Número 137 - Abril de 2018
 
REPORTAJES
 
   
     
LOS PRESUPUESTOS DE 2018      
       
 
  Foto: Archivo RC  
   
   
JUAN PEDRO MARÍN ARRESE, ECONOMISTA
 

SE PLANTEAN INCREMENTOS DE INGRESOS MUY OPTIMISTAS (+ 6% EN ALGUNOS IMPUESTOS) PERO NO HAY RIESGO REAL DE INCUMPLIMIENTO SI LOS GASTOS SE MANTIENEN FÉRREAMENTE CONTROLADOS.

 
   

Han despertado mitigado interés unos Presupuestos cuya aprobación se encuentra sujeta a buen cúmulo de incertidumbres. El veto del PNV mientras se mantenga la situación de excepcionalidad en Cataluña, augura un recorrido incierto. Especialmente ante la escasa voluntad de los partidos independentistas por encontrar una salida viable al actual impasse, dejando en el aire la efectiva plasmación de las Cuentas presentadas. Al final, pese a tan adversos augurios lo más probable es que acaben aprobándose, no sin experimentar algún cambio. Importa menos, por ello, analizar su detalle que valorar su enfoque general. Obedecen, sin duda, al deseo del Ejecutivo de recuperar la iniciativa, superando la sensación de parálisis que transmite por el creciente aislamiento en que se encuentra. Las encuestas han avivado la pugna por ganarse el favor de los electores mucho antes de que se celebren los comicios. En una coyuntura así, lograr obtener el apoyo de Ciudadanos a las Cuentas equivale a un balón de oxígeno al contribuir a neutralizar a la formación que se erige cada vez más en principal rival político. Los Presupuestos persiguen también poner freno a la ola de descontento de amplias capas de votantes ante la perspectiva de soportar sacrificios adicionales tras tantos años de ajuste. Si en un primer momento se atendieron las demandas de los empleados públicos, atajando en particular los agravios comparativos de las fuerzas estatales de seguridad, las protestas de los pensionistas han encendido las alarmas. No en balde, este colectivo representa uno de los principales caladeros de votos del partido en el gobierno.

Por eso, los Presupuestos se han anunciado como una respuesta a las inquietudes de más de diez millones de personas con menores rentas. Todo ello, con un coste relativamente liviano. En las cuentas del Estado, estas mejoras se traducirán en un moderado incremento de 300 millones en los gastos de personal, mientras la rebaja en la imposición personal se estima en unos 2.000 millones. A su vez, el incremento de 1.000 millones en las pensiones más bajas supone casi la sexta parte del incremento global de esta partida en las Cuentas de la Seguridad Social. En suma, un moderado precio que incapaz de afectar al equilibrio de conjunto, al mantenerse incólume el techo de gasto del 1,3%, muy inferior al crecimiento nominal del PIB. Tampoco se pone en duda el objetivo de alcanzar un desequilibrio público holgadamente situado por debajo de la barrera de 3% de déficit excesivo. Los actuales vientos de cola facilitan que se cumpla esta meta sin demasiados apuros. La creación de empleo minorará sensiblemente los recursos destinados a cubrir los subsidios de paro, permitiendo la práctica eliminación de las transferencias aportadas al SPEE para asegurar su financiación. Una situación que contrasta con las elevadas contribuciones de más de 15.000 millones registradas hace unos años. Al tiempo, el incremento de las cotizaciones aliviará algo un desequilibrio en la Seguridad Social que alcanza ya un 12%. Los bajos tipos de interés permiten a su vez contener e incluso reducir los cuantiosos gastos financieros. Ni siquiera el notable aumento en las transferencias a las Comunidades Autónomas y administraciones territoriales, cifrado en algo más de 4.000 millones, ejerce un impacto apreciable al financiarse, en su gran mayoría, con la participación en los tributos cedidos, dependiendo su resultado final del comportamiento de la recaudación.

El único riesgo de desviación proviene de unas estimaciones de ingresos que despiertan no pocas dudas, al preverse incrementos superiores al 6% en las principales figuras impositivas. Pese a la expansión de la economía, estas tasas se antojan en exceso optimistas. Da la impresión de que, una vez más, se aplica el socorrido recurso de cuadrar las cuentas con previsiones un tanto voluntaristas de la recaudación tributaria. Fenómeno hasta cierto lógico cuando se parte de la necesidad imperiosa de alcanzar a toda costa exigentes objetivos de déficit. La minoración en casi un punto porcentual del desequilibrio público constituye a todas luces un notable esfuerzo de consolidación fiscal que se añade al conseguido trabajosamente en pasados ejercicios. Aunque no se alcance del todo la cota del 2,2% al término del año, resulta esencial asegurar que se abandona definitivamente el déficit excesivo, peligrosa tierra de nadie donde no resulta nada recomendable transitar. Por ello, toda la estrategia presupuestaria gira en torno a la contención del gasto, única garantía real para asegurar que el desequilibrio no se aleje de este ambicioso objetivo. Mientras los gastos se mantengan férreamente controlados por un techo que permite escasas alegrías, no existe riesgo real de incumplimiento. Este sin duda constituye el núcleo del debate presupuestario en nuestro país. En la oposición suele darse por descontado que la favorable coyuntura económica permite levantar el pie del freno y acometer de nuevo vastos programas de gasto. Desde incrementos sustanciales en los epígrafes sociales, hasta un impulso de la innovación o la reindustrialización a golpe de talonario. Todo esto acompañado de un nuevo modelo de financiación autonómica que implicaría una notable factura a juzgar por las exigencias formuladas desde este ámbito. Gastos imposibles de cubrir a menos de elevar sustancialmente la presión impositiva. Un paso que se justifica, sin más, aduciendo el superior nivel de ingresos de otros países de nuestro entorno. Nadie repara en los efectos que sobre la economía ejercería un cambio de rumbo así. Se apuesta con indudable ligereza por un modelo de reparto más equitativo de la renta sin preocuparse en asegurar de antemano que se logra generar de manera efectiva. En el fondo, este enfoque reposa en la creencia de que los poderes públicos son capaces de utilizar los recursos de manera al menos tan eficiente como el mercado. Falacia que, en un pasado no muy lejano, nos costó más de un disgusto.

Lo peor es que lejos de aprender de nuestros errores, parecemos dispuestos a incurrir de nuevo en los mismos, incluso incrementados. En la subasta de promesas bajo el signo del todo gratis, se pugna por multiplicar mercedes y favores sin contar con los escasos márgenes de que disponemos. Un vistazo a las Cuentas muestra el exiguo colchón con que cuenta el Estado para incrementar el gasto, a menos de lanzarse a una carrera de sustancial elevación impositiva, detrayendo recursos a la actividad privada. Actúa en la práctica de mera caja de compensación transfiriendo la práctica totalidad de los fondos que recauda: 138.000 millones se trasladan a las administraciones territoriales y 38.000 a organismos que cubren programas de gasto de carácter cuasi obligatorio como las contribuciones a la UE o la Seguridad Social, amén de las subvenciones al ferrocarril o los restantes servicios públicos. Le restan pues apenas recursos de utilización discrecional, una vez cubiertos los 32.000 millones de gastos de personal, incluidas las clases pasivas, o los 31.000 millones de intereses de la deuda. No cabe engañarse. La extrema rigidez de las cuentas públicas no permite contemplar la inclusión de dispendios adicionales sin que peligre su estabilidad. Tanto más si se tiene en cuenta la prioridad absoluta que guarda proseguir con la senda de consolidación.

 
 
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