Número 134 - Enero de 2018
 
REPORTAJES
 
“Se han rebajado varios de los descuentos de las garantías reales. El supervisor recupera la confianza en el inmobiliario"    
     
LA REGULACIÓN DE LAS PROVISIONES CONTABLES, UNA VEZ MÁS  
       
 
     
     
     

BANCO DE ESPAÑA CERRÓ LA ADAPTACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE A LAS NIIF: “DA MÁS JUEGO A ALGUNAS GARANTÍAS REALES, ENCARECE LAS PROVISIONES DE MOROSOS, DUDOSOS, Y ESTADÍSTICAS PARA RIESGOS NORMALES Y EN VIGILANCIA ESPECIAL... Y BENEFICIA AL CRÉDITO AL CONSUMO Y, EN ALGÚN CASO, A PYMES Y EMPRESARIOS INDIVIDUALES”.

   
     
    Foto: Archivo RC  

TEXTO: RAIMUNDO POVEDA

El Banco de España completó el pasado diciembre la adaptación de su regulación contable de los bancos españoles a las Normas Internacionales de Información Financiera. En una nota de prensa algo desorientadora destacó como tema estrella de su circular el cambio conceptual en la estimación de las provisiones crediticias que, dijo, dejaba de basarse en las pérdidas incurridas, para hacerlo en las esperadas.

Hablar de pérdidas esperadas dejó de ser novedad en España no ahora, sino en 1999, cuando fundamentaron nuestras pioneras provisiones estadísticas. En 2004, al adaptar su normativa a la internacional, aferrada entonces al criterio pérdidas incurridas, el Banco no quiso renunciar a una buena idea que proporcionaba resultados útiles, era copiada por las regulaciones de otros países, y donde el tiempo le daría la razón. Para ello recurrió, con alguna justificación inverosímil, a un truco trasparente: el cuerpo de la circular sería ortodoxo, pero remitiría a un anexo donde se recogían las peculiaridades españolas, provisiones dinámicas incluidas. Sin ir tan lejos, el bloque normativo que trata las provisiones crediticias, el Anexo IX de la actual Circular, es realmente de mayo de 2016, cuando el Banco de España hizo otra revisión de sus normas, manteniendo el criterio de las pérdidas esperadas, y avisó a quienes le reprochaban apresuramientos que ese texto no tenía carácter transitorio. Así ha sido. La versión actual es fiel en su esencia y en la mayor parte de su letra a la de hace año y medio. Unos pocos retoques en algunos coeficientes no equivalen al cambio conceptual que menciona la nota de prensa.

Una guía de buenas prácticas

El Anexo IX sigue siendo una mezcla de dos cosas: una guía de buenas prácticas sobre gestión del crédito y una norma sobre provisiones por riesgo de crédito y riesgo país. Ambas tienen fundamentos competenciales distintos, destinatarios algo distintos también, y, en la práctica, distinta fuerza de obligar, más rigurosa en la norma contable, más adaptable a las circunstancias en la guía (más “pilar dos”, en jerga de Basilea), lo que justificaría una presentación separada.

La guía diseña un sistema de gestión de los procesos de concesión de créditos inspirado fielmente en las guías de sanas prácticas del Comité de Basilea para grandes bancos. Su propósito es asegurar que la toma de riesgos por la organización se ajuste al “apetito por el riesgo” de su alta administración. Pero siendo una recomendación supervisora, no a cualquier nivel de apetito, sino a un apetito moderado, atemperado por un complicado mecanismo de reglamentos internos, comités y demás aparatos de control, versión moderna de la vieja idea de los cuatro ojos. Esos checks and balances hubieran impedido, por ejemplo, que Nick Leeson, actuando por libre, se cargara la venerable Banca Barings en 1995; de hecho Basilea empezó a producir sus guidelines a partir de ese affair. Aunque mucho tendrá que esforzarse el aparato formal de control para frenar proyectos favoritos del propio Consejo, o de sus miembros clave, cuando sufran un ataque de glotonería por el riesgo. En última instancia los comités y las personas designados para controlar el riesgo son nombrados por el Consejo: un informe incómodo puede ser el último que escriba un subordinado demasiado vigilante. Pese a ello, ese aparato de control es totalmente necesario.

Insertos en esa guía, hay consejos concretos sobre política crediticia derivados de principios contables. Por ejemplo, que los precios del crédito no puedan, operación a operación, ser inferiores a su coste, so pena de contabilizar la operación a valor razonable llevando la minusvalía a pérdidas y ganancias. O que los créditos deban concederse atendiendo en principio a la capacidad de pago esperable del deudor, basada en datos que el regulador parece tomar como sólidos (contabilidades, nóminas, declaraciones fiscales, proyecciones de negocio); las garantías reales y los avales ocuparían un lugar secundario en la decisión de prestar. Remachando la idea, se añade en 2017 que una operación no puede considerarse de riesgo bajo “solo” porque lo justifiquen sus garantías reales.

Criterios como estos describen un mundo cómodo para el supervisor. Evitan posibles problemas negando o al menos desaconsejando el crédito. Pero quizás no sea un mundo realista para el banquero. El primer criterio mencionado dificulta tratar las relaciones con un cliente como un todo integrado, algo que puede convenir por razones comerciales o de fidelización. El segundo haría muy difícil prestar a un emprendedor nuevo, o financiar la compra de vivienda a un autónomo.

