Número 162 - Julio de 2020
 
REPORTAJES
 
El art. 5 exige una valoración de “proporcionalidad" al legislador y regulador. Para el quehacer de la autoridad monetaria parece suficiente interpretar el principio de forma realista.    
     
LA POLÍTICA MONETARIA EUROPEA, EN EL BANQUILLO  
       
 
     
     
     
EL “LO QUE HAGA FALTA” DEL BANCO CENTRAL EUROPEO PODRÍA CHOCAR, SEGÚN EL CONSTITUCIONAL ALEMÁN, CON UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SOSTIENEN EL ANDAMIAJE DE LA UNIÓN Y QUE DEBE PRESIDIR CUALQUIER ACTUACIÓN DE UN ORGANISMO EUROPEO, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.    
     
    Foto: Archivo RC  

TEXTO: LUIS MARTÍ

Al fin se ha hecho notar el peso de la opinión anti-europea en Alemania, consiguiendo por un lado el distanciamiento de su tribunal constitucional respecto del tribunal de justicia de la UE, y por otro reiterando diversas críticas a la gestión del BCE desde perspectivas distintas del análisis de política monetaria. La revista dedica unos comentarios finales a esta cuestión, en momentos  de incertidumbre hasta que las instituciones convocadas por Karlsruhe hayan sabido, como esperamos, encontrar la fórmula para cerrar el caso.

BANCO CENTRAL EUROPEO, Y SUS JUECES
El tribunal constitucional alemán enfatiza su disconformidad con el tratamiento que los colegas del tribunal de justicia europeo aplican al principio de proporcionalidad establecido en el art 5(4) TUE, según el cual el ejercicio de competencias reconocidas a la UE debe regirse, entre otras, por una consideración económica en apariencia sumamente razonable: contenido y forma del acto no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos. En castellano simple, que las medidas no resulten desproporcionadas. Este es el principio de proporcionalidad, al que Karlsruhe concede importancia descollante y le sirve para censurar un aspecto clave de la gestión del BCE (pocos críticos, hasta que el tribunal les abrió los ojos, habían movido la ficha de la proporcionalidad).
Conviene sin embargo leer el Protocolo no. 2 al Tratado, “sobre aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad”, porque en él se matiza sensiblemente la exigencia de lo que debe ser proporcional. En el Protocolo priva una comprensible obsesión del legislador europeo por exigir a las instituciones el cumplimiento riguroso de la subsidiariedad  con objeto de evitar roces no deseados con parlamentos nacionales. Varios artículos subrayan específicamente la exigencia de que las instituciones europeas de ninguna manera traten de ocupar terreno que sigue siendo reservado a las instituciones nacionales. Sólo en un par de líneas del extenso artículo 5, se refiere el Protocolo a la proporcionalidad, estableciendo que el informe que acompañe cualquier proyecto legislativo europeo debe respetar ambos principios,  y en el caso concreto de la proporcionalidad, incorporar al expediente “alguna valoración” del impacto financiero de la iniciativa así como “tener en cuenta” que cualquier carga sea mínima y proporcionada al objetivo propuesto.  Obsérvese que el artículo citado delimita en su primera línea los actos de las instituciones que quedan sometidas al Protocolo: se trata de cualesquiera draft legislative acts. La política monetaria de los bancos centrales, como la del BCE,  no discurre  precisamente por vías legislativas. El rigor de este extenso artículo se dirige claramente a la actividad legisladora y reguladora europea. Para el quehacer de la autoridad monetaria, lo correcto parece limitarse a interpretar con sentido realista la redacción del principio general de proporcionalidad del art 5(4) TUE.

 
 
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