Número 159 - Abril de 2020
 
REPORTAJES
 
   
     
UN GREEN NEW DEAL PARA SALVAR AL GLOBO TRAS EL CORONAVIRUS  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
CARLOS TRÍAS PINTÓ Y GUSTAVO MATÍAS CLAVERO
 

ES LA CRISIS MÁS GLOBAL Y SORPRESIVA JAMÁS CONOCIDA. Y SIN EMBARGO DE ELLA EMERGEN CON MÁS FUERZA QUE NUNCA LOS ESTADOS-NACIÓN, NO LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES, QUE NI PREVIERON SU IMPACTO NI APENAS HAN LIBRADO BATALLA. SU COSTE SE APROXIMARÁ A LA SUMA DE LOS RECURSOS EMPLEADOS CONTRA LA GRAN DEPRESIÓN DE 1929, LA II GM Y EL PLAN MARSHALL. Y LA RECUPERACIÓN TENDRÁ COSTES. NO SERÁN SOLO DE INTERESES FINANCIEROS O DEUDAS, SINO DEL MAYOR CONTROL DE LA PRIVACIDAD DESDE EL MUNDO DIGITAL. Y DERIVADAS POLÍTICAS. EL GREEN NEW DEAL QUE PREPARA EUROPA, CON INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES POR UN BILLÓN DE EUROS EN ESTA DÉCADA, DEBERÁ DEDICARSE EN PARTE A ERRADICAR EL COVID 19 Y A OTROS DESAFÍOS SIMILARES. HABRÁ PARA ELLO QUE LEVANTAR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS E INSTITUCIONES.

   
     
       

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Aunque esta no ha sido una guerra, los líderes políticos sí la han considerado así, entre ellos en España Pedro Sánchez, quien en alguna ocasión dijo que debería traer acuerdos multilaterales, como un nuevo Plan de Reconstrucción. La evidencia de que el multilateralismo haya brillado por su ausencia en la pandemia debería ser un fuerte motivo para fortalecerlo, al contrario de lo que ha intentado el presidente Trump y ha sucedido en la Unión Europea y otros procesos de integración continental.

Sin embargo, la recuperación de los Estados y su bienestar será más fácil y rápida, porque se basará más en el dinero casi gratis suministrado por sus bancos centrales. Será así ocasión de recuperar lazos entre los Estados y las grandes ciudades, perdidos tras la II Guerra Mundial con la tendencia a la concentración urbana en grandes ciudades, que aspiran a albergar el 70% de la población mundial en el 2050, mientras se reorganizan y mejoran sus infraestructuras en torno a lo digital para convertirlas en Smar Cities, proceso en el que están interesadas todas las principales bigtech. Estas, sean proveedoras de infraestructura como Cisco o intermediarias de servicios intensivos de información como Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, todas tienen cada una más usuarios que ciudadanos los países grandes, pasando por las telecos, medios financieros o de pagos y ahora las biotecnológicas.

4. Urge evitar con un pacto social mundial la debacle con un nuevo Green New Deal europeo y global

No es de extrañar que hasta el Papa llamara desde Roma en su prédica del domingo de resurrección a que la UE active la solidaridad ante la pandemia y recurra a ‘soluciones innovadoras’ y a no dejarse llevar por el egoísmo. Europa, cuyos más de 300 millones de habitantes son como otros tantos en EEUU los más afectados en principio por el Covid 19, es el proceso de integración regional más avanzado del mundo entre las varias decenas de iniciativas similares lanzadas desde la II GM. Pero su afección de falta de solidad ya le hizo pagar mayores costes que los EEUU durante la crisis financiera, riesgo del que advertíamos al dictaminar en 2011 para el Comité Económico y Social Europeo su proyecto inicial de Unión Bancaria, donde pedíamos que el compromiso de cohesión y solidaridad necesario para que haya verdadera movilidad de personas y mercancías requería transferencias fiscales que legaran hasta la creación de un seguro de desempleo europeo (primer documento oficial de la UE donde se planteó el proyecto), más intervención del Banco Central Europeo como estaba haciendo desde el 2008 la Fed norteamericana e incentivos públicos para que la RSC y el cumplimiento legal de las empresas.

