Número 157 - Febrero de 2020
 
REPORTAJES
 
   
     
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SISTEMA FINANCIERO (II)  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
JAIME TERCEIRO LOMBA
 

“NO ES RAZONABLE ESPERAR QUE EL SISTEMA FINANCIERO DESEMPEÑE, POR SÍ SOLO, UN PAPEL DETERMINANTE EN LA NECESARIA CANALIZACIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS HACIA ACTIVIDADES NO INTENSIVAS EN CARBONO MIENTRAS NO SE ABORDE CON RIGOR, Y DE UNA VEZ POR TODAS, EL PROBLEMA QUE REPRESENTAN LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS DE LA EMISIÓN DE GEI. PARA AFRONTARLO, LA SOLUCIÓN ES BIEN CONOCIDA: HAY QUE FIJAR UN PRECIO A CADA UNIDAD DE CO2 QUE SE EMITA (...) HOY ESTÁN VIGENTES EN 46 JURISDICCIONES NACIONALES 57 INICIATIVAS QUE FIJAN UN PRECIO AL CO2 PERO TODAS ELLAS SOLO CUBREN EL 20% DE LAS EMISIONES DE GEI Y LA MITAD TIENEN UN PRECIO INFERIOR A LOS $10 POR TONELADA CUANDO PARA QUE LA INTERVENCIÓN RESULTE EFICAZ SE CALCULA QUE DEBERÍA ESTAR ENTRE 40 Y 80 POR TONELADA EN 2020 Y ENTRE 50 Y 100 EN 2030”.

   
     
       

7. El sistema financiero en la transición energética

Los problemas económicos y sociales que hoy tienen planteados tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo –muchos de ellos como consecuencia de la última crisis financiera– pueden inducirnos a creer que existen cuestiones más relevantes, a las que debemos prestar atención prioritaria, que los posibles impactos que el CC puede tener en los niveles de bienestar de las futuras generaciones. Pero, si así lo hacemos, quizá sea adecuado recordar que la crisis financiera, cuyos efectos todavía estamos padeciendo, tuvo su origen, básicamente, en que durante demasiado tiempo se puso un énfasis excesivo en el corto plazo, tanto en la política de beneficios como en la política de incentivos de los agentes económicos, y, además, se gestionaron y valoraron equivocadamente los precios y los riesgos. Todo ello ha dado como resultado un exceso de activos tóxicos y de endeudamiento de estos agentes: Gobiernos, empresas y familias

Pues bien, estamos cometiendo errores de la misma naturaleza respecto al CC, ya que se está poniendo excesivo énfasis en los problemas a corto plazo y utilizando tasas de descuento excesivamente altas para otros que, como en este caso, se mostrarán en toda su crudeza en plazos claramente superiores a los que caracterizan a las crisis financieras. Durante algún tiempo, el sistema financiero ha generado un exceso de activos tóxicos. También, y análogamente, la infraestructura energética actual lleva ya muchas décadas produciendo un exceso de GEI. En ambas situaciones, una vez más, se pone de manifiesto que, siempre que el precio de un bien no refleja los costes y los riesgos que conlleva su uso, los ciudadanos se exceden en su consumo. Y esto es exactamente lo que ha sucedido en el sistema financiero y lo que está sucediendo en el sistema energético.

De la misma manera, hoy se están valorando mal los riesgos, dadas las características básicas de las externalidades negativas que generan las emisiones de GEI: globalidad, largo plazo en su impacto, incertidumbre y capacidad de generar daños radicales e irreversibles. Esta errónea valoración conduce, como se ha señalado, a que el precio de los combustibles fósiles no refleje los costes medioambientales, sobre todo los de emisión de GEI; y, por tanto, envía señales equivocadas al mercado respecto a los verdaderos costes de su producción.

El pasado 21 de marzo tuvo lugar, organizada por la Comisión Europea, una conferencia sobre financiación sostenible desde una aproximación global [véase EC (2019a)]. En ella se reconoció que los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se enfrentan hoy a un déficit mayúsculo en las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos fijados en la Conferencia de París. En efecto, como asume la Comisión, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [véase OCDE, the World Bank y UN Environment (2018)] estimó que hasta 2030 será necesaria una inversión de 6,9 billones de dólares anuales, básicamente, en infraestructuras de energía, transporte, edificaciones y agua. Es evidente que estamos muy lejos de poder asegurar una financiación de ese volumen en un horizonte de 15 años desde el Acuerdo de París. Una inversión aún mayor se requeriría si en lugar del escenariode 2 ºC, sobre los niveles preindustriales, se pretendiera alcanzar el de 1,5 ºC, que es el recomendado por el IPCC. Sin duda es necesaria una transformación sin precedentes de las infraestructuras actuales para alcanzar los objetivos propuestos. En el transcurso de esta conferencia se puso de manifiesto que el sector financiero debería desempeñar un papel fundamental en la movilización de recursos privados hacia proyectos de tal naturaleza. Esta situación presenta un notable conjunto de oportunidades para el sistema financiero. Aun así, también este proceso de transición entraña riesgos grandes y ciertos, que, por sus propias características, no son fácilmente cuantificables.

