Número 144 - Diciembre de 2018
 
REPORTAJES
 
España: Gobierno débil e instituciones quebrantadas    
     
RIESGOS PARA 2019: INCERTIDUMBRES POLÍTICAS E INSTITUCIONES INESTABLES  
       
 
     
     
     

“EN MAYO SERÁN LAS ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONÓMICAS Y EUROPEAS Y EN CUALQUIER MOMENTO (PROBABLEMENTE MARZO) ELECCIONES GENERALES, CUYO PLAZO LÍMITE ES JUNIO DE 2020. EL NUEVO AÑO LLEGA CARACTERIZADO POR UNA RONDA DE ELECCIONES QUE DEBERÍAN CERRAR EL CICLO ABIERTO CON LAS EUROPEAS DE 2014 Y ABRIR OTRO MODELO. EL ANTERIOR PROPICIÓ GOBIERNOS DE UN SOLO PARTIDO (12 LEGISLATURAS) LA MITAD MAYORITARIOS Y OTROS TANTOS CON LA ALIANZA DE PARTIDOS NACIONALISTAS/REGIONALISTAS. AHORA EL PLURIPARTIDISMO FORZARÁ GOBIERNOS DE COALICIÓN DE DOS O TRES PARTIDOS, UNA EXPERIENCIA INÉDITA EN ESPAÑA Y QUE REQUIERE CAMBIOS EN LAS ACTITUDES Y APTITUDES DE LAS FORMACIONES POLÍTICAS. EL DATO MÁS CLARO ES QUE LA POLÍTICA ESPAÑOLA ENTRA EN FASE DE INESTABILIDAD E IMPREVISIBILIDAD. MUY PARECIDA A LA DE OTROS PAÍSES EUROPEOS”.

   
     
    Foto: Archivo RC  

TEXTO: FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA

Una reciente encuesta de FTI Consulting entre medio millar de ejecutivos de empresas españolas sobre los riesgos percibidos para 2019 sitúa como principales preocupaciones el desafío digital (la ciberseguridad) y los cambios políticos y regulatorios. Más abajo en la lista aparecen la presión de los competidores, el coste de la financiación, los impagados, y los efectos de la crisis catalana en la estabilidad de España. Para quienes se plantean invertir en España, la inestabilidad regulatoria y la incertidumbre política figuran en la lista de preguntas antes de tomar decisiones. Si España ofreció durante varias décadas estabilidad política, previsibilidad, creciente seguridad jurídica y oportunidades, aunque fuera con trabas burocráticas, el valor de la estabilidad aparece ahora cuestionado. Sirve para acreditarlo un repaso de una serie de estampas de actualidad, marcada por un intenso calendario electoral para 2019: unas muy probables elecciones generales adelantadas en marzo; las autonómicas, municipales y europeas en mayo y, probablemente, catalanas y andaluzas a lo largo del año. Un calendario agotador afectado de polarización, abstencionismo y radicalismo.

Primera estampa

El reciente avatar fiscal del crédito hipotecario, modificado tres veces en el transcurso de dos meses con cambio del sujeto tributario de uno de los impuestos que gravan las hipotecas. Cambios que sorprenden a los inversores por el hecho en sí, que no es decisivo, y por lo que supone de incertidumbre sobre otros aspectos legales relacionados con el tráfico mercantil. En pocos días el Tribunal Supremo modificó su doctrina e reinterpretó una norma que se aplicaba desde hace más de un cuarto de siglo, trasladando la responsabilidad de un impuesto (actos jurídicos documentados) del prestatario al prestamista, incluso con la posibilidad de una aplicación retroactiva que podía significar miles de millones de euros de coste imprevisto para las entidades financieras. Tras la primera sentencia llegó una rectificación del mismo Tribunal tras una apretada y apresurada votación que dejó sin efecto la sentencia anterior, para volver a la doctrina inicial. Una rectificación que no evita posibles recursos a otras instancias superiores; más incertidumbre.

