Número 147 - Marzo de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
MIFID 2: DEL FOLLETÍN AL REGTECH      
       
 
  Foto: Archivo RC  
   
   
MANUEL MARTÍNEZ, ABOGADO
 

EL 17 DE ABRIL ENTRA EN VIGOR LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN: MAYORES OBLIGACIONES EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO, CANAL DE DENUNCIAS...

 
   

Como en la UE no todo es Brexit, el próximo 17 de abril entra en vigor la enésima transposición de directivas y consiguiente reforma de la normativa de servicios de inversión (en este caso, del Real Decreto 217/2008). En síntesis, las reformas más destacadas atañen a: (i) mayores obligaciones en materia de gobierno corporativo (idoneidad, transparencia, conflictos de interés), clasificación de clientes, ejecución, gestión de riesgos, diseño y comercialización de instrumentos financieros; (ii) incorporación de canal de denuncias (whistleblowing); (iii) inclusión del concepto de “influencia significativa” (posibilidad de nombrar o destituir a un administrador); (iv) mayor alcance de la supervisión (nacional y transfronteriza); (v) contratos-tipo con clientes minoristas a desarrollar por orden ministerial y (vi) mayor reenvío a normas de la UE. Específicamente, destaca el desarrollo normativo de sistemas multilaterales de negociación (SMN), sistemas organizados de contratación (SOC) e internalizadores sistemáticos (IS). No obstante, no (absolutamente) todo es mayor presión regulatoria sino que (entre otras modificaciones) se mejora la distinción del concepto de “recomendación personalizada” en materia de inversión y se exime de autorización ciertas modificaciones estructurales de empresas de servicios de inversión (intragrupo, de minimis o la mera transformación en SA).

Esta reforma entrará en vigor como colofón a (y en tanto que desarrollo reglamentario de) la triple reforma por “extraordinaria y urgente necesidad” del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores mediante Reales Decretos-ley en el último trimestre de 2018. Tres veces también se ha modificado la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, y también se ha reformado su reglamento (Real Decreto 1082/2012) y la Ley 22/2014 (sobre entidades de capital-riesgo y entidades de inversión colectiva de carácter cerrado). Reformas en las que también destaca el aumento de las obligaciones de transparencia y conducta en materia de servicios de inversión e inversión colectiva, del alcance de la supervisión (nacional y transfronteriza y vía canales de denuncia), las infracciones y, de forma reseñable, de la cuantía de las sanciones; así como el reenvío a normas europeas. También destaca el desarrollo de la regulación de los servicios de suministro de datos relativos a servicios de inversión. La transposición del enésimo desarrollo del paquete legislativo MiFID 2 / MiFIR desde 2014 constituye un interesante ejemplo de dos elementos fundamentales y comunes a la regulación financiera actual en la UE y en España.

En primer lugar, la traducción de las normas y su transposición. Las versiones españolas de las directivas comunitarias distan de poder constituir normas susceptibles de transposición a Derecho español sin una necesaria adaptación, que requiere de técnica jurídica aplicada por especialistas en una materia cada vez más específica. Necesaria para evitar no solo traducciones literales con problemas de interpretación sino para “traducir” la norma al ordenamiento nacional. No parece casual la correlación entre la menor calidad legislativa y el abuso del Real Decreto-ley, en una España que transpone normas cada vez más complejas con cada vez mayor retraso. En segundo lugar, el elemento de fondo que preocupa a toda empresa de sector financiero: ¿son necesarias todas estas modificaciones? ¿Es necesario o siquiera conveniente para la disciplina del mercado de instrumentos financieros que el desarrollo normativo del paquete legislativo MiFID 2 / MiFIR abarque miles de páginas (según Forbes, 30.0001)? Excluidas normas, circulares y recomendaciones nacionales, por supuesto. Para hacerse una idea, compárense con las “menos” de 700 páginas de las citadas normas españolas reformadas (que, de hecho, dejan de regular ciertos aspectos para reenviarlos a la ya excelsamente detallada normativa europea). Por supuesto, si Vd. opera en los mercados financieros, sabe que esta solo es una pieza más de su rompecabezas regulatorio. En suma, debe encontrarse un equilibrio entre la “mano invisible” y la “mano visible” del mercado. Equilibrio que, por desgracia, la Historia muestra que sufre un movimiento pendular “procíclico” provocado por la sucesión de fases alcistas y bajistas de los mercados financieros y la economía en su conjunto; donde al estallido de una crisis le sucede irremisiblemente un aumento de la regulación financiera. El elemento diferencial de la Gran Recesión en la UE es su magnitud; que siembra dudas no solo entre Brexiteers, leavers y euroescépticos.

En el caso del mercado de instrumentos financieros, esta reacción del legislador desde el comienzo de la Gran Recesión ha dado origen, entre otros, al paquete legislativo MiFID 2 / MiFIR, que más bien se trata de un folletín cuya próxima entrega en materia de servicios de inversión entra en vigor el citado 17 de abril. Mas los empresarios administrados saben que no será la última entrega, se resignan a que se convierta en una serie sin fin y al menos esperan que sus sucesivas transposiciones a Derecho español dejen de ser un sainete de último minuto sin pizca de técnica legislativa ni de gracia (para administrados y funcionarios, actores asaltados con la nocturnidad y alevosía del Real Decreto-ley y sin plazo material para una obra legislativa en condiciones). En este marco, huelga decir que una de las grandes consecuencias del Brexit sería la remonopolización de la regulación financiera por la tradición continental más intervencionista. Sobre sus protagonistas, los lectores no necesitarán otro “spoiler”. Tal es la magnitud de la presión regulatoria en la UE y la OCDE post-2007 que ha alumbrado el RegTech: sector tecnológico cuya innovación consiste en el procesamiento automatizado de cantidades masivas de normas y datos para optimizar el cumplimiento normativo. El sector financiero es un caso paradigmático, cuya hiperextensión normativa es proporcional al aumento de la estructura de auto-supervisión requerida a sus empresas. ¿Solucionará la tecnología todas las cuestiones de cumplimiento normativo? En relación a las citadas modificaciones de la normativa de servicios de inversión, no existe una única respuesta.

1Ver https://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2018/04/04/understanding-mifid-iis-30000-pages-of-regulation-requires-regtech/. Visitado por última vez el 3 de marzo de 2019.

 
 
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