En su reconocida, y ya citada, intervención de 2015, Carney (2015) puso especial énfasis en que los potenciales efectos catastróficos del CC se pondrán de manifiesto con toda su crudeza en horizontes de tiempo superiores a los que consideran las instituciones financieras en sus ejercicios de planificación estratégica. Estos costes recaerán, fundamentalmente, sobre las generaciones futuras, por lo que hoy no existen incentivos directos para abordar posibles soluciones. Es más, los horizontes de la política monetaria suelen ser de dos a tres años, y aquellos que hacen referencia a la estabilidad financiera están relacionados con el ciclo crediticio y llegan a alcanzar los diez años. Sin embargo, los problemas más graves derivados del CC se harán patentes en todo su rigor en horizontes temporales más extensos. Por eso, Mark Carney habla de la «tragedia del horizonte».

No obstante, se da la paradoja de que el tipo de riesgos derivados del CC que se presentan en horizontes más lejanos serán tanto más manejables cuanto antes se empiece una verdadera transición a una economía baja en carbono siguiendo pautas predecibles, que estén fundadas en los resultados que la ciencia ofrece y concretadas en acuerdos vinculantes y creíbles.

Son tres, básicamente, los tipos de riesgos que el sistema financiero debe tener presentes en el proceso del CC. El primero es el «riesgo físico», que es el derivado de fenómenos climatológicos adversos, como inundaciones o tormentas, que pueden dañar determinados activos y llegar a interrumpir la actividad productiva y el comercio. Hace ya algunos años que las compañías de seguros han empezado a reconocer este tipo de riesgos [véase Lloyd’s (2014)].

El segundo es el derivado de las compensaciones que se le pueden llegar a exigir a las empresas y de las tareas relacionadas con la emisión de GEI. Se conoce como «riesgo de responsabilidad».

El tercero de ellos es el llamado «riesgo de transición», que es el que surge de las implicaciones que para el sistema financiero tiene el proceso de transición a una economía más baja en carbono. Este proceso conducirá necesariamente a un cambio de valor significativo en una parte de los activos de las empresas que son muy intensivas en energías fósiles, que verán reemplazada su actividad por nuevas tecnologías de energía renovable. La revisión a la baja del valor de muchos de estos activos se producirá como consecuencia de las regulaciones que finalmente terminen fijando un precio a las emisiones de GEI, así como de la caída en la demanda de energía fósil, dados los precios más competitivos de las energías renovables.

Varias son las instituciones profesionales y académicas que han analizado cuál es la cantidad máxima de emisiones de GEI que se pueden emitir hasta el año 2050 para que se logre alcanzar los objetivos de incrementos de temperatura contemplados en los acuerdos de París. Esta cantidad máxima es la que se conoce como «presupuesto de carbono». Los diferentes modelos e hipótesis que se utilizan en su cálculo se resumen en un trabajo de la Iniciativa de Seguimiento del Carbono [véase CTI (Carbon Tracker Initiative) (2018)]. Hay que ser conscientes de este hecho, ya que, como consecuencia de ello, las cifras publicadas son distintas. Así, por ejemplo, los presupuestos de carbono publicados por la Agencia Internacional de la Energía y el IPCC no son directamente comparables. La Agencia calcula el presupuesto de carbono solo para el sector energético, que es la mayor fuente de emisiones de GEI. En contraste, el presupuesto del IPCC tiene en cuenta todas las fuentes antrópicas de GEI. Pues bien, esta restricción de tener que limitarse a un «presupuesto de carbono» no solo afecta sensiblemente al valor de las reservas de energía fósiles reconocido en los estados financieros de este tipo de empresas, sino también a una gran parte de los activos de las que transforman o utilizan este tipo de energía fósil. Entre otras instituciones, la Agencia Internacional de la Energía, el IPCC y el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment están advirtiendo de esta situación desde hace años.

 
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