Al estallar esta crisis sanitaria intentábamos retomar este último objetivo para dictaminar el Plan de Inversiones Verdes que lanzó la nueva Comisión para financiar su Green New Deal, su proyecto estrella, pues aspira a movilizar durante esta década (hasta 2030) 2,6 billones de euros (260.000 millones de euros anuales) en inversiones para proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión y la salud y bienestar de los ciudadanos de los riesgos e impactos medioambientales. Era la primera reacción política concreta para dar cabida a objetivos muy ambiciosos de neutralidad en carbono, tal y como se definen en el Pacto Verde Europeo. Ese esfuerzo equivaldría al 1,9 % del PIB de la Europa de los Veintisiete a partir de 2020. Y nacía en cierta forma gafado porque, como contaron TheCorner y Consejeros en febrero, el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, si bien fija un objetivo general del 25 % para la integración del clima en todos los programas de la UE, no alcanzó acuerdo de los sucesivos reuniones del Consejo Europeo (el último el 11 de marzo, ya estallada la pandemia) y quedó pendiente del de la próxima presidencia rotatoria semestral (Alemania). Lo frenaban los países hanseáticos, liderados por la propia Alemania y Holanda, que reclamaban recortes que afectaban a políticas como la agraria y las de cohesión y encontraron oposición de los países mediterráneos y del Este.

Esa división se ha reproducido básicamente en las sucesivas reuniones ya virtuales del Eurogrupo y del Consejo, hasta que el 8 de abril en el primero se alcanzó cierto acuerdo, tras el ajuste de alianzas que ilustra la carta manifiesto de 9 presidentes diciendo que el coronavirus es un shock sin precedentes y requiere medidas excepcionales: Luxemburgo e Irlanda (dos de los países junto a Holanda y Alemania con mayores superávit por cuenta corriente y que en los tres primeros casos hacen competencia fiscal a los demás) se suman a los mediterráneos y otros del Este frente a los hanseáticos.

A la espera del próximo Consejo donde cinco gobiernos dependen de coaliciones (empezando por el alemán), se trata de una respuesta que reafirma la citada insuficiencia de las promesas de hacer “lo que sea necesario”. Si bien compromete el 3% del PIB europeo de este año en medidas fiscales y una liquidez equivalente el 16% del PIB, se realizará en principio sin las transferencias fiscales entre países, aconsejadas por el consenso académico de las uniones monetarias óptimas para que haya una verdadera movilidad del trabajo y de los capitales, no solo un área comercial de altas asimetrías. Con similares resistencias a esas transferencias en el proyecto de unión bancaria de 2011, en el proyecto de medidas para completar la unión fiscal de 2014 y en el aun abierto debate de las perspectivas presupuestarias 2021-2027, el Eurogrupo aprobó movilizar hasta 550.000 millones de euros en préstamos para apoyar a Estados, empresas y trabajadores frente a la pandemia sin menciones a condicionalidad macroeconómica alguna, pero tampoco ninguna referencia a la emisión de deuda conjunta para la fase de recuperación.

Las fuentes de ese medio billón de liquidez, adicional a más de un billón anunciado por el BCE en compras de deuda y activos financieros bancarios, saldrán de tres fuentes: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con 240.000 millones de euros en préstamos; un fondo del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones en créditos para empresas y un fondo temporal de reaseguro contra el paro con 100.000 millones para ayudas al empleo. El problema es que, salvo en el último apoyo, dirigido a los países con más desempleo (entre los cuales destaca España), esas ayudas se repartirían de forma simétrica al peso de la renta de cada país si las solicitaran todos, al igual que sucede en el BCE, cuyos activos se deuda pública se los reparten según los últimos datos en un 26%.

Quizá fuera así más aconsejable reclamar una mayor intervención del BCE, como ha vuelto a hacer la Fed norteamericana, que además de bancos presta desde marzo liquidez a las empresas. El resultado es que los EEUU vuelven aplicar inyecciones más rápidas y cuantiosas, además de que en Europa -y pese al esgrimido origen simétrico del impacto- los efectos del mismo están siendo asimétricos y paradójicamente también inversos a la renta, pues España e Italia son los más castigados por la pandemia.

