Número 132 - Noviembre de 2017
 
REPORTAJES
 
“La estrategia y la táctica independentista deberán cambiar de registro y de calendario, tras darse de bruces con la realidad”    
     
LA INEVITABLE “SEGUNDA TRANSICIÓN” DE LA CONSTITUCIÓN DEL 78 A LA DEL SXXI  
       
 
     
     
     

“LA OPOSICIÓN MANTIENE COMO OBJETIVO PRIORITARIO DESALOJAR AL PP Y REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, SIN QUE SE CONOZCA EL SENTIDO Y ALCANCE DEL CAMBIO. Y LA CUESTIÓN CATALANA SIGNIFICA ESA OPORTUNIDAD (...) PORQUE ESPAÑA QUEDA NECESITADA DE UNAS REFORMAS QUE, INEVITABLEMENTE, PASARÁN POR UNAS ELECCIONES GENERALES EN 2018”

   
     
    Foto: Archivo RC  

TEXTO: FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA

Cuatro meses atrás, en el número de junio de CONSEJEROS, la crónica política utilizaba como título: “el síndrome de la conjetura” para destacar la imprevisibilidad y las incertidumbres que se cernían sobre la sociedad y la democracia española afectadas por un gobierno débil, condicionado por casos de corrupción, con causas judiciales abiertas que afectan a los dos partidos de gobierno (PP y PSOE, así como Convergencia en Cataluña); por una oposición crítica con la Transición y lo que llaman “sistema del 78”, que califican de agotado; por una frágil recuperación económica tras la Gran Recesión; y por una conversación política entre los políticos y con la sociedad de muy baja calidad, más enfocada a la confrontación que a las propuestas inteligentes y esperanzadoras. A los españoles les preocupa, más que nunca, la crisis de la política y evidencian un rotundo pesimismo sobre el presente y el futuro de la política y de la economía. Todo ello en el marco de una Europa debilitada y amenazada por los euroescépticos, estimulados por el Brexit y por la emergencia de populismos nacionalistas.

La crónica concluía con el siguiente párrafo: “La pretensión secesionista (catalana), que no aparece entre las preocupaciones de los ciudadanos, puede convertirse en central y crítica en cualquier momento. Rajoy optó hace años por no moverse en este contencioso y dejar que los separatistas se agoten por sus propias contradicciones; pero llegará un momento en el que habrá que tomar decisiones políticas que abran la puerta a una reforma constitucional y una segunda Transición, que como la primera requerirá amplios consensos, esos que se han ido dinamitando con eficacia e insistencia durante la última década.

Pero el consenso y la lealtad constitucional que consolidaron el tránsito hacia la democracia y su propio desarrollo durante el último tercio del siglo XX, decayeron en el nuevo siglo. Esos ya no son los valores dominantes y no se percibe la reconstrucción de ese clima que es imprescindible para abordar las reformas que requiere la economía, la política y la sociedad española, necesario para recuperar el brillante desempeño del último tercio del pasado siglo”.

No ha pasado medio año y la debilidad del Gobierno apenas ha cambiado, como prueba valen los siguientes hechos: al Congreso no han llegado los Presupuestos para 2018; la Comisión del Pacto de Toledo no avanza ninguna propuesta sobre el sistema de pensiones afectado por un déficit crónico desde hace años; apenas hay proyectos sometidos a debate en el Congreso, más allá de comisiones de investigación con muy deficiente desempeño; los casos de corrupción cumplen los plazos en el calendario judicial y van acreditando conductas irregulares y primeras condenas; la oposición mantiene como objetivo prioritario desalojar al PP del gobierno y reformar la Constitución sin que se conozca el sentido y alcance del cambio; la recuperación se ha consolidado aunque la calidad institucional sigue siendo muy mejorable; las expectativas europeas han mejorado y la cuestión catalana ha estallado y ocupa el primer plano político hasta convertirse en un riesgo sistémico para España, aunque también puede significar una oportunidad para construir nuevos consensos y reformar la Constitución. Cabe mencionar como un dato positivo el relevo en la jefatura del Estado, de D. Juan Carlos a D. Felipe, que se ejecutó con escrupulosidad constitucional y con buenos resultados a la vista de las encuestas, que reflejan una clara mejoría en la reputación de la Corona.

El procés catalán hacia la independencia

La crisis catalana, el llamado ‘procés’ hacia la independencia, que, ante la indiferencia de resto del país y la diligencia de los independentistas, está en marcha acelerada desde hace dos años, supone violentar la Constitución de 1978 y ha entrado este otoño en una fase crítica para llevar al Gobierno a aplicar in extremis el excepcional artículo 155. El desafío catalán cuestiona algunos de los valores de la reciente historia democrática española como son la estabilidad política, la tolerancia y la inclusión social. La crisis catalana debilita la imagen ejemplar de concordia cuando las fotografías y las noticias que aparecen en los medios internacionales fechadas en Barcelona dibujan un relato de menos estabilidad, menos tolerancia y una sensación de democracia averiada, incapaz de gestionar las aspiraciones de unos ciudadanos movilizados, entrenados y organizados mediante una resistencia civil con la que quieren determinar su futuro político al margen de España con una república catalana de nuevo cuño.

