Número 150 - Junio de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
LA EVOLUCIÓN DEL BUEN GOBIERNO EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35      
       
 
  Foto: Archivo RC  
   
   
MARIO SÁNCHEZ RICHTER y ORENCIO VÁZQUEZ OTEO , (ECONOMISTA DE LA SECRETARÍA CONFEDERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN SOCIAL DE CCOO) y (COORDI
 

“SOLO TRES EMPRESAS INFORMAN QUE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO INCLUYE, ADEMÁS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA, LA DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES”.

 
   

Hace ya más de 10 años que el Observatorio de RSC y Comisiones Obreras, a través de diferentes estudios e informes, analizamos la evolución de indicadores sociales, medioambientales y de buen gobierno en las empresas del IBEX 35. El pasado mes de mayo presentamos el estudio “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35”, realizado por el Observatorio RSC, que evalúa el impacto efectivo del Real Decreto Ley 18/2017 sobre la calidad de la información reportada por parte de las empresas del selectivo acerca de aspectos relacionados con buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente, clientes y consumidores.

La gestión de los intangibles por parte de la empresa se ha convertido en un factor muy relevante en las valoraciones que hacen los inversores y en la percepción que transmiten las empresas a sus clientes y los ciudadanos/as en general. Ello ha provocado que el regulador apruebe una norma que obliga a un conjunto de empresas a incorporarlos en los informes de gestión de información no financiera. De acuerdo con el estudio del Observatorio RSC la puntuación media obtenida por las empresas del IBEX 35 se sitúa en 26,88 puntos sobre 100, siendo las 5 primeras empresas en el ranking Iberdrola, REC, Endesa, Acciona y Bankia, y las 5 últimas empresas Merlin Properties, ACS, Inmobiliaria Colonial, Siemens-Gamesa e IAG. El análisis concluye que la mayor parte de las empresas no cumplen con el objetivo del RD, incluyendo en el informe de gestión información anecdótica sobre algunas cuestiones no financieras, sin lograr el objetivo de que accionistas y otros grupos de interés tengan un conocimiento real sobre el alcance de la gestión de impactos sociales y medioambientales por parte de la empresa. La información que presentan la mayor parte de las empresas tiene una orientación alejada del objetivo de rendición de cuentas que busca el Real Decreto Ley y se orienta más hacia una exposición de logros empresariales y buenas prácticas.

Si bien la práctica totalidad de las empresas analizadas hacen mención explícita en sus memorias de sostenibilidad a los problemas y desafíos relacionados con cada una de las áreas de estudio -fundamentalmente en relación con medio ambiente, social y corrupción- la calidad de la información que presentan respecto a cada uno de estos aspectos es todavía deficiente, y no alcanza un nivel adecuado en ninguna de las áreas analizadas. Teniendo en cuenta esta consideración, el aspecto sobre el que las empresas aportan más información es el medioambiental, seguido de los aspectos laborales. Las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con la fiscalidad y el respeto de los derechos humanos. Otra de las conclusiones del estudio es que la información facilitada por las empresas no es comparable, debido a que no es homogénea por variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores dispares. El informe también señala la baja implicación del máximo órgano de administración en la identificación de riesgos y oportunidades en el ámbito económico, social y medioambiental, cuestión fundamental para que la sostenibilidad suponga un elemento estratégico dentro de la empresa. La ausencia de consejeros con conocimientos sólidos en responsabilidad social, integridad y sostenibilidad es una realidad en los consejos de administración del IBEX 35 y ninguna empresa informa sobre formación recibida por los consejeros en aspectos de sostenibilidad. A esto se añade que solo 3 empresas informan que el proceso de evaluación del máximo órgano de gobierno incluye, además de la gestión económica, la gestión de aspectos ambientales y sociales.

La entrada en vigor en 2017 del Real Decreto-ley 18/2017 que implementa la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad inicia sin lugar a dudas una nueva etapa en la rendición de cuentas de las empresas, que culmina en 2018 con la aprobación de la Ley 11/2018 de información no financiera. Habrá que esperar al próximo estudio del Observatorio de RSC para poder valorar cómo ha influido la Ley 11/2018, mucho más precisa y exigente que el RD, en la calidad de la información no financiera emitida por las grandes empresas.

 
 
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