Número 146 - Febrero de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
UNA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA CRISIS  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
RAIMUNDO POVEDA
 

“CON UN MISMO MARCO INSTITUCIONAL HUBO CAJAS MAL GESTIONADAS Y CAJAS BIEN GESTIONADAS. HUBO CAJAS QUE FRACASARON CON GERENCIAS PRE LORCA Y CAJAS QUE VADEARON BIEN LA CRISIS. ASÍ QUE EL INFORME CONSIDERA “DESMENTIDA LA TESIS SOBRE LA INFLUENCIA POLÍTICA COMO CAUSA EXPLICATIVA DEL MAYOR IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LAS CAJAS”. QUIZÁS HAYA ALGO DE DEFENSA GREMIAL EN ESA POSICIÓN, PUES LA POLITIZACIÓN TRASLADARÍA PARTE DE LA CULPA A LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS, O A LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.

   
     
       

El pasado diciembre se conoció el borrador del informe sobre la crisis financiera preparado por una Comisión de investigación del Parlamento español. Sus trabajos fueron ciertamente extensos. El texto, que parecía ir bien en las sesiones de la Comisión, no logró la unanimidad. Algunos partidos nuevos y sin cosas que justificar u ocultar, lo consideraron demasiado blando. Se defenderán votos particulares en una sesión parlamentaria no celebrada al cerrar este artículo.

1. Cuestiones de método

El fenómeno de la crisis financiera tiene varias dimensiones. Para estudiar sus aspectos macroeconómicos o cuantitativos una comisión parlamentaria no es el marco de investigación de elección, ni por el tipo de talentos a su disposición, ni por su método básico de trabajo, una sucesión de comparecencias de implicados, expertos e intereses de parte. Para la descripción económica de la crisis se recurre a materiales elaborados por organismos con preparación específica en ese terreno (el Banco de España, la consultora Oliver Wyman).

Más interés tiene la investigación cuando trata de los aspectos institucionales y políticos, aun sabiendo que su método tiene peligro. Los comparecientes actores tienden a mostrar “su” versión, autojustificativa si no sesgada por intereses personales (la crisis sigue abierta en los tribunales). Los intereses de parte van a lo suyo. Y los expertos tienden a acomodar los hechos a su modelo favorito, sin olvidar que algunos también fueron actores. La Comisión tiene que filtrar lo escuchado y destilar sus propias verdades. Lo que también tiene peligro, pues sus filtros están contaminados por intereses de partido.

Con esas dificultades metodológicas, se comprende el alborozo con que se acogen las declaraciones de quienes reconocen honestamente sus errores. Pocos o quizás uno, Pedro Solbes. E incluso en ese caso excepcional, el ex-ministro defendió su decisión de “minimizar los recursos públicos para hacer frente a la intervención de los bancos”, o sea, de no crear el banco malo en una fase temprana del deterioro bancario, confiando tal vez en el aterrizaje suave que no se produjo. Varios comparecientes, Gobernador Linde incluido, piensan que la demora en crear la SAREB incrementó el coste público del rescate bancario.

2. El ciclo de auge y crisis

Las líneas generales de la historia de la crisis española son sobradamente conocidas. El informe no se aparta de ellas. A fines del siglo, con la entrada en el euro, hubo una sensación de general de optimismo. Se inició un desarrollo extraordinario de la actividad constructora, apoyada por una nueva ley del suelo complaciente y unos desarrollos urbanísticos locales optimistas, y atizado por lo que el Banco de España sugirió ya en 2004 que era una burbuja de precios. Otro boom inmobiliario, en suma. Los bancos y las cajas de ahorros lo financiaron sin hacerse preguntas; para ello acudieron masivamente al mercado de emisiones nacional y europeo. Hasta 2007 todo iba bien, o eso parecía. Las entidades de crédito eran solventes y rentables, según decían sus cuentas. Hubo lo que en España se considera pleno empleo. Hubo incluso superávits presupuestarios.

Cuando en 2007 llegó la gran crisis internacional, la colocación de emisiones en el mercado libre se hizo difícil; aún lo sería más un par de años después, al surgir la desconfianza hacia los países “euro” demasiado endeudados. Durante algún tiempo la economía española en general, y la bancaria en particular, parecieron resistir. Pero el boom inmobiliario había cesado y el contagio de la Gran Depresión era inevitable. El saldo de las cuentas públicas cayó en picado; la deuda pública se disparó y encareció (la famosa prima). Los pasados excesos constructores y el creciente desempleo empezaron a producir un capítulo agobiante de morosos, con especial incidencia en el apartado de constructoras e inmobiliarias. Las autoridades españolas se embarcaron en diversos planes de apoyo, primero de liquidez, luego de reestructuración, que incluyó una trasformación radical de las cajas de ahorros. Eso no logró evitar la inviabilidad de muchas entidades, varias de importancia. Finalmente hubo un plan de rescate europeo, luego una inesperada intervención pionera del nuevo Mecanismo Único de Resolución, y la inevitable secuela de litigios.

