Número 151 - Julio de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA DE INGRESOS EN ESPAÑA  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
AIReF
 

LA RENTA MÍNIMA PROPUESTA POR LOS SINDICATOS NO SERÍA EFICIENTE, SEGÚN LA AIREF, QUE PLANTEA UNA PRESTACIÓN ÚNICA COMPATIBLE CON EL EMPLEO DE 430 EUROS AL MES, MÁS UN COMPLEMENTO POR HIJO A CARGO (CON LÍMITE DE TRES) DE 1.200 EUROS ANUALES. EVALÚA EL COSTE EN 3.500 MN (LA MITAD QUE LA PROPUESTA SINDICAL) Y CREE QUE BENEFICIARÍA A 1,8 MILLONES DE HOGARES (CON MENOS DE 490 EUROS/MES DE RENTA). RECOGEMOS AQUÍ UNA PARTE DEL ESTUDIO QUE SUSTENTA ESAS CONCLUSIONES Y QUE REFLEJA LA ERRÁTICA Y MUY DISTINTA EVOLUCIÓN DE LA RENTA MÍNIMA EN ESPAÑA SEGÚN LOS PERIODOS, LOS GOBIERNOS O LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

   
     
       

El sistema de garantía de ingresos en España ha seguido una trayectoria algo distinta de la registrada en la mayoría de los países europeos. Este sistema se define como el conjunto de prestaciones no contributivas que tratan de asegurar un nivel básico de suficiencia económica. Se trata de un sistema más residual, con menor cobertura y prestaciones menos generosas, que presenta algunos rasgos diferenciales tanto en su crecimiento como en la forma de organizar la última red de protección económica.

El sistema actual es el resultado de la cobertura gradual de diferentes necesidades. Así, se ha ido formando la última red como el resultado de sistemas muy diferentes en las condiciones de acceso y en las cuantías, que se combinan con prestaciones que tratan de cubrir el riesgo general de pobreza, completamente descentralizadas territorialmente.

Los procesos de reforma, comunes a la mayoría de países de la Unión Europea, adquieren matices especiales en el caso de España. Las distintas prestaciones que forman la última red aparecieron en distintos momentos del tiempo, generalmente focalizadas hacia categorías socioeconómicas específicas y con distinta lógica para cada colectivo protegido, lo que dio lugar a un notable mosaico de prestaciones, con diferente capacidad protectora y distintas cuantías.

La forma en que se fue tejiendo esta última malla de seguridad dio lugar a importantes problemas de articulación. Esto se materializa en sistemas con criterios redistributivos que difieren entre las prestaciones, que no contemplan la situación económica y la composición familiar del mismo modo. Las diferencias en el tratamiento de las necesidades económicas en cada prestación se manifiestan, sobre todo, al establecer sus cuantías, significativamente variables entre unos y otros programas. La diferente intensidad protectora que ofrece cada sistema lleva a niveles de cobertura también diferentes. A ello se une la persistencia de algunas lagunas en la protección de determinados grupos y la limitada coordinación entre la Administración Central y las autonómicas, que son las responsables de dar cobertura al riesgo general de pobreza a través de los programas de renta mínima.

I. Evolución del sistema de garantía de ingresos

El desarrollo de la protección asistencial en España presenta notables singularidades respecto a otros países, tanto en el diferente ritmo de crecimiento, la apuesta por un sistema muy categórico o la propia determinación de las cuantías. En términos generales, y a gran diferencia de lo sucedido en los principales países europeos, el sistema no empezó a definirse hasta los años ochenta. Hasta bien avanzada la década anterior, la gran mayoría de las prestaciones eran de naturaleza contributiva, ocupando las prestaciones asistenciales un lugar muy residual en el conjunto de la protección social, muy determinado por el principio contributivo-asegurador. En los años ochenta, sin embargo, el rápido aumento del desempleo en la primera mitad de la década y el desarrollo tardío de instrumentos del Estado de Bienestar asentados desde hace tiempo en otros países dio origen a un crecimiento importante de la protección asistencial.

El eje en este desarrollo fue la progresiva cobertura de diferentes grupos de población históricamente muy vulnerables. Este proceso, iniciado con las personas mayores, fue extendiéndose progresivamente a otros colectivos. Para la mayoría de los grupos demográficos existe tanto una prestación contributiva como otra asistencial y, en algunos casos, pese a los intentos de racionalización del sistema, existe más de un mínimo no contributivo. Esta diferenciación de prestaciones no ha evitado algunos solapamientos y tampoco ha sido suficiente para cerrar una red de protección homogénea en el conjunto del territorio.

En términos de los colectivos cubiertos, las personas mayores son uno de los grupos que tradicionalmente han concentrado mayores esfuerzos en la lucha contra la pobreza en España. Aparte de las pensiones contributivas, que han experimentado un importante proceso de expansión y revalorización, existe un mínimo asistencial específico. En 1991 se creó la Ley de Pensiones no Contributivas, en la que se estableció la desaparición del sistema anterior.

El otro gran grupo al que históricamente se han destinado los mayores recursos en la protección asistencial en España es el relacionado con la insuficiencia de ingresos por enfermedad o invalidez. Todavía persisten tres tipos de prestaciones de esta naturaleza en el sistema español de lucha contra la pobreza, si bien dos de ellas, las prestaciones del antiguo Fondo Nacional de Asistencia Social y el subsidio de garantía de ingresos de la antigua Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) están prácticamente extinguidas, por lo que la única figura son las prestaciones por invalidez de la ley de pensiones no contributivas.

