Unión Europea) están desplegando, con mayor o menor celeridad y determinación, ambiciosas medidas cuantificadas en billones (españoles) de euros y dólares, aunque la suma de todos esos recursos es heterogénea, quizá voluntarista y de una concreción que está por acreditar, aparte de su eficacia.

En el caso español el gobierno ha aprobado entre el 10 al 31 de marzo cinco decretos ley (165 páginas del BOE) y numerosas normas complementarias de menor rango con medidas para hacer frente a una recesión agravada por los incalculables efectos de la parálisis (denominada hibernación) de buena parte del sistema productivo. Una parálisis que puede conducir a un colapso que complicaría la recuperación alargando el momento inicial y, desde luego, el final de esa recesión que en estos momentos está buscando su fondo.

De la V a la U, recuperación para el 2021

La tesis sostenida por la vicepresidenta Calviño y el ministro Escrivá (los más capacitados del gobierno para entender y explicar lo que ocurre) ha sido hasta ahora (finales de marzo) que estamos ante un fenómeno temporal, con efectos intensos pero limitados en el tiempo; lo cual les lleva a concluir que la recuperación puede ser inmediata en cuanto acabe la emergencia sanitaria y retorne la normalidad productiva.

La figura utilizada para explicar ese proceso es la de una V, caída y recuperación equivalentes a lo largo de este mismo año, durante el segundo y tercer trimestre. Una tesis que se ha debilitado con el transcurrir de los días y una emergencia sanitaria que se alarga, y con ella la parálisis de la actividad productiva (un eterno agosto), que puede durar hasta el día en que se dispongan de suficientes vacunas eficaces (un año) para neutralizar el virus. Entre tanto pueden suceder nuevas rondas de contagios y de expansión del virus.

Por eso la recuperación en forma de V ha pasado al baúl de los deseos no cumplidos. La hipótesis ahora apunta a una recuperación en U, es decir una caída hasta pasado el verano, una fase de estancamiento durante varios trimestres, y una posterior recuperación durante la segunda mitad del 2021, tras conocer el año 2020 la mayor recesión de la que tenemos recuerdo.

Cómo vaya a ser la recuperación y cuándo se producirá pertenece ahora al mundo de la conjetura, que depende de unas u otras circunstancias, de unas u otras medidas de reactivación y del acierto de las investigaciones científicas para acorralar el virus, del que se sabe más cada día, aunque no lo suficiente y necesario para frenarle. La confianza en la ciencia (hoy mayor que en epidemias precedentes) forma parte del estado de opinión dominante, de la esperanza. Pero al tiempo se percibe desconfianza en los líderes políticos, que arrastran crisis de credibilidad desde hace años, al menos desde la anterior recesión de 2008-12. Políticos que se esconden tras el burladero de los expertos y que renuncian al liderazgo social amparándose en la fatalidad y en que hacen lo que pueden, lo que les indica la comunidad científica, aunque sea una verdad a medias.

Las medidas de rescate y activación de la economía

Las medidas de política económica de todos los países, adoptadas con distinta intensidad y firmeza, discurren por caminos semejantes. En el caso español hay una mezcla de objetivos y procedimientos que responden a la caja de herramientas tradicional contra las recesiones, pero también a objetivos políticos e ideológicos de los dos partidos que forman la coalición del Gobierno, que se han repartido las responsabilidades económicas y sociales, como si ambos aspectos fueran contradictorios. Un reparto que recuerda a los últimos gobiernos de Franco con un sector tecnocrático/económico y otro falangista/social que sumaban mal, a la hora de tomar decisiones, aunque mantenían un equilibrio en el reparto del poder a costa de la eficacia.

Las medidas adoptadas por el gobierno discurren por los siguientes vectores:

1.- Financieras: de apoyo a la liquidez: el gobierno ofrece avales por valor de hasta 100.000 millones de euros que tendrán que sustentarse con deuda pública y la complicidad del BCE. La instrumentación de esos avales corresponde al sistema financiero, que asignará el crédito avalado por el Estado (hasta el 80%) entre empresas y autónomos perjudicados por la epidemia y la parálisis forzosa. Crédito para mantener las empresas abiertas.

2.- Fiscales: en forma de aplazamientos del pago de impuestos (sin intereses) para los perjudicados que lo acrediten. En ningún caso han asumido condonaciones de impuestos o cotizaciones.