En cualquier caso, esas inyecciones fiscales y crediticias podrían extenderse desde 2020 a 2021 e incluso 2022, los dos primeros años de los nuevos presupuestos europeos enfocados al Plan de Inversiones Verdes, por lo que pueden restar recursos públicos que ya eran de por sí menores que la ambición oficial del Green New Deal. No obstante, son compatibles e incluso complementarias, pues las nuevas infraestructuras tienden a ser autopistas de la información y la energía verde en lo nacional y global.

En esa línea, y añadiendo otros posicionamientos de líderes públicos a la proliferación de manifiestos y proclamas procedentes de la sociedad, diez países de la UE han solicitado a la Comisión que los elementos del Pacto Verde podrían adelantarse para acelerar una recuperación verde. De ellos, solo 4 estaban en la anterior carta de los 9 al Consejo: son España, Italia, Portugal y Luxemburgo, que se diferencian en este frente de los otros 5 (Francia, Bélgica, Grecia ,Irlanda y Eslovenia ) y se unen así a otros seis situados en la discusión presupuestaria y de solidaridad inicial junto a los de la liga hanseática: Austria, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Holanda, y Suecia. Proponen ampliar inversiones en movilidad sostenible, energías renovables, rehabilitación de edificios, investigación e innovación, recuperación de la biodiversidad y economía circular. E instan a la Unión a enviar una señal política al mundo y a sus ciudadanos de que la UE liderará con el ejemplo el camino hacia la neutralidad climática y el cumplimiento del Acuerdo de París.

Ello reafirma la impresión de que la recuperación tendrá forma de nuevo Green New Deal europeo y primará por la vía de las ayudas e incentivos públicos a las inversiones medioambientales, además de a telecos, biotech y otras de salud y educación a las que atienden ya junto con las finanzas las bigtech impulsadas como vimos en mayor medida que las anteriores por los mercados.

5. Más que rediseños institucionales, apremia poner la información al servicio de las personas

No hacen falta grandes rediseños institucionales, sino adaptar el sistema que va a seguir la humanidad en esta fase a los intereses, ideas y voluntades ya expresados por las mayorías democráticas. Una de las claves será si los datos de las personas podrán ser capitalizados por estas o al menos por los estados para ayudar a financiar la creciente demanda de formas de rentas básicas universales, como esa avanzadilla de Ingreso Mínimo Vital que aconsejó la Unión Europea a España para reducir sus niveles de pobreza, propuso para AIREF para unos cinco millones de hogares, incluyeron Psoe y Podemos en su programa de Gobierno de coalición y ahora incluyen como una de las medidas de los propuestos nuevos Pactos de la Moncloa, donde sería conveniente mayor transparencia en todo, incluida por ejemplo la financiación y actividad relacional de quienes regulan, de quienes firman manifiestos como los citados o del millón y pico de perfiles falsos en Twitter para intoxicar. Transparencia orientada a mejorar la calidad de la información (empezando por la estadística oficial), lo que requiere actuar con mayor decisión en la resolución de los conflictos de interés y la mayor transparencia de la huella e impacto de cada uno, incluidas producciones y consumos de empresas, administraciones públicas y ONGs a través de la mejora del cumplimiento y la responsabilidad social corporativa (RSC).

En efecto, las ideas que subyacen en las intervenciones públicas indiscutidas frente al Covid son las de la teoría monetaria moderna inspirada por el neochartalismo, que concibe el actual dinero fiat al servicio de la confianza necesaria entre las personas y dependiente en su creación y aceptación por los Estados, que por eso dice no pueden quebrar. Son ideas alimentadas por el hecho de que EEUU creo ese patrón fiat al romper el patrón oro-dólar en 1971. El caso es que las crisis sucedidas desde entonces han dado por muertos los dos modelos de la economía convencional hasta entonces imperantes, como afirmaba en pleno 2009 a Consejeros un economista que intuyó esa crisis y que durante años trabajó en perspectivas que podrían ayudar a entender la actual, Ubaldo Nieto de Alba. Nos decía algo aún hoy vigente: “El modelo neoclásico como el neokeynesiano, al no integrar las inestabilidades y turbulencias que se presentan en los procesos de innovación y globalización, carecen de respuestas; ni siquiera admiten las preguntas. De estos paradigmas científicos sólo quedan los teoremas. Las críticas de Soros y Taleb al mundo académico, a lo que Kuhn llama la academia invisible, hay que situarlas, en la historia del tiempo en la economía”.

