Número 148 - Abril de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
MiFID II: CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CLIENTES      
       
 
   
   
   
ÁNGEL MARTÍNEZ ALDAMA, PRESIDENTE DE INVERCO
 

LOS REGULADORES HAN PUESTO EL FOCO EN EL AUMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES MINORISTAS A LOS QUE SE PRESTAN SERVICIOS FINANCIEROS, Y MIFID II CONTIENE IMPORTANTES NOVEDADES QUE YA ESTÁN TENIENDO UN IMPACTO RELEVANTE EN LOS MODELOS DE NEGOCIO IMPLANTADOS POR LAS ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE INVERSIÓN. AFECTA A LA TOTALIDAD DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. SE APLICA A NUEVOS PRODUCTOS Y REFUERZA EL NÚMERO DE LOS CLASIFICADOS COMO COMPLEJOS. CREA DOS TIPOS DE ASESORAMIENTO, EL INDEPENDIENTE Y EL NO INDEPENDIENTE. REGULA CÓMO LAS ENTIDADES TIENEN QUE COBRAR POR LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN E INTRODUCE NUEVAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL INVERSOR.

 
   

La denominada regulación MiFID II, de reciente transposición en España, es la pieza angular de la protección al consumidor de servicios de inversión.

Desde el inicio de la crisis financiera en 2008, los reguladores han puesto el foco en el aumento de la protección de los clientes minoristas a los que se prestan servicios financieros, mediante una aproximación transversal (bancos, seguros y valores), para reforzar las normas de conducta de relación con clientes.

También los supervisores están reforzando sus actuaciones de inspección sobre la adecuada protección de los clientes y, en especial, de los minoristas. Así, en los últimos años se observa una intensificación de la política de supervisión preventiva, y también una dotación de nuevas competencias supervisoras, por ejemplo, en la comprobación del proceso de comercialización de productos financieros ("mystery shopping").

MiFID II contiene importantes novedades que ya están teniendo un impacto relevante en los modelos de negocio implantados por las entidades que prestan servicios de inversión:

– Afecta a la totalidad de la relación con el cliente.

– Se aplica a nuevos productos y se refuerza el número de instrumentos clasificados como complejos.

– Crea dos tipos de asesoramiento: independiente y no independiente.

– Regula cómo las entidades tienen que cobrar por los servicios de inversión.

– Introduce nuevas obligaciones para las entidades y refuerza algunas de las preexistentes en materia de protección del inversor.

Normas de conducta. A continuación se incluye una breve enumeración de los principales impactos para las entidades en su relación con el cliente, las denominadas normas de conducta:

– Las empresas de servicios y actividades de inversión clasificarán a sus clientes en las siguientes categorías: minoristas, profesionales y contrapartes elegibles. Esta última categoría solo resultará aplicable en relación con determinados servicios de inversión.

– Se refuerzan las obligaciones de diligencia y transparencia, de modo que las entidades tendrán que actuar con honestidad e imparcialidad, en el mejor interés de sus clientes. Asimismo, se incorporan obligaciones relativas a la adopción de medidas para prevenir, detectar y gestionar posibles conflictos de intereses entre los clientes y la propia entidad o su grupo.

– Respecto al diseño y comercialización de productos financieros, se establecen prescripciones sobre la vigilancia y control de los mismos, por las que las entidades deberán garantizar una calidad mínima de los mismos y una adecuación al segmento del mercado al que se dirijan.

– En cuanto a los deberes de información que deben prestar las entidades a sus clientes, destacan los siguientes aspectos:

Se detalla el contenido de la información que deben proporcionar a sus clientes y clientes potenciales antes de la prestación del servicio, especialmente en relación con el tipo de asesoramiento que se ofrece y, sobre los instrumentos financieros y estrategias de inversión propuestos y los costes y gastos asociados al servicio de inversión.

Una vez se ha prestado el servicio, deberán proporcionar también información sobre los costes de las operaciones y servicios realizados, considerando el tipo y complejidad de los instrumentos financieros y la naturaleza del servicio.

– En relación a la evaluación de la idoneidad que deben realizar las entidades respecto a sus clientes y, en su caso, clientes potenciales, deberán recomendar servicios y actividades de inversión e instrumentos financieros que se ajusten a su nivel de tolerancia al riesgo y capacidad para soportar pérdidas:

Cuando preste asesoramiento en materia de inversión recomendando un paquete de servicios o productos combinados, deberán velar porque éste sea, de forma global, idóneo para el cliente (asimismo, velará porque el paquete sea considerado conveniente para el cliente).

Al prestar asesoramiento, la entidad proporcionará al cliente una declaración de idoneidad en la que se especifique el asesoramiento proporcionado y de qué manera se ajusta a las preferencias, objetivos y otras características del cliente minorista.

Cuando preste servicios de gestión de carteras, el informe periódico contendrá un estado actualizado de cómo la inversión se ajusta a las preferencias, objetivos y otras características del cliente minorista.

– Se realizan ajustes en la definición de instrumentos financieros no complejos.

– Cuando se ofrezca un servicio de inversión como parte de un producto financiero, o se ofrezca un servicio de inversión junto con otro servicio o producto o como parte de un paquete, la entidad comunicará al cliente la posibilidad de comprar por separado los distintos componentes y facilitará aparte los justificantes de los costes y cargas de cada componente.

– Respecto a los pagos y remuneraciones en la prestación de servicios, las entidades se asegurarán que las remuneraciones de su personal no entren en conflicto con la obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes.

Finalmente se detallan tres de los principales impactos para el cliente minorista:

– Gobernanza de productos o adecuado diseño y distribución de los productos financieros. Las empresas de servicios de inversión que diseñen o comercialicen productos financieros deberán identificar el tipo de cliente objetivo, teniendo en cuenta los riesgos del producto.

Además, los distribuidores también deben adoptar medidas razonables para propiciar que el instrumento se distribuya entre el público objetivo definido al diseñar el producto. También tendrán que evaluar la compatibilidad del producto con las necesidades del cliente objetivo, es decir, que el producto se ofrezca en interés del cliente, incluso en aquellos casos en que no proceda su evaluación de conveniencia o idoneidad. Por lo tanto, las entidades no deberán preocuparse por la protección del inversor solo al comercializar concretamente un producto a un inversor, sino también al diseñarlo y al planificar su comercialización.

– Formación de la red de ventas. Para que los inversores comprendan los riesgos de los productos en los que invierten, es preciso que quien se los ofrezca disponga de los conocimientos necesarios para entenderlos y explicarlos, y para valorar si son adecuados o idóneos para cada uno de ellos. Por ello, los empleados deberán haber recibido una formación teórica y práctica y dedicado un número mínimo de horas. La formación adecuada de la red de ventas se ha intensificado en los últimos años, pero ahora se deberá certificar mediante formación interna o externa. Esta formación supone un avance muy relevante para los inversores, que así serán atendidos por personal más cualificado, y también será bueno para las entidades, desde la perspectiva de sus posibles responsabilidades.

 
 
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