Las aportaciones de mayor interés del informe a ese conocido cuadro se centran en los puntos siguientes.

3. Mala práctica en las emisiones

El informe invoca reiteradamente la relación créditos/depósitos, que a lo largo del ciclo alcista subió a cotas insólitas. En las cajas de ahorros, donde solía ser muy baja, el cambio fue espectacular. El exceso de créditos sobre depósitos implicó recurrir a medios de financiación alternativos, algunos novedosos: cédulas hipotecarias, bonos de titulización, deudas subordinadas, participaciones preferentes (las dos últimas, con el interés añadido de computar como recursos propios), que el informe estudia detalladamente.

La Comisión subraya el gran peligro inherente a ese modelo financiero: que el mercado de emisiones se endurezca o se cierre. Como los plazos de las emisiones son mucho más cortos que los de las carteras inmobiliarias, las entidades pueden encontrarse de pronto ante problemas graves de rentabilidad o de financiación. (Más cortos son los plazos de la financiación tradicional, los depósitos, pero el informe no tiene en cuenta el cisne negro de una corrida bancaria, aunque alguna hubo en la crisis).

La Comisión tiene muy presentes las titulizaciones americanas de las hipotecas subprime, con su modelo “originar y distribuir”, su deterioro de la calidad de los títulos, y su cósmico fracaso final. España no practicó ese modelo. Hubo cosas criticables, que la Comisión señala, como el uso de tasadoras del propio grupo. Pero aquí el riesgo de la inmensa mayoría de las hipotecas titulizadas permaneció en los balances consolidados de las entidades prestamistas (una buena decisión de la Inspección bancaria), lo que debería haber supuesto en teoría algún freno a la expansión crediticia. Y no se alcanzó la increíble complejidad de las titulizaciones americanas. Los peores créditos, los concedidos a constructoras e inmobiliarias, no entraron en las titulizaciones hipotecarias. Pero tras Lehman Brothers la desconfianza internacional afectó a todas las titulizaciones sin distinción.

La Comisión concluye rotundamente que es mala práctica bancaria el recurso desmedido a las emisiones.

¿Lo es? No estamos hablando aquí de malas prácticas en la colocación minorista de ciertos instrumentos sin respeto a los derechos del consumidor, que las hubo. Sino de mala práctica en el sentido prudencial de comportamientos que ponen en riesgo la solvencia o liquidez de la entidad.

La Comisión parece extender su prevención a cualquier tipo de instrumento de mercado, sin excluir las cédulas hipotecarias, aunque estas sean seguras, nunca hayan dado problemas, e incluso califiquen como títulos elegibles para los préstamos del Banco Central Europeo. En esa línea alaba por ejemplo la decisión de las pequeñas entidades supervivientes de limitar las inversiones crediticias a lo que pueda financiarse con depósitos. Un canto a la aurea mediocritas, del que no cabe extraer una regla de valor general. Que además no casa bien con los actuales esfuerzos de Europa por potenciar los bonos cubiertos, o las llamadas titulizaciones simples, transparentes y normalizadas. ¿Deberían nuestras entidades renunciar a explorar esas posibilidades?

4. ¿Fueron las cajas de ahorros?

Durante años se ha leído la crisis financiera española como una crisis de las cajas de ahorros: Todas las entidades intervenidas lo eran cuando se constituyó la Comisión (el Banco de Valencia no cuenta por razones obvias). No es pues de extrañar que dedique mucho tiempo a examinar las diferencias entre las cajas de ahorros y los bancos, por si pudiera estar ahí la causa de la crisis bancaria.

Una diferencia es evidente: la imposibilidad de emitir acciones. Las alternativas ideadas para conseguir capital tuvieron un recorrido escaso (obligaciones subordinadas), nulo (cuotas participativas, lastradas según la Comisión por su falta de derechos políticos, aunque hubo también motivos ideológicos y fiscales) o problemático (participaciones preferentes). Así que la única gran fuente de recursos propios de las cajas era el pase de beneficios a reservas, en competencia con la obra social. Eso bastó en el pasado, pero no al agotarse el ciclo alcista: los años de la crisis fueron años de beneficios escasos o negativos. La acelerada conversión de las cajas en sociedades anónimas, tras el episodio de los SIP, resolvió el problema sobre el papel. Tarde y olvidando que el mercado solo ofrece de buen grado el capital a quien no lo necesita.

 
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