No obstante, las preguntas son muchas, y entra las más extendidas destaca que, si el ‘crash’ de 1929 y la I y II Guerra Mundial contribuyeron a asentar el estado de bienestar moderno reivindicado, ¿cuál será la herencia del Covid-19?. No valen ante ellas solo respuestas como las sugeridas por las apelaciones de los expertos en geopolítica, entre casi un centenar de tendencias posibles, a la inteligencia colectiva en un contexto de globalización reducida (Ortega), la globótica o competencia digital de empleos y tareas (Baldwin), el mejor ánimo de los ricos a pagar impuestos (Scheve y David Stasavage), el añadir a las autoridades europeas otra sobre la salud con competencias digitales como apuntan hasta los 9 presidentes en carta al Consejo Europeo, la inclusión de las generaciones jóvenes o un mayor Tercer Sector (Rajan).

Más completas y razonables parecen las indicadas en 2009 por Nieto desde el nuevo paradigma de la complejidad en el sentido de integrar las inestabilidades y turbulencias que se presentan en los procesos de innovación y globalización, pues está más claro tras esta crisis que si la globalización de interrelaciones físicas se reduce la de las conexiones digitales se acrecentará aún más. Lo han demostrado al aportar soluciones a la pandemia rastreando los contactos digitales de los afectados en los cuatro o cinco países asiáticos que sufrieron y algo aprendieron de las epidemias de SARS (2003), la pandemia de gripe A (2009) o el MERS (2012), entre los cuales Corea del Sur o Singapur gracias a sus app para móviles han registrado hasta el 12 de abril tasas de mortandad del 0,2% o poco más entre los infectados oficiales Singapur, con 5,7 millones de habitantes, es uno de los países con menos casos de infectados (631) y muertes (2) registrados por el Covid-19, frente al 10% que llevaba España o el 6% de media de la UE, aun cuando esos países tienen presupuestos de salud como vimos muy inferiores.

En esa misma dirección de soluciones, cabe resaltar como acertadas las que propusieron el pasado verano 181 CEOs de las principales multinacionales norteamericanas, a través de la Asociación Business Roundtable, al firmar una declaración en la que, bajo el título Statement on the Purpose of a Corporation, se comprometían a crear valor para todos los Stakeholders, no solo para los accionistas, como hasta ahora se venía haciendo. Es decir: se comprometían a poner en primera línea la RSC, empezando obviamente por el cumplimiento legal y no solo por los objetivos e indicadores voluntarios. Ahí podría integrarse la herencia que apuntan otros expertos en cuanto a instituciones económicas y políticas más inclusivas y redistributiva, y una reindustrialización de Europa y Estados Unidos con reajustes que garanticen mejor la salud, los cuidados de niños y ancianos, asistentes sociales, limpiadoras del hogar.

Quizá sean esos demasiados propósitos, que podríamos resumir por ello en mejorar las huellas o impactos de cada uno en los demás porque vamos a una sociedad aún más interconectada e interdependiente. Ello requerirá en primer lugar mejorar las estadísticas de RSC con la intervención de los institutos nacionales de estadística, nacidos hace varios siglos para servir a los Estados y conocer mejor sus mercados, tarea necesitada actualmente de un mayor control y garantía por ellos y sus estados-nación de la privacidad de los datos personales que obtienen de cada ciudadano a diario todas las principales digitales.

Esa mejora de la información, condición necesaria para ejercer la racionalidad de todos los agentes, debería primar sobre los derechos y objetivos de las democracias y sus mercados, pues como bien señaló la Unión Europea la desinformación y la propaganda afecta a los procesos democráticos, pero también a los económicos y sociales, lo que eleva sus poderosos enemigos (Impact on the functioning of the rule of law in the EU and its ...) No sería siquiera necesario reinventar instituciones ni nuevos objetivos, pues contamos con las organizaciones de la ONU y sus ODS2030, que en su caso solo cabría revisar, completar y hacer más operativos su veintena de grandes objetivos y sus cerca de 200 targets particulares e indicadores, herederos de los primeros indicadores de desarrollo sostenible que se fijó la Conferencia de Rio en 1992, de lo que hará pronto 30 años.

