Número 130 - Septiembre de 2017
 
REPORTAJES
 
“Aumentar la efectividad de las políticas de empleo es la asignatura pendiente. En 2015 solo el 7,4% de los participantes en políticas de empleo recibía formación. En Alemania era el 23,7%"    
     
REFLEXIONES SOBRE NUESTRO MERCADO LABORAL  
       
 
     
     
     

“DE LOS 6,2 MILLONES DE PARADOS REGISTRADOS EN EL PICO DE 2013 (26,9%) HEMOS PASADO A 3,9 MILLONES, UNA TASA DE PARO DEL 17,2% QUE SEGÚN BRUSELAS –FUNCAS, EL BDE...– ES LA TASA DE PARO ESTRUCTURAL (QUE NO ACELERA PRECIOS O SALARIOS, Y COMPATIBLE POR TANTO CON EL OBJETIVO DE INFLACIÓN) DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA”

   
     
    Foto: Archivo RC  

TEXTO: FRANCISCO VIDAL (INTERMONEY)

La economía española ha conseguido erigirse como una de las que avanzan a un mayor ritmo dentro de la UEM, después de la fuerte crisis que se prolongó desde primavera de 2008 hasta el año 2013. Desde entonces, el PIB ha aumentado cerca de un 11% y las perspectivas a medio plazo se presentan positivas. Una situación que no esconde la pervivencia de ciertas debilidades de fondo, sobre todo, si ampliamos el análisis hacia un horizonte temporal mayor. En este sentido, preocupan los problemas todavía existentes en el mercado laboral, cuestión recurrente en los “tirones de orejas” a nuestro país de las principales instituciones supranacionales.

En concreto, poco antes del inicio de la primavera, el último estudio económico de la OCDE sobre España volvía a alertar del alto desempleo en nuestro país. Un aviso que debía interpretarse desde el punto de vista estructural y, por tanto, no entraba en contradicción con el acusado descenso del desempleo desde su pico en 2013. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, en el peor momento, existían 6.278.200 desempleados y la tasa de paro ascendía al 26,94%; cifras que el pasado junio se reducían hasta 3.914.300 personas y una tasa del 17,2%.

Las anteriores diferencias son representativas de las mejoras vividas durante la actual recuperación, si bien debemos ser conscientes de su importante carácter cíclico a la sombra de cuestiones como la laxitud de la política monetaria. Así, inquieta la elevada tasa de desempleo estructural existente, la cual se define como aquella no aceleradora de los precios o los salarios y, por tanto, compatible con los objetivos de inflación del banco central.

En España, tomando como referencia los cálculos de la Comisión Europea, afrontaríamos unos niveles de paro estructural del 17,0% en el presente año que se reducirían de forma comedida hasta el 16,6% en 2018. Unas cifras que mejoran a las de un estudio de 2016 del Banco de España, el cual apuntaba tasas de entre el 18% y el 19% en aquel momento. A este respecto, el desafío radica en que esta variable debe ser estimada y, probablemente, las cifras sean elevadas, aunque algo menores.

Cae la remuneración

En la actualidad, la tasa de paro se situaría próxima a las cifras de desempleo estructural estimadas por la Comisión y, de estar en lo cierto el consenso de Funcas, en 2018 caería bastante por debajo al preverse niveles algo superiores al 15% frente al 16,6% estructural apuntado por las instancias comunitarias. Aun así, a pesar de lo mediático de algunos episodios de conflictividad salarial, lo cierto es que la contabilidad nacional apuntaba un retroceso del -0,1% interanual de la remuneración por asalariado durante el segundo trimestre de 2017. Luego, la ausencia de tensiones salariales concordaría con umbrales algo menores a los planteados del desempleo estructural, lo cual no impide que sus cifras sean preocupantes e impliquen la exclusión laboral de una parte importante de la población.

En todo momento debemos tener presente que estamos tratando un desempleo involuntario a largo plazo y que no disminuye mediante medidas expansivas desde el punto de vista de la demanda. Una situación que explica las alertas de la OCDE respecto al elevado peso del paro de larga duración en España; de hecho, en base al promedio anual hasta el pasado junio, el 41% de los desempleados españoles llevaba dos o más años en paro. Esta es la punta de un iceberg cuyas ramificaciones se dejan sentir en la calidad del empleo. España es el segundo país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores temporales y su número ha evolucionado a la par que la recuperación económica. Los mínimos del 21,9% de 2013, de acuerdo con los promedios anuales, quedan atrás y la temporalidad ha aumentado hasta el 26,5% frente a las cifras algo superiores al 14% de nuestros socios comunitarios.

La segunda derivada preocupante de la temporalidad es que se ha convertido en una situación estructural para muchos trabajadores. En España, la transición desde un empleo temporal a otro fijo se situaría en un porcentaje del 15%, a pesar de crecer las conversiones de contratos a una modalidad indefinida a un ritmo algo superior al 20% interanual (tomando cifras acumuladas a 12 meses). Luego, ante una recuperación asentada, el siguiente paso es la mejora progresiva del empleo generado; por ejemplo, tomando como referencia a Reino Unido, donde casi el 60% de los contratos temporales se transforman en fijos. En otras palabras, la temporalidad británica toma un sentido más práctico y su fin es probar la idoneidad del trabajador para las tareas que va a desempeñar.

