Número 143 - Noviembre de 2018
 
REPORTAJES
 

“El horizonte político se ha ensombrecido y, lo que es más grave, tampoco aparecen en el horizonte mayorías claras que garantizarían estabilidad”

 
     
ESPAÑA: CUANDO EL SUPREMO AÑADE DESCONFIANZA  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). ESPAÑA LLEVA CASI TRES AÑOS SIN UN GOBIERNO CON MAYORÍA PARLAMENTARIA. UN TIEMPO EN QUE LA CRISPACIÓN NO HA DEJADO DE CRECER. LA AUSENCIA DE UN GOBIERNO CON LA AUTORIDAD SUFICIENTE EMPIEZA A SER TÓXICA.

   
   

España lleva ya casi tres años sin un gobierno con mayoría parlamentaria. Primero fue el gobierno Rajoy en funciones, luego el Rajoy con solo 134 escaños detrás y, desde junio, el gobierno Sánchez con 84 diputados. En este tiempo la crispación política no ha cesado, sino que se ha incrementado y la ausencia de un gobierno con la autoridad suficiente empieza a ser tóxica.

Los españoles acogieron bien el nuevo gobierno Sánchez, ya que el Índice de Confianza Política (ICP) -que elabora el CIS y que oscila entre 0 y 100- subió en junio un 22%, hasta el 37,5. Pero en octubre y tras un retorno de las vacaciones especialmente crispado, el ICP ha caído un 9% y se sitúa en el 32,4, todavía un 6% por encima de un año antes, cuando gobernaba Rajoy.

La explicación parece clara, gobernar e infundir confianza con solo 84 diputados es todo menos fácil. Y más con el estilo de oposición del tipo “leña al mono hasta que hable” que practican el PP, impaciente para recuperar el poder y C’s, frustrado porque la moción de censura truncara sus expectativas de la pasada primavera.

Desaceleración lógica

Pero el malestar político tiene el contrapeso relativo de una economía que continúa siendo una de las que más crece de Europa, a un ritmo del 2,5% anual y con los tres primeros trimestres del 2018 al ritmo inter trimestral del 0,6%. Cierto que hay desaceleración comparando con crecimientos superiores a más del 3% de años anteriores, pero la desaceleración es lógica, coincide con lo que sucede en Europa y en muchas otras economías (aunque no en la americana). Además, se sigue creando empleo a buen ritmo.

El alarmismo económico está, pues, poco justificado ya que, aunque la desaceleración es una asignatura áspera, la confianza en la economía española se mantiene alta y el coste medio de la deuda a 10 años emitida por España en 2018 ha sido de 1,43%, frente al 1,58% del pasado año. Además, el diferencial medio con Alemania ha mejorado al pasar de 120 a 94 puntos básicos.

Con todo, la desaceleración está ahí y en algunos sectores se magnifica. En este contexto, Sánchez ha hecho de sus presupuestos, pactados con Podemos y que debían acabar apoyando el PNV y los independentistas, la clave de su acción de gobierno. Es una apuesta arriesgada, pero no tenía otra. El proyecto ha sido muy atacado por la derecha política y por parte del mundo económico. Desde luego, en algunas medidas se ve demasiado la mano de Podemos -por ejemplo, en un alza excesiva y repentina del salario mínimo-, pero se mantiene la reducción del déficit y no se generan problemas serios con Bruselas. Son defendibles, y personalidades como Isidre Fainé, el poderoso presidente de la Fundación La Caixa, y José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco de Santander, han señalado aspectos positivos.

Presupuestos

Pero ahora el problema no radica en los defectos del presupuesto, sino en que el proyecto puede no ser aprobado, lo que sería un mensaje de inestabilidad. En efecto, al boicot del PP y de C’s a la reforma de la actual ley de estabilidad presupuestaria -que da al PP con mayoría absoluta en el Senado poder de veto- se une la decisión del independentismo catalán de no apoyar las cuentas públicas tras la acusación por parte de la fiscalía del Supremo -en la apertura de juicio oral contra los acusados del 1-0- del delito de rebelión para Oriol Junqueras y otros ocho acusados.

Sánchez ha asegurado que, pese a ello, quiere acabar la legislatura y que puede gobernar -si finalmente los presupuestos no se aprueban- con los prorrogados e introduciendo modificaciones de gasto para tirar adelante medidas sociales como el salario mínimo.

El horizonte político se ha ensombrecido y lo que quizás es más grave es que tampoco aparecen en el horizonte mayorías claras que garantizarían más estabilidad. En efecto varias encuestas -la última la de El Periódico de Cataluña del 5 de octubre- indican que en unas hipotéticas elecciones anticipadas, el PSOE sería ahora el primer partido, pero que quedaría lejos de la mayoría absoluta y que con un pacto con Podemos tampoco se alcanzarían los 175 diputados.

Por otra parte, entre el PP, que bajaría, y C´s, que subiría, tampoco alcanzarían la mayoría absoluta, por lo que no podría haber alternativa conservadora. La única mayoría posible sería un pacto PSOE-C´s, en principio posible pero que las actitudes actuales de Sánchez y de Rivera lo hacen poco previsible.

A este ya muy complicado panorama se ha venido a sumar las actitudes contradictorias de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo respecto a quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas: si el cliente, como hasta ahora, o el banco, según la decisión de la sección segunda de la sala de lo Contencioso del pasado 18 de octubre. Esta decisión generó una gran conmoción económica, ya que cambiar los usos hipotecarios sin aclarar la retroactividad daña a la banca y a la economía. Pero su anulación el 6 de noviembre por el pleno de la sala de lo Contencioso ha causado una gran zozobra social. En muchos medios se ve como una decisión que favorece a la banca (tras la crisis, con imagen de culpabilidad) y dañina para los clientes.

Embrollo judicial

Así, el poder judicial -siempre celoso de su independencia- ha originado tal embrollo político y social que ha tenido que ser el poder ejecutivo -el gobierno de Pedro Sánchez- el que intervenga e intente sacar las castañas del fuego anunciando un inmediato decreto-ley. Según lo anunciado por Pedro Sánchez, de ahora en adelante serán los bancos los que paguen el impuesto, pero no habrá retroactividad como en todas las reglas fiscales. Y evidentemente este decreto-ley deberá ser convalidado por el legislativo en un breve plazo de tiempo.

 
 
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