El problema es que esas políticas de RSC y cumplimiento legal no pasan apenas de lo reputacional, por lo que distan de ayudar a reducir el calentamiento global y aún menos el social. Tampoco han aportado por ahora oportunidades de crecimiento a la economía ni han sido focos del nuevo contrato social para incorporar en mayor medida a la juventud, las mujeres y otros excluidos en lo económico. Todo ello podría cambiar para que empresas, ONGs y administraciones públicas inviertan la carga de la prueba siendo más exigentes en los informes de información no financiera a fin de demostrar realmente que cumplen cada uno de sus actuales 183 targets.

Las tecnologías digitales podrían aportar herramientas dirigidas a esta finalidad, principalmente si ahora los gobiernos aprovechan las gigantescas tareas de reconstrucción social que tienen los dos o tres próximos años para resolver una función que dejaron a discreción de las puntocoms las pasadas décadas: que la identificación de sus usuarios cumpliera garantías de privacidad y otros derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de adecuada acreditación contribuyó precisamente a la delincuencia económica y social, al dejar abierta las puertas del nuevo ámbito de relaciones sociales a números ámbitos de ciberdelitos. Algunos de ellos se pusieron de manifiesto inmediatamente, como el lavado de dinero a través de paraísos fiscales que son una competencia desleal entre estados y merman la capacidad recaudatoria de los afectados, la cobertura de delitos como el terrorismo, la droga, la trata de seres humanos, la explotación de adicciones y un largo etcétera que cada día salta más a la vista en ese nuevo mundo digital. Y, por supuesto, contribuyó a esos 700.000 millones de dólares anuales de beneficios excesivos.

Sucede que el mercado digital es eminentemente monopolístico, más monopolístico incluso que otros sectores considerados por la literatura económica monopolios naturales, como la industria energética, los servicios bancarios o las telecomunicaciones, sector en el que surgieron y se incardinaron inicialmente las ahora grandes digitales. Es así fundamentalmente porque operan más que otros sectores con economías de escala y alcance, debido a que la principal función de las actividades digitales se centra en reducir costes de transacción vinculados a barreras espaciales y temporales. Además, se apropia de costes de reproducción decrecientes, intrínsecamente ligados a la creación de externalidades negativas, tanto medioambientales como sociales. Externalidades que en muchos casos superan en daño social al beneficio de la actividad empresarial, por ejemplo, la pérdida de tiempo impuesto por cada empresa a cada uno de los miles de millones de usuarios en acreditar su identidad, actualizarla o aceptar cookies para autorizar a captar más datos luego susceptibles de tráficos como los dirigidos al perfilado político o mercantil de redes sociales, demostrado en el escándalo de Facebook, propietario entre otras marcas y servicios de WhatsApp.

Entre la proliferación de manifiestos antes citados, le preguntamos a la profesora Pistor de Columbia, entrevistada este verano en Consejeros tras ser llamada al Congreso norteamericano para hablar del proyecto de criptomoneda de Facebook y una treintena de bigtech y principales marcas de pagos, si ahora resultaría de interés vincular las ayudas económicas del Covid 19 a la voluntaria acreditación digital con clave pública-privada y pseudoidentidad segura e inviolable de todos los receptores, ciudadanos y empresas. Sería esta una base para luego acceder más garantías y con menos trabas y empleo de tiempo a los servicios de las bigtech, así como a construir en blockchain o a promover plataformas seguras y colaborativas que permitan seguir la trazabilidad de todas las relaciones de personas y cosas que interesen, así como sistemas de scoring y rating colaborativos para los indicadores de cumplimiento legal y de responsabilidad social corporativa de empresas, ONGs, administraciones públicas y ciudadanos. Su respuesta fue que suscribiría la iniciativa y que quería ser informada de su concreción.