Para resolver (o complicar) la confusión, el Gobierno entró en liza de inmediato con un decreto ley convalidado por el legislativo con obediencia al Ejecutivo, sin debate, aunque habilitando el trámite como ley que implica enmiendas, debate y votaciones. El decreto del Gobierno asumió la postura de la primera sentencia del Supremo, que atribuyó al prestamista, a las entidades financieras, la condición de sujeto pasivo del impuesto. Esto se enmarca en una estrategia de política social en defensa de los consumidores frente a los poderosos. Y con un argumento con sesgo populista: si el Estado salvó los bancos de la crisis, ha llegado el momento de que estos devuelvan a los ciudadanos los recursos dedicados al salvamento; en resumen, que asuman costes que antes recaían en los ciudadanos. Una tesis que obvia que los costes se trasladan de forma directa o indirecta, antes o después, a los precios. Todo ello cuando se tramita en el Parlamento, con retraso, una nueva ley hipotecaria acorde con la directiva comunitaria y tras varios fallos de tribunales europeos contra España en materia hipotecaria.

Una crisis con mucho ruido mediático y expectativas defraudadas para los hipotecados, sin precedentes dentro y fuera de España, y que ha llevado a los inversores a preguntarse por la estabilidad legislativa y regulatoria. Un caso que coincide con experiencias anteriores como la de la inversión en energías alternativas, con marcos jurídicos cambiantes que han conducido a pleitos en las cortes internacionales de arbitraje, con fallos desfavorables para el Reino de España.

Segunda estampa

El quebranto del poder judicial provocado por los partidos políticos dominantes del arco parlamentario (los tres primeros grupos: socialistas, populares y populistas de izquierdas, que suman el 80% del Parlamento) con un pacto fallido para renovar el órgano de gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo para renovar el Consejo de los jueces con cuotas de reparto entre los partidos, incluido el nombre del presidente (la ley fija que debe ser elegido por los miembros del Consejo previamente elegidos) saltó por los aires cuando se conoció el apaño. El presidente pactado, un prestigioso magistrado del Supremo afectado por una atribución de preferencia política no probada, retiró su nombre de la propuesta y exigió respeto a la independencia judicial y cumplimiento de la letra y el espíritu de la ley.

Sin renovación del gobierno de los jueces habrá prórroga del Consejo una vez cumplido su mandato a principios de diciembre. Es improbable que la renovación se produzca antes de acabar la legislatura, de manera que será otra, con nueva aritmética parlamentaria, la que designe el nuevo Consejo, probablemente con un sistema rectificado que reforzará la independencia de los jueces conforme al mandato constitucional.

Mientras tanto el consejo prorrogado, desprestigiado ante los jueces y la opinión pública, nombrará jueces para cubrir las vacantes que se van produciendo, algunas de ellas muy relevantes. De hecho, las primeras decisiones cursan con división y polémica que trasciende el ámbito de la carrera judicial y acentúa el desprestigio de los tribunales.

Tercera estampa

La peripecia de los Presupuestos 2019 que, de momento, pertenecen a la ciencia ficción, lo cual no es óbice para que ocupen buena parte del debate político. Pocos Presupuestos han llenado más espacio en los medios con solo un apunte de compromisos previos a la redacción del anteproyecto de ley que debería haber llegado a la cámara legislativa a finales de septiembre.

El presidente Sánchez ha mostrado criterios cambiantes sobre el Presupuesto las últimas semanas, desde que es una ley imprescindible para gobernar, hasta que la prórroga del Presupuesto en vigor (que es de Rajoy) es suficiente para la acción de gobierno. Entretanto anuncian aumentos de impuestos, rectificados con el paso de los días, con la consiguiente inseguridad que ello produce.

Cuarta estampa

Inestabilidad electoral, ratificada en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que han dado un vuelco al modelo conocido hasta ahora, incluido el desalojo de los socialistas del gobierno tras casi cuarenta años de permanencia ininterrumpida. Las elecciones andaluzas acreditan que el cambio que empezó con las elecciones europeas de 2014 no ha terminado. Entonces saltó por los aires el bipartidismo imperfecto (PSOE y PP) sustentado en tres cuartas partes del Parlamento (el otro cuarto era para nacionalistas y grupos minoritarios). Ese modelo propició gobiernos de un solo partido (12 legislaturas), la mitad mayoritarios y la otra mitad con alianzas parlamentarias con grupo nacionalistas-regionalistas.

 
 
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