Número 155 - Diciembre de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
DOCUMENTO PARA LA MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN ESPAÑA  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
FIDE (FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA)
 

“MIENTRAS QUE A PARTIR DE 1998 EL NÚMERO DE EMPRESAS PÚBLICAS ESTATALES SE HA REDUCIDO EN 116, EN EL CASO DE LAS CC. AA. SE HA INCREMENTADO EN 281, Y EN EL ÁMBITO MUNICIPAL SE OBSERVA UNA NOTABLE HIPERTROFIA CON LA CREACIÓN NETA DE 1.003 ENTES EN EL PERIODO. DESTACAN LOS CASOS DE ANDALUCÍA (1.036 ENTIDADES) Y CATALUÑA (1.107) SEGUIDAS A GRAN DISTANCIA POR PAÍS VASCO (476), VALENCIA (455) Y MADRID (269). SOLO EN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL LAS EMPRESAS CONTRATAN A 142.000 TRABAJADORES Y PRESENTAN UNA CIFRA DE NEGOCIO DE 27.600 MNS, CON 266.000 MNS DE ACTIVOS Y UN ENDEUDAMIENTO DE 63.000 MNS (UN 5,4% DEL PIB).

   
     
       

1. Premisas iniciales y objetivos del Grupo de Trabajo

En nuestro país, dentro del Sector Institucional existen actualmente 5.751 entes públicos (sociedades, consorcios, fundaciones, organismos autónomos, universidades, etc.) con personalidad jurídica propia y vinculados en mayor o menor grado a una Administración central, autonómica o local. De los anteriores, 2.282 (el 39%) son sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales.

Si a estos entes con personalidad diferenciada sumamos las administraciones públicas en sus diferentes formas de personificación (comunidades autónomas, ayuntamientos, mancomunidades, comarcas, etc.), llegamos a los 18.754 entes públicos que existen actualmente en España.

Únicamente en el Sector Público Estatal las empresas estatales contratan en España a 142.000 trabajadores, presentan una cifra de negocio de 27.600 millones, gestionan activos por valor de 266.000 millones de euros y mantienen un endeudamiento de 63.000 M (un 5,4% del total PIB). Asimismo, para el año 2019, del total de inversiones realizadas por el conjunto del Sector Público estatal, el 54% se realizará a través de estas entidades, concentrándose el 91% de la cifra de negocio y el 89% de la inversión en siete compañías. Por su parte, y según los últimos datos disponibles, en el ámbito estatal existen 1.519 Consejeros de Empresas Públicas, de los cuales 1.121 (74%) son hombres y 398 (26%) mujeres.

A la vista de la importancia de las anteriores cifras, el Gobierno Corporativo de estas entidades es un aspecto nuclear no solo para un correcto funcionamiento de las mismas sino para el conjunto de la economía española, debiendo procurarse la adopción de estándares que mejoren su transparencia, eficacia y adecuada rendición de cuentas.

En el sector estatal tanto las sociedades mercantiles como las entidades públicas empresariales, por lo general, están regidas por un Consejo de Administración o Consejo Rector, y por un Presidente cuyo nombramiento corresponde al gobierno por Real Decreto a propuesta (discrecional) del Ministerio al cual se adscriban.

Por su parte, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existe en la actualidad un procedimiento reglado para el nombramiento de estos altos cargos, no interviniendo un comité de nombramientos u órgano similar. En este sentido existen propuestas para los organismos reguladores y supervisores, cuya aplicación a las empresas públicas debería también estudiarse. Respecto a la existencia de Consejeros independientes, excepto en casos singulares como el del ICO o AENA, por su carácter de cotizada, tampoco está generalizada su existencia.

A partir de las recomendaciones de los distintos organismos internacionales (OCDE, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, etc.) sobre gobierno corporativo, así como de las best practices de países de nuestro entorno, el Grupo de Trabajo ha tenido como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual de las empresas públicas en nuestro país, así como analizar cuál sería el instrumento normativo más eficaz para la posible introducción de mejoras (recomendaciones de expertos, estatuto de la empresa pública, normativa legal, etc.) y en qué podrían consistir.

Estas recomendaciones están basadas fundamentalmente en el conocimiento y análisis de las entidades empresariales del Sector Público Institucional Estatal, si bien el GT considera que la mayor parte de ellas son aplicables, con ligeras adaptaciones, a la gran mayoría de las entidades empresariales del Sector Público Autonómico y Local de nuestro país.

2. Resumen de las propuestas del Grupo de Trabajo

1. Respecto a la autonomía de las Empresas Públicas y la adecuada separación entre la Administración propietaria y los gestores de las compañías, el Grupo Fide propone:

1.1. Que se elabore, publique, y actualice periódicamente, una Política de Propiedad Pública clara y coherente, en la que se distinga las funciones de las Administraciones propietarias de la figura de los gestores de las compañías públicas a través de la formulación de mandatos claros y objetivos transparentes acompañado de un ejercicio activo de los derechos de propiedad.

1.2. Que se separen en diferentes entes o ministerios las funciones de propiedad de las funciones de tutela y de fijación de objetivos. Si por motivos de política sectorial, se opta por modelos descentralizados de propiedad que exista una unidad coordinadora encargada de asegurar la homogeneidad de criterios entre las distintas empresas.

1.3. Que, en función del modelo centralizado o descentralizado elegido, los objetivos de las empresas públicas sean fijados (inicialmente) por el departamento de tutela y que dichos objetivos sean: transparentes, reducidos, cuantificables y estables en el tiempo.

1.4. Que el Estado no se involucre en la toma de decisiones operativas (como, por ejemplo, los procesos de contratación), y evite redefinir periódicamente los objetivos de las empresas públicas de manera poco transparente permitiendo que éstas operen con autonomía en la consecución de los objetivos previamente definidos.

2. Respecto al papel de las Empresas Públicas en el mercado:

2.1. Que la normativa fiscal, contable, financiera o regulatoria no discrimine indebidamente entre las empresas públicas y sus competidores en el mercado.

2.2. Que, en el caso de mercados abiertos a la competencia, se exija a las empresas públicas una rentabilidad similar a las obtenidas por empresas privadas competidoras.

3. Respecto a la forma de nombramiento de los Presidentes y Altos Directivos de las Empresas Públicas:

3.1. Que se establezca un sistema de nombramiento de los máximos responsables a través de mecanismos objetivos de selección basados en criterios de mérito.

3.2. Que al igual que ya se realiza en otros países de nuestro entorno se estudie en profundidad la creación de un órgano externo, independiente y cualificado para la selección de presidentes y directivos de empresas públicas.

3.3. Que los nombramientos de los altos cargos de las empresas públicas se realicen por un periodo mínimo determinado (por ejemplo, cinco años) y deban justificarse adecuadamente los ceses que, únicamente en aquellos supuestos excepcionales adecuadamente tasados, se produzcan antes de la finalización de los mandatos.

3.4. Que se potencie, para los nombramiento y ceses, la comparecencia de los presidentes y/o directores generales de las empresas públicas en las Comisiones de Nombramientos de Congreso o Senado.

 
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