3.- Laborales: mediante la relajación de los requisitos para suspender los contratos laborales con expedientes temporales de suspensión total o parcial de contratos de trabajo (ERTE) y por el tiempo que dure la alarma y el confinamiento. Los trabajadores suspendidos cobrarán un subsidio de paro por el 70% de su base de cotización. Algunas empresas completarán el salario a su cargo. Una medida que implica reducción de ingresos a las familias además de la inquietud por el futuro de su empleo. Los afectados por los ERTEs no son parados propiamente dichos pero se acercan a ese estado.

4.- Intervención directa en la economía con la prohibición de despidos causales, los calificados como procedentes, por decreto, al menos durante el tiempo que dure la crisis. Imposición también por decreto de unas vacaciones forzosas pagadas y recuperables con una instrumentación que queda al acuerdo de las partes.

También Intervención directa del mercado de alquiler de viviendas, de las situaciones de mora de cuotas hipotecarias y de los impagos de suministros públicos (agua, luz, gas, comunicaciones).

5.- Subsidios (transferencias) a colectivos calificados como los perjudicados, los “que se quedan atrás” en el relato oficial, que se harán con cargo a la Seguridad Social o al Estado, en unos casos con carácter temporal y otros permanente.

Una estrategia de política económica más volcada a crear lo que llaman “escudo social”, subsidios a los necesitados que a reactivar la actividad y el empleo. Medidas pensadas para el socorro a las familias más que a sostener las empresas.

Todo ello requiere una burocracia activa, una intensa intervención administrativa para validar millones de expedientes personales y cientos de miles empresariales y su posterior ejecución de pago. Para hacerlo posible el gobierno autoriza relajar temporalmente los sistema de control presupuestario. El mejor ejemplo de complejidad está en las doscientas páginas de BOE que van a necesitar muchas más para interpretar, aclarar y rectificar en su caso.

¿Serán suficientes estas medidas para salir del colapso? ¿Se implementarán con la rapidez, profundidad y eficacia que requiere la crisis? ¿Qué consecuencias colaterales, no previstas pueden tener? Todas estas preguntas palidecen ante la urgencia de la crisis y se vuelven acuciantes a medida que pasan las semanas.

Es poco inteligente

El primer golpe de la crisis se ha notado de inmediato en el empleo: durante la segunda quincena de marzo se perdieron 900.000 cotizantes a la Seguridad Social, básicamente empleos temporales (que por decreto se han tratado de prorrogar de forma automática con éxito por acreditar), que son los primeros que se esfuman en las crisis. Además de los expedientes temporales de suspensión de empleo que incluyen a otros dos millones de trabajadores (quizá más cuando acaben de sumar las solicitudes). En el corto período de seis semanas quedaron en suspenso o se perdieron tantos empleos como los suprimidos durante los cinco años duros de la anterior recesión (2008-12).

Los efectos de todo ello sobre las cuentas públicas son obvios: una recaudación a la baja y un gasto público al alza, que se financiará con deuda. La cuantía de esa deuda es imposible de medir pero será mayor que la requerida durante la recesión anterior que ascendió a 500.000 millones adicionales durante la década 2008-2018. En estos momentos nadie se preocupa por la deuda, el gobierno propone la creación de una deuda consolidada, quizá con carácter perpetuo, para afrontar la crisis; deuda además mutualizada con los demás países de la Unión que no se muestran muy partidarios de semejante paso.

Sobre lo que existe casi unanimidad entre los economistas es que la actuación de los gobiernos debe ser “rápida, contundente y eficaz”…”todo lo que haga falta” (doctrina Draghi) para conseguir “credibilidad”, “confianza” y “complicidad” de los agentes económicos, sobre todo de los empresarios que son pieza fundamental para sostener el empleo y recuperar la actividad tras el colapso.

En el caso español las medidas adoptadas gozan de la complicidad de los sindicatos y no tanto de la de los empresarios que han recibido más que advertencias sobre lo que puede ocurrir si incumplen normas y pocos estímulos o incentivos para confiar y apostar por el futuro. Calificar desde la Moncloa de “buitres” a los fondos de inversión inmobiliaria, la mayor parte internacionales, que han invertido más de 150.000 millones de euros durante los últimos años con dudosa rentabilidad en este momento, no parece un incentivo inteligente para buscar aliados contra la recesión.

Un hecho que merece la pena señalar es la iniciativa privada para completar las medidas del gobierno, que va desde la moratoria del pago del principal de las hipotecas de los afectados por la crisis a los acuerdos laborales en muchas empresas para compartir los costes y asumir ajustes internos compensatorios, así como aportes solidarios voluntarios para ayudar a combatir la pandemia. El despliegue de iniciativas, de innovaciones, de solidaridad es relevante, un factor de confianza en el futuro.

 
 
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