La situación descrita tiene un impacto directo sobre los recursos de las familias y la tentación radicaría en acudir a la renta per cápita para ser corroborado, la cual ya habría recuperado los niveles de 24.274 € de 2008 después de finalizar 2016 en 23.970 €. El problema es que este indicador no refleja el preocupante avance de la desigualdad desde 2007, situándose el coeficiente de Gini en cotas de 0,35 que están por encima del promedio de la OCDE (0,32) y lejos del nivel de 0, que se corresponde con la perfecta igualdad.

El agotamiento de las prestaciones de desempleo por parte de muchos parados, abocados a percibir subsidios de baja cuantía, contribuyó a agravar el aumento expuesto de la desigualdad que puede tornarse en estructural para algunos segmentos de la población, aun afrontando un escenario de dinámico crecimiento del empleo. En esta línea, la OCDE ya ha llamado la atención respecto al aumento de las probabilidades de que una persona en España se sitúe por debajo del umbral de pobreza y dibujaba un futuro marcado por el potencial incremento de la desigualdad de las rentas.

En el anterior sentido, la solución no pasa por las rentas asistenciales ya que aunque necesarias, no dejan de representar “un parche” de última instancia ante una situación extrema que debe evitarse. Así, la clave se encuentra en ostentar una actitud proactiva, bajo la premisa de lograr una mayor empleabilidad de la población. Sin embargo, el aumento de la efectividad de las políticas activas de empleo continúa siendo una asignatura pendiente en España, tanto desde la perspectiva de la dotación de recursos como de su planteamiento.

PolÍticas ineficaces

En cuanto a los recursos, los últimos datos comparables a nivel internacional eran muy ilustrativos ya que los dirigidos a las políticas activas solo representaban algo más de la cuarta parte de los dedicados en la OCDE. El segundo gran problema radica en el enfoque de estas políticas, pues continúan apostando mayoritariamente por los incentivos al empleo. Una situación que ha empezado a cambiar ante el gasto creciente en programas de formación e inserción laboral, si bien la situación es muy mejorable en un país líder en cifras de paro. De hecho, en 2015, solo el 7,4% de los participantes en políticas de empleo participaban en actividades de formación frente al 23,7% de Alemania.

Una vez localizado el problema, el desafío es evitar caer en la tentación de simplemente embellecer las grandes cifras. La dotación de las políticas activas de empleo con más recursos no es en sí garantía de éxito y este paso debe acompañarse del objetivo de conseguir mayor eficacia de los servicios públicos de empleo. El espíritu puramente asistencial empieza a quedar atrás, pero hay que ir más allá y poner en el centro de los programas la empleabilidad. Todo ello, mientras se huye de las cifras “a granel” de cursos de formación, primando programas formativos acordes a lo demandado por las empresas.

La cualificación media de la población española es bastante mejorable y no solo desde la perspectiva de los parados de larga duración de edad adulta, sino también de la población más joven. En la actualidad, casi un tercio de la población adulta en España cuenta con escasa preparación y la tasa de abandono escolar es preocupante al representar la más elevada de la UE, pues se sitúa en el 20% cuando en el promedio del área ronda el 11%.

La mejora de la calidad de la enseñanza es prioritaria mediante la implementación de nuevas metodologías pedagógicas y el valor del esfuerzo, sin perder de vista la necesidad de su adaptación constante a un entorno dinámico ya que, de lo contrario, nuestro sistema educativo seguirá sin satisfacer las necesidades del mercado laboral. En este sentido, la OCDE remarcaba y recordaba el importante papel de la formación profesional como mecanismo para la incorporación efectiva al mercado laboral al satisfacer las necesidades de segmentos específicos del mismo, al tiempo que se erige como una herramienta muy valiosa para luchar contra el abandono escolar.

Invertir en educación

La lucha contra el fracaso en la educación secundaria es prioritaria, pues la población con dicha formación es sensiblemente menor en España en relación a países similares y esto no ocurre con las personas con formación superior cuyo porcentaje es bastante parecido. En cuanto a la educación superior, el problema emanaría de la necesidad de mejorar la calidad de la formación y lograr una relación más estrecha y fructífera entre las universidades y las empresas. La colaboración entre ambas esferas supondría perfiles universitarios más acordes con las necesidades reales, el muy necesario trasvase de conocimientos y, a su vez, el refuerzo de las actividades de I+D. De hecho, la inversión en investigación y desarrollo es algo superior al 1% del PIB en nuestro país y se encuentra todavía lejos de la meta nacional del 2% marcada por la agenda 2020, la cual en sí ya era un triste reconocimiento de nuestro retraso en este ámbito: el objetivo para el agregado de la UE es del 3%.

 
 
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