Número 141 - Septiembre de 141
 
REPORTAJES
 

Tras la Diada vemos que el independentismo, agrietado, no renuncia a sus exigencias pero no quiere volver a situarse al margen de la Ley

 
     
ESPAÑA: DESACELERACIÓN, CUENTAS Y CATALUÑA  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). LA PÉRDIDA DE IMPULSO ECONÓMICO ES UN NUEVO DESAFÍO PARA EL GOBIERNO SÁNCHEZ, QUE PARA SACAR ADELANTE LOS PRESUPUESTOS NECESITA UN PACTO RAZONABLE CON PODEMOS Y UN APAÑO CON EL INDEPENDENTISMO.

   
   

Quizás por primera vez en muchos meses la observación atenta de la economía compite con la crisis política a la hora de evaluar la situación española. Por dos motivos: uno, hay indicios de desaceleración que conviene no perder de vista, y dos, porque estos síntomas pueden ser -junto a la difícil negociación presupuestaria- una prueba clave de la viabilidad del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Los datos están ahí. En agosto el número de parados se incrementó en 203.000, la cifra más alta de los últimos años. Conviene no dramatizar por el final de muchos empleos temporales en el sector turístico, pero… al mismo tiempo en julio el número de turistas cayó un 5%. En los siete primeros meses el número de turistas ha seguido creciendo algo (47,1 millones, frente a 46,9 millones el año pasado), pero el saldo a fin de año puede ser diferente. Sea como sea, el boom de los últimos años se ha topado con su techo lo que en un sector que es el 11% del PIB no puede dejar de tener consecuencias.

Cautela

El juicio de los autores del índice mundial PMI sobre el sector servicios español en agosto tampoco debe ser ignorado: “El sector servicios español parece estar asentándose en una fase de crecimiento más débil en el tercer trimestre (…) La tendencia de los nuevos pedidos es algo preocupante ya que el crecimiento se ha ralentizado por quinto mes consecutivo (…) Estos signos de debilidad de la demanda han lastrado la confianza de las empresas de servicios (…) En una nota más positiva, el sector se mantiene cómodamente dentro del territorio expansivo (el índice sigue por encima de la línea divisoria del 50) y el mercado laboral muestra firmeza”.

Atención, pues, a la evolución de la economía. La ministra Nadia Calviño se ha mostrado optimista, como le toca, y ha mantenido la previsión de crecimiento del PIB en el 2,7%, pero ha reconocido que los vientos de cola favorables (tipos de interés del BCE, precio del petróleo…) se están agotando y que la etapa de fuerte crecimiento ha corregido poco los desequilibrios de la economía española. Así ponía el dedo en la llaga en el diario Expansión hace pocos días: “La deuda pública ha crecido 400.000 millones desde el 2011 y llegó al cien por cien del PIB en el 2014, sin que desde entonces se haya aprovechado el alto crecimiento para hacer descender su peso más allá de unas décimas. La reducción del déficit se ha debido a la buena marcha del ciclo sin mejorar nada la situación estructural de nuestras finanzas públicas, la que cuenta para la sostenibilidad futura.”

Sensato análisis que le lleva a concluir que “la consolidación presupuestaria es inexcusable… una política económica responsable no puede preconizar un aumento del déficit público pero aún menos encomendarse a la receta de la baja de impuestos”. La ministra Calviño concluye que “la disciplina presupuestaria y las políticas sociales, lejos de ser incompatibles, son absolutamente inseparables si queremos garantizar un crecimiento sostenible y esta es la clave que marca las decisiones del Gobierno”.

Es una atinada y reconfortante conclusión. El problema está en hasta qué punto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podrá capear las demandas de los negociadores de Podemos para aprobar el techo de gasto. Y de la decisión final del Pedro Sánchez, que debe evaluar cuidadosamente los pros y contras de un pacto presupuestario con Iglesias. El pacto por el pacto no sería lo conveniente.

Escollos políticos

Pero Pedro Sánchez también tendrá que superar el veto del PP y C´s en la mesa del Congreso a la reforma por vía de urgencia de la Ley de estabilidad presupuestaria de Montoro, que da al Senado un poder de veto -desorbitante respecto a la supremacía constitucional del Congreso de los Diputados- en la aprobación del techo de gasto. Y salvado este obstáculo y la negociación con Podemos, todavía será necesario el voto positivo tanto de ERC como del PDeCAT.

Y este voto estará muy condicionado por lo que esté sucediendo en el Supremo en el proceso a los políticos presos que el independentismo -y gran parte de la opinión pública catalana- considera presos políticos.

 
 
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