Número 153 - Octubre de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
LA ELECCIÓN INTERMINABLE      
       
 
  Foto: Archivo RC  
   
   
ENRIQUE BADÍA Y LIBERAL, ENSAYISTA
 

DIEZ MESES DE INCERTIDUMBRE Y UN VACÍO LEGISLATIVO CASI TOTAL LLEVAN A BARAJAR IDEAS, COMO LA PLANTEADA POR EL EX PRESIDENTE GONZÁLEZ, SOBRE LAS NORMAS DE FORMACIÓN DE GOBIERNO.

 
   

Los más propensos al chascarrillo sugieren que la ilusión política de Pedro Sánchez sería repetir las elecciones hasta que los votantes le otorguen mayoría absoluta. Suena disparatado, pero inquieta que sea casi creíble, máxime si se da por constatado que forzar una nueva votación habría sido su principal empeño desde la misma noche electoral del pasado 28 de abril. Sólo que ambas presunciones, la extrema y la quizás más ajustada a la realidad, entrañan no pocos riesgos… incluso para él. Algunos de los sanchistas que han ido apareciendo como setas –no todos a favor– sostienen que el líder socialista tiene una clara adicción a la osadía, acrecentada porque hasta ahora le ha salido bien. Lo acredita su trayectoria: desde su atrevimiento para recuperar el liderazgo del partido que lo había defenestrado, con buena parte del aparato en contra, hasta lanzar una moción de censura sin tener asegurado el suficiente número de votos para respaldarla, pasando por otros síntomas detectables en su gestión, ya desde el Palacio de la Moncloa. Aseguran también que tiene escasa propensión a negociar y, todavía menos, escuchar. ¿Antesala de algún tipo de síndrome preocupante? Suena a arriesgada simplificación.

Rara vez, en realidad casi nunca, conviene analizar los hechos de forma lineal. Desde las últimas elecciones generales, hasta la disolución forzada de las cámaras, han ocurrido muchas cosas, subyacen distintos motivos y se han puesto de manifiesto aspectos que no estaría de más corregir. De todo eso, de cómo lo interprete cada elector, dependerá el sentido del voto, o acaso del no voto –abstención– y de ello resultará concluir si Sánchez ha acertado en su presunta estrategia, o cometido su primer gran error. Pronósticos y vaticinios al respecto no van a faltar hasta noviembre, pero quizás convenga incluir en las reflexiones alguna orientada hacia el futuro. Por ingenuo que pueda sonar, admitiendo que lo esencial radica y radicará sobre todo en la actitud de los directos protagonistas, quizás valiera la pena plantear iniciativas para, en la medida de lo posible, evitar que repetir las elecciones sea tan fácil como parece, pensando en su evidente sesgo perturbador. Lo primero que viene a la cabeza es el artículo 99 de la Constitución, pero quizás, dada la complejidad de modificarlo, haya otras vías que convendría explorar.

Los requisitos establecidos para formar el gobierno central muestran una peculiar asimetría respecto a la práctica totalidad de los demás. La fórmula más rígida y expeditiva rige para los ayuntamientos, que deben designar alcalde el mismo pleno de su toma de posesión –taxativamente 20 días después de las elecciones municipales–, sea por mayoría o, a falta de ella, de forma automática a quien haya encabezado la lista más votada. Algo más flexibles son las reglas que incorporan casi todos los estatutos de autonomía: primer intento de investidura en plazo marcado desde la fecha de celebración de los comicios –entre 10 y 20 días- y un máximo de dos meses para elegir presidente o repetir los comicios. No está fijado, en cambio, ningún límite temporal para que el Jefe del Estado designe un candidato a presidir el gobierno estatal y sólo se establecen dos meses, contados a partir de la primera votación fallida en el Congreso de los Diputados, para la disolución automática de las Cortes y la consecuente convocatoria de nuevas elecciones. Ello ha permitido, en la práctica, que la primera tentativa de investidura de Pedro Sánchez se produjera transcurridos casi cuatro meses desde la jornada electoral de abril y las nuevas votaciones vayan a celebrarse más de medio año después.. Todo, con otra particularidad poco comentada: mientras que para ser alcalde es preciso ostentar la condición previa de concejal, y para presidir la mayor parte de autonomías es obligado ocupar escaño en el parlamento correspondiente, para presidir el gobierno central no se requiere formar parte del Congreso de Diputados ni del Senado; en definitiva, puede resultar elegido cualquier ciudadano español mayor de edad. La sugerencia más obvia sería modificar esa parte del texto constitucional, pero el procedimiento precisa, cuando menos, el respaldo de tres quintos del Congreso y del Senado; ahora mismo, 210 diputados y 159 senadores, que hacen poco menos que imprescindible el acuerdo entre los principales grupos de ambas cámaras. Tal y como están las cosas, difícil, aunque no del todo imposible, por lo que cabría barajar alternativas que, sin tener que abrir el melón de la reforma constitucional, al menos modificaran su actual implementación. Acaba de sugerirlo el ex presidente Felipe González, en unas interesantes consideraciones sobre el momento político –diario El País del 9 de setiembre-, en las que se muestra partidario de dotar un papel más activo a la Presidencia del Congreso y evitar, de paso, que el Rey tenga que decidir si propone o no, y cuándo, un aspirante a la investidura. Es lo que llevan a cabo los homónimos de los parlamentos territoriales, por lo que se antoja una opción que merecería tener en cuenta. Habría que ver –hay que insistir– hasta qué punto sería efectiva si los directos protagonistas no modifican la actitud que nos ha traído hasta aquí.

 
 
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