Durante el corto período de 50 días, del 7 de septiembre al 28 de octubre, las crónicas desde el Parlamento de Cataluña y las calles de Barcelona han dibujado una imagen inquietante de la realidad española, con un despliegue sugerente para el guion de una primera temporada de una serie televisiva con ribetes de drama y de comedia. Cincuenta días durante los cuales la que parecía una revolución pacífica de ciudadanos en busca de su propia nación y estado se dio de bruces con una realidad patética; con un presidente de gobierno a la fuga; un grupo dirigente sedicioso sentado ante los tribunales, algunos de ellos en prisión preventiva con cargos muy graves de rebelión y una sociedad abrumada, decepcionada, frustrada y fracturada. Una revolución que parecía empezar con épica y que descarriló antes de llegar a sus primeros balbuceos, lo cual no ha restado entusiasmo y emoción a sus promotores.

Es evidente que el gobierno de Rajoy (que lleva más de cinco años en la Moncloa) no entendió, la relevancia de la cuestión catalana ni se ocupó de ella, a pesar de los precedentes históricos y de las potentes señales que llegaban desde Barcelona a lo largo de los últimos años. Más aún, cuando estaba en la oposición practicó una estrategia política para desgastar al gobierno socialista con argumentos anti catalanes, con firmas callejeras contra el Estatuto aprobado en los dos parlamentos (el español y el catalán) y refrendado por los catalanes.

Un siglo de intentonas separatistas

El independentismo catalán no es nuevo, a lo largo de casi 150 años ha conformado el sentimiento nacional de una parte de la población, entre el 15 y el 25% de los catalanes, con subidas y bajadas en función de la coyuntura. A lo largo del siglo XX fueron varios, al menos cuatro, los intentos de construir un ‘Estat Català’, siempre aprovechando momentos de debilidad del Estado español, con la I República (1873), con la Restauración (1917), con la II República (1931 y 1934) y ahora con la democracia.

La cuestión catalana formó parte de la agenda de la Transición como aspiración al autogobierno, que se plasmó en el Estatuto de Autonomía de 1979. Aprobado al amparo de la Constitución de 1978, este tuvo un apoyo mayoritario en Cataluña (más participación y más votos favorables que la media de España) y abrió la puerta a un creciente autogobierno, entre los mayores conocidos en los estados federales e incluso los confederales.

A lo largo de ese largo período los catalanistas, con distinto grado de independentismo, han cultivado con paciencia y perseverancia sus aspiraciones, ante no poca indiferencia de los constitucionalistas que han entendido mal el sentimiento diferencial de los catalanes. Durante los últimos cuarenta años los partidos catalanistas, especialmente Convergencia, el partido creado y liderado por Pujol, han contribuido activamente al gobierno español mediante acuerdos parciales con socialistas y con el PP, aunque sin incorporar nunca un representante al Gobierno, algo que hicieron los catalanistas de Cambó hace cien años. No es cierto que el catalanismo haya estado ausente del gobierno español durante estos cuarenta años, ha estado implicado y ha obtenido por ello no pocos réditos en forma de competencias y autogobierno. Tampoco es cierto que su lengua haya sido relegada o menospreciada, al contrario; ni que haya merma de las libertades en Cataluña y en España. No cabe mayor ejemplo que las facilidades de que han gozado los independentistas para alcanzar sus objetivos, han desbordado las leyes, han hecho caso omiso de las sentencias de los tribunales y han disfrutado de una tolerancia inexplicable por mor del apaciguamiento, para evitar la confrontación. Finalmente, cuando los independentistas acariciaban la fase final de su plan sedicioso el gobierno, con suficiente apoyo parlamentario, ha decidido poner fin al proceso sin poner en cuestión el autogobierno, y ha colocado un plazo a modo de listón el 21 de diciembre con unas elecciones autonómicas que, al menos, deben servir para medir las fuerzas, para contar los votos con todas las garantías.

Elecciones el 21 de diciembre para volver a empezar

De la aritmética parlamentaria que salga de esas elecciones dependen la agenda política española y catalana del año 2018. Si los independentistas consiguen mayoría parlamentaria vuelven a la casilla inicial de reiniciar el proceso independentista a las bravas o negociando con un gobierno español debilitado. Si los independentistas no obtienen la mayoría también se producirá el retorno a una casilla nueva que pasará, inevitablemente, por una reforma constitucional negociada que entre otros objetivos pretenderá satisfacer las aspiraciones del nacionalismo catalán no irredento.

 
 
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