Una sociedad, así más colaborativa y online, inspirará sus pactos y planes entre imperativos como emplear a los jóvenes y atender a los mayores desde mejor democracia social y poder de las gentes. La clave de los nuevos objetivos ecológicos, sociales y económicos será mejorar la gobernanza y favorecer pactos intergeneracionales en cada país y de contención de las migraciones globales. Dado que salud, formación durante toda la vida y trabajos, ocios y negocios como las finanzas se basarán a partir de ahora más en las redes digitales que en las físicas, las mayores oportunidades para telecos y biotech de competir con las actuales bigtech deberían ser complementadas por las administraciones públicas de cada estado-nación y sus organizaciones internacionales para que esos objetivos están presentes en todas las operaciones físicas y digitales, a fin de que el desarrollo de lo digital no siga prácticas de la conquista del nuevo Oeste e impere la voluntad del más fuerte. Ello requerirá aprovechar la identidad digital de cada persona física y jurídica para medir sus impactos en esos objetivos del conjunto de la sociedad, tendiendo a someterlos con dichas garantías de privacidad no solo a medición por los institutos nacionales de estadística, sino después a evaluación colaborativa y participativa de la sociedad. Tecnologías como el blockchain ya permiten y favorecerán más esas mediciones y evaluaciones, a medida que la inclusión digital se haga efectiva, por ejemplo con los varios millones de españoles que desde mayo van a recibir Ingreso Mínimo Vital y quizá algunos no tengan siquiera cuenta bancaria o móvil para efectuarles el pago. Así podremos seguir mejor el cumplimiento de objetivos ya consensuados internacionalmente como la agenda 2030 y sus casi dos centenares de indicadores, para luego someter los resultados a los sistemas tanto de transparencia como de incentivos o desincentivos de cada administración en la contratación pública.

En suma, el tsunami sanitario, el económico y el social pasaría como oportunidad de progreso, para configurar sociedades económicamente más resilientes, socialmente más justas y ambientalmente más sostenibles, pues diversos estudios han mostrado desde hace más de 15 años el importante papel protector que confiere la biodiversidad ante las zoonosis, según recuerda Fernando Valladares, investigador y director del grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Este 11 de abril hemos recordado así los 50 años del famoso mensaje lanzado desde el Apolo 13: Houston, we’ve had a problem here. El nuevo problema de la humanidad seguirá presente mientras que Pekín, Washington, Nueva Delhi, Tokio, Berlín, Moscú y otros centros de poder (por seguir el orden del PIB 2019 en paridades de poder de compra) no entiendan que hemos de resolverlo entre todos y cuanto antes.

 

 
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OTROS REPORTAJES
 
ESTUDIO SOBRE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA URBANA
 
CNMC
Nº 160 de 5 / 2020

LA CNMC HA REALIZADO UN ESTUDIO (*) SOBRE CÓMO MEJORAR LA REGULACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA URBANA. SI “LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA ES ESENCIAL, DADA LA ESCASEZ DE ESTE RECURSO NATURAL, Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERVIENEN EN ESTOS SERVICIOS PORQUE EXISTEN FALLOS DE MERCADO” PARECE OPORTUNO REFLEXIONAR SOBRE EL ASUNTO. MÁS AÚN CUANDO “DESDE EL AÑO 2007, LAS PÉRDIDAS ANUALES DEL AGUA URBANA ALCANZAN EL 25% (...) POR FUGAS, ROTURAS Y AVERÍAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DE LOS 2.500 SISTEMAS DE AGUAS” QUE SE ESTIMA QUE HAY ESPAÑA. EL PROBLEMA ES COMPLEJO, DESDE LUEGO, PERO SU SOLUCIÓN, CON UN SENTIDO DE MEDIO Y LARGO PLAZO, BIEN PODRÍA CANALIZAR UN TORRENTE DE INVERSIONES Y GENERAR UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE EMPLEO.

 
RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ESPAÑA. 2004-2019
 
PABLO FERNÁNDEZ, EDUARDO DE APELLÁNIZ Y JUAN FERNÁNDEZ AZÍN
Nº 158 de 3 / 2020

“ENTRE LOS 388 FONDOS DE PENSIONES QUE YA EXISTÍAN EN DICIEMBRE DE 2004 SOLO 22 SUPERARON LA RENTABILIDAD DEL IBEX 35 (PROMEDIO ANUAL 5,07%) Y 49 LA DE LOS BONOS DEL ESTADO A 15 AÑOS (PROMEDIO ANUAL 3,88%). TRES FONDOS TUVIERON RENTABILIDAD NEGATIVA. LOS 1.004 FONDOS DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL TENÍAN (DICIEMBRE 2019) 7,4 MILLONES DE PARTÍCIPES Y UN PATRIMONIO DE €78.532 MILLONES. ¿POR QUÉ EL ESTADO NO PERMITE A LOS FUTUROS PENSIONISTAS QUE AHORRAN E INVIERTEN POR SU CUENTA LAS MISMAS VENTAJAS FISCALES QUE SI INVIERTEN EN FONDOS?”.