Los banqueros tienen que lidiar con un mundo imperfecto, lleno de carencias y de incertidumbre. Un mundo en el que muchos bancos de datos no responden a los altos estándares exigidos por la circular o por las guidelines supervisoras internacionales, en el que la información contable y fiscal vale lo que vale, en el que la precarización del empleo ha echado a mucha gente de las nóminas, y estar ahora en una no garantiza estarlo mañana, en el que los futuros tipos de interés son más que nunca una incógnita. A pesar de todo, los banqueros deben seguir dando crédito. Las indicaciones del Anexo, al pie de la letra, serían muy restrictivas. Pueden entenderse las preocupaciones del supervisor, que no se limitan en el segundo de los casos citados a la sanidad bancaria, sino que tocan problemas sociales dolorosos (desahucios). Pero esas guías necesitan una aplicación flexible, y los problemas sociales, soluciones políticas alternativas.

El riesgo de crédito

No hay grandes novedades en la clasificación de los riesgos, aunque sí bastantes precisiones en una de sus categorías, la de “riesgos normales en vigilancia especial” (ese oxímoron). Pese a ellas, sigue siendo una categoría muy elástica, al depender en tantos casos de lo que quiera entenderse como “cambio significativo” a peor. Apuntemos una flexibilización. Las operaciones con impagos de más de 30 días, pero no morosas, serán ahora de vigilancia especial “salvo prueba en contrario”; en la redacción anterior lo eran siempre; se reconoce así que muchas de esas situaciones se resuelven solas. Dado el endurecimiento de las coberturas aplicables a la categoría, detalles como ése pueden tener importancia.

El Anexo, como la NIIF, propone que los bancos desarrollen sus técnicas para calcular provisiones y valorar garantías. Sus modelos internos deben satisfacer unas condiciones rigurosas. Muchos bancos no podrán desarrollarlos. Otros tardarán en tenerlos listos. O quizás no alcancen a todos los segmentos de la cartera. Para tales casos el regulador español aplica el equivalente del método estándar del coeficiente de solvencia, esto es, unos coeficientes convencionales suministrados por la regulación. Esa “solución alternativa” es de utilización general, en el sentido de que los bancos con modelos internos también han de calcularla como elemento de contraste, y justificar las diferencias observadas entre ambos métodos. Hasta aquí nada nuevo. Las novedades surgen en los baremos de coeficientes de la solución alternativa

El primer baremo es el cuadro de descuentos aplicables a las garantías antes de restarlas de los importes de los riesgos. En el Anexo de 2017 se han rebajado varios de los descuentos de las garantías reales (oficinas y resto de edificios, suelo urbano –mucho en su caso– y otros inmuebles, aunque no los ya comparativamente bajos de las viviendas). Con ello se reducen los importes sujetos a provisión. Ello puede leerse como una señal de recuperación de la confianza del supervisor español en los mercados inmobiliarios.

El segundo baremo es el cuadro de provisiones que se aplica a los dudosos por morosidad. La provisión final sigue siendo el 100 %, alcanzable a los 21 meses de la entrada en mora como máximo. El baremo se plantea por tanto un tema hasta cierto punto menor: diseña diferentes rutas hacia el 100% para diferentes segmentos del crédito; o visto de otro modo, modifica la distribución de la provisión entre la cuenta de pérdidas y ganancias de este año y la de siguiente (de persistir la morosidad). No deben ser muy optimistas las previsiones sobre condiciones futuras cuando el Anexo de 2017 acelera el ritmo de formación de provisiones en todos los sectores, salvo el crédito al consumo, maltratado en 2016. Ahora la mitad o más de las provisiones deben estar constituidas a los seis meses de la entrada en mora, salvo en dos casos: la adquisición de vivienda habitual (40%) y el crédito a empresarios individuales (30%).

A los dudosos por razones distintas de la morosidad se les aplica como solución alternativa el tramo más corto (hasta seis meses) del baremo anterior. Por tanto la mencionada aceleración de las rutas de los morosos encarece también, permanentemente, las provisiones de los otros dudosos.

Finalmente está el baremo de las pérdidas esperadas en riesgos normales y en vigilancia especial. Sus cambios repiten rasgos del baremo anterior. Bajan los coeficientes aplicables a riesgos normales en el segmento de crédito al consumo, y, un poco, los de pymes y empresarios individuales. Pero en todos los demás segmentos del crédito suben, con subidas en torno al 15%. Y lo hacen mucho más los coeficientes de los créditos en vigilancia especial, un 80% en promedio, sin exceptuar aquí a las pymes y empresarios individuales. Un ejemplo importante: el capítulo del crédito vivienda, que en el Anexo de 2016 provisionaría al 0,4 y 3,7%, según estuviese en situación normal o en vigilancia especial, ahora lo hará al 0,6 y 13%. Este endurecimiento de la solución alternativa da especial relevancia a los cambios de calificación de normal a normal en vigilancia especial, un asunto, recuerdo, opinable.

 
 
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