Número 126 - Abril de 2017
 
REPORTAJES
 

“La gran pregunta es si el presupuesto puede seguir ajustándose a base de reducir tanto y de forma continuada la inversión pública sin dañar seriamente al crecimiento”

 
     
ESPAÑA: PRESUPUESTOS CON POCO MARGEN  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). EL ESTADO SOLO PUEDE DECIDIR LIBREMENTE SOBRE EL 39% DE LO QUE RECAUDA O PIDE PRESTADO. LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURAS SE HA REDUCIDO A 7.500 MILLONES, UN 21% MENOS QUE EN EL 2016 Y LA TERCERA PARTE DE LA DEL 2009

   
   

Escribo el día después de que el ministro Montoro haya presentado los presupuestos del Estado de 2017. Y una elemental reflexión hace inclinarse hacia la cautela. Sí, volvemos a crecer por cuarto año consecutivo y en 2017 el ritmo estará cerca del 3%. El ministro Guindos, al que le gusta exhibir prudencia, prevé un 2,5%, pero el poco dado al optimismo Banco de España lo eleva al 2,8%. Y el Gobierno asegura que se crearán unos 500.000 empleos. Con salarios inferiores a antes de la crisis porque hemos hecho una devaluación interna, lo que aminora las cotizaciones sociales (problema para las pensiones), pero más empleos durante varios años animan el consumo de las familias y empujan la economía.

Sí, vamos mejor, pero que vayamos bien es otra cosa. De entrada, empezamos a discutir las cuentas de 2017 en el mes de abril. Y no es culpa de Montoro ni del Gobierno ni del PSOE, que ya facilitó la aprobación del techo de gasto, pero es algo que indudablemente aconseja cautela. Y encima no tenemos ninguna garantía de que vayan a ser aprobados. Tal como hoy están las cosas, el voto de C’s es seguro, pero todo dependerá del PNV, que va a vender cara su piel, y de un diputado de Nueva Canarias-PSOE que votó contra la investidura de Rajoy. Si el PNV no falla -lo que deseo- el voto del diputado Pedro Quevedo valdrá su peso en oro. Y todavía habrá que agradecérselo porque con el resultado electoral y gracias a la actitud prepotente del PP y la legislatura de la mayoría absoluta y a la confusión y la crisis actual del PSOE, pedir una mayoría estable es un imposible.

Pero la cautela, y la sensación de estar pendientes de un hilo, se acentúa cuando se miran las grandes partidas del presupuesto. Tenemos problemas. Hace pocos años corría una frase que decía que China se había convertido en la fábrica del mundo, que India era su oficina informática, Estados Unidos era ya solo el ‘segurata’ y que Europa era… la residencia de la tercera edad. Y lo cierto es que del presupuesto de 2017 nada menos que el 40% está dedicado al pago de las pensiones que solo suben un 0,25% por pensionista (un 3,1% en total por el aumento de los beneficiados).

Compromisos

Se puede criticar mucho al ministro Montoro pero -quedando mal con los pensionistas- el 40% de lo que gasta ya lo ha consumido antes de empezar a hacer las cuentas. Y si a los 139.000 millones de pensiones le añadimos los 32.000 millones de intereses de la deuda (necesarios si queremos seguir pidiendo prestado para pagar maestros, médicos y policías a fin de mes) y los 18.000 millones que nos cuesta el seguro de paro, resulta que el pobre Montoro -quizás el ministro de Hacienda español que más presupuestos se ha chupado- tiene el 58% del gasto comprometido.

La fogosa diputada de Podemos Irene Montero debería pensárselo dos veces antes de proclamar tan pancha que estamos ante los presupuestos del saqueo. Son unos presupuestos que dejan poco margen. Exactamente un 39% del gasto total si a lo anterior le añadimos los 22.000 millones que cuestan los funcionarios. Es posible que haya quien quiera dejar sin subsidio a los parados (supongo que no es el caso de Irene Montero), o quien diga que sobran funcionarios pero como si prejubilamos algunos, o los enviamos al paro, seguirán gravitando sobre el gasto público, lo cierto es que el Estado –personificado en Montoro– solo puede gastar 39 de cada 100 euros que recauda o que pide prestados. Al llegar a esta conclusión es imposible no sentir un escalofrío.

Vayamos a las cuentas. Ha habido que reducir un 14% el gasto para dejar el déficit en el 3,1% comprometido con Bruselas y para que no aumenten los 32.000 millones que pagamos por la deuda que representa ya el 99% del PIB (acumulación del déficit de los años de la crisis). Y debemos recordar que ahora pagamos poco porque los intereses están muy bajos y que en el futuro no pueden sino subir.

¿Cómo se afronta la reducción del gasto? Afortunadamente crecemos con un aumento de los impuestos del orden del 7% -que alcanzan los 200.000 millones que ingresábamos antes de la crisis-, aunque desgraciadamente no sucede lo mismo con los ingresos de la Seguridad Social. Y como no se tocan los gastos sociales –casi imposible cuando salimos de la crisis tras los recortes de los últimos años– y como hay algunas partidas que razonablemente –siempre se pueden discutir– deben subir, hay que reducir la inversión pública regionalizable que cae un 22,3%, de 11.128 a 8.597 millones. De esta partida la mayor parte es inversión en infraestructuras que cae un 21% hasta 7.540 millones.

La gran pregunta es si el presupuesto español se puede seguir ajustando a base de reducir tanto y de forma tan continuada la inversión pública sin dañar seriamente al crecimiento. Conviene recordar que la inversión en infraestructuras antes de la crisis llegó a los 22.000 millones en el año 2009 y que desde entonces no ha dejado de desplomarse.

 
 
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