 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SISTEMA FINANCIERO (II)
 
JAIME TERCEIRO LOMBA
Nº 157 de 2 / 2020

“NO ES RAZONABLE ESPERAR QUE EL SISTEMA FINANCIERO DESEMPEÑE, POR SÍ SOLO, UN PAPEL DETERMINANTE EN LA NECESARIA CANALIZACIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS HACIA ACTIVIDADES NO INTENSIVAS EN CARBONO MIENTRAS NO SE ABORDE CON RIGOR, Y DE UNA VEZ POR TODAS, EL PROBLEMA QUE REPRESENTAN LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS DE LA EMISIÓN DE GEI. PARA AFRONTARLO, LA SOLUCIÓN ES BIEN CONOCIDA: HAY QUE FIJAR UN PRECIO A CADA UNIDAD DE CO2 QUE SE EMITA (...) HOY ESTÁN VIGENTES EN 46 JURISDICCIONES NACIONALES 57 INICIATIVAS QUE FIJAN UN PRECIO AL CO2 PERO TODAS ELLAS SOLO CUBREN EL 20% DE LAS EMISIONES DE GEI Y LA MITAD TIENEN UN PRECIO INFERIOR A LOS $10 POR TONELADA CUANDO PARA QUE LA INTERVENCIÓN RESULTE EFICAZ SE CALCULA QUE DEBERÍA ESTAR ENTRE 40 Y 80 POR TONELADA EN 2020 Y ENTRE 50 Y 100 EN 2030”.

 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SISTEMA FINANCIERO (I)
 
JAIME TERCEIRO LOMBA
Nº 156 de 1 / 2020

“NO DEJA DE SER DECEPCIONANTE CONSTATAR QUE, EN LOS AÑOS EN LOS QUE SE DEBATE CÓMO DEBERÍAMOS REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2, SE ESTÁ ACELERANDO LLAMATIVAMENTE LA CANTIDAD DE CO2 QUE ESTAMOS INTRODUCIENDO EN LA ATMÓSFERA” (...) “DESDE 1900, EL USO DEL CARBÓN HA AUMENTADO MÁS DE OCHO VECES; Y A PARTIR DEL AÑO 2000, EN MÁS DEL 60%. TAMPOCO HA DISMINUIDO NUNCA EL CONSUMO DE PETRÓLEO Y GAS, PUESTO QUE, APROXIMADAMENTE, SE HA DUPLICADO DESDE 1973. EN LUGAR DE DESPLAZAR A LOS COMBUSTIBLES ANTIGUOS, EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL, LUEGO LA ENERGÍA NUCLEAR Y, MÁS RECIENTEMENTE LA ENERGÍA EÓLICA Y LA SOLAR SE HAN AGREGADO A LAS YA EXISTENTES. NO HA HABIDO UN PROCESO DE SUSTITUCIÓN, SINO, SIMPLEMENTE, DE ADICIÓN”.

 
DOCUMENTO PARA LA MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN ESPAÑA
 
FIDE (FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA)
Nº 155 de 12 / 2019

“MIENTRAS QUE A PARTIR DE 1998 EL NÚMERO DE EMPRESAS PÚBLICAS ESTATALES SE HA REDUCIDO EN 116, EN EL CASO DE LAS CC. AA. SE HA INCREMENTADO EN 281, Y EN EL ÁMBITO MUNICIPAL SE OBSERVA UNA NOTABLE HIPERTROFIA CON LA CREACIÓN NETA DE 1.003 ENTES EN EL PERIODO. DESTACAN LOS CASOS DE ANDALUCÍA (1.036 ENTIDADES) Y CATALUÑA (1.107) SEGUIDAS A GRAN DISTANCIA POR PAÍS VASCO (476), VALENCIA (455) Y MADRID (269). SOLO EN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL LAS EMPRESAS CONTRATAN A 142.000 TRABAJADORES Y PRESENTAN UNA CIFRA DE NEGOCIO DE 27.600 MNS, CON 266.000 MNS DE ACTIVOS Y UN ENDEUDAMIENTO DE 63.000 MNS (UN 5,4% DEL PIB).

 
 
 
 
 
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