El segundo gran bloque de prestaciones asistenciales son las destinadas a los desempleados. La principal figura es el subsidio asistencial de desempleo, que ha ido dependiendo de la regulación de la modalidad contributiva, afectada por varios cambios legislativos. A finales de los años ochenta estos cambios hicieron que aumentara la cobertura de los trabajadores en una situación de desempleo más prolongada y con edades más altas. En años posteriores, otro factor de crecimiento fue el endurecimiento de las condiciones de acceso al sistema contributivo. Para determinados grupos de trabajadores en paro existen otras prestaciones. Una de ellas, objeto de una notable controversia, es el subsidio de los trabajadores eventuales agrarios. Aunque en teoría no se trata de un subsidio asistencial sino de un programa de empleo, en la práctica ha funcionado, básicamente, como una prestación asistencial. Otro plan asistencial específico es la Renta Activa de Inserción, creada a finales de los años noventa (1). Con el desarrollo de la crisis, se creó un esquema de protección extraordinario, denominado inicialmente PRODI (programa temporal de protección al desempleo e inserción, 2009-2011), posteriormente, con condiciones de acceso endurecidas, PREPARA (programa de recualificación profesional de las personas que agotan su protección al desempleo, desde 2011 hasta 2014), y desde 2015 ha estado en vigor el Programa de Activación para el Empleo.

El tercer grupo de prestaciones asistenciales es el formado por los sistemas autonómicos de rentas mínimas, no existiendo un sistema nacional a diferencia de la gran mayoría de países de la Unión Europea. Desde la segunda mitad de los años ochenta, han sido los gobiernos regionales –asumiendo las competencias que en esta materia les confiere la Constitución– los únicos responsables del desarrollo de programas de este tipo en sus respectivos territorios. A diferencia de otras prestaciones públicas, como los servicios sociales, el diseño fijado carece de mecanismos de coordinación interterritorial para evitar posibles problemas de insuficiencia presupuestaria en las regiones con menores recursos económicos o para impedir que se generen grandes diferencias territoriales en las cuantías y en la cobertura ofrecida.

(1) Dicha prestación, que responde a una fórmula mixta de formación, empleo y sostenimiento de rentas, se destina a los parados mayores de 45 años que permanecen en esa situación desde hace un año al menos y con cargas familiares.

 
* Puede continuar leyendo este artículo, suscribiendose a la Revista Consejeros.
 
OTROS REPORTAJES
 
¿CUÁNTO CUESTA ACTUALIZAR LAS PENSIONES CON LA INFLACIÓN?
 
ÁNGEL DE LA FUENTE
Nº 150 de 6 / 2019

EN ESTA NOTA SE CUANTIFICA EL COSTE DE LA SUPRESIÓN DEL INDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PARA VOLVER A LA INDEXACIÓN DE LAS PENSIONES AL IPC. EL EXPERIMENTO CONSISTE EN ACTUALIZAR LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS PAGADAS EN 2017 CON LA INFLACIÓN (QUE SE SUPONE DEL 2%) DURANTE UN SOLO EJERCICIO PARA VOLVER DESPUÉS A LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL 0,25% QUE HABRÍA QUE APLICAR EN LA SITUACIÓN ACTUAL BAJO LA NORMATIVA DEL IRP AHORA SUSPENDIDA. AUNQUE EL COSTE INMEDIATO DE LA MEDIDA SERÍA RELATIVAMENTE MODESTO E IRÍA DECRECIENDO DESPUÉS CON EL PASO DEL TIEMPO, LOS EFECTOS PERSISTIRÍAN DURANTE VARIAS DÉCADAS Y EL INCREMENTO ACUMULADO DEL GASTO, CALCULADO A PRECIOS CONSTANTES, RONDARÍA LOS 30.000 MILLONES DE EUROS, LO QUE SUPONE UNAS 13 VECES EL COSTE INICIAL.

 
¿Y QUÉ ESTÁS HACIENDO AHORA? (PRÓLOGOS)
 
JAIME CARUANA y RAIMUNDO POVEDA
Nº 149 de 5 / 2019

POR VISIÓN, POSICIÓN, COMPROMISO, POCOS COMENTARISTAS PUEDEN OFRECER UNA PERSPECTIVA MÁS INTERESANTE DE LOS PROBLEMAS QUE ENCIERRAN EL SISTEMA FINANCIERO, Y SU REGULACIÓN, QUE RAIMUNDO POVEDA, EX DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA. SUS ARTÍCULOS LLEVAN AÑOS PUBLICÁNDOSE EN ESTAS PÁGINAS Y, COMPENDIADOS EN UN LIBRO, SALDRÁN A LA VENTA CON OCASIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO. SU PROPIO PRÓLOGO, Y EL QUE PARA LA OCASIÓN LE HA ESCRITO QUIEN FUERA SU COMPAÑERO, JAIME CARUANA, EXPLICAN BIEN CÓMO SE SUCEDIERON LOS HECHOS.

 
LOS DIVIDENDOS DE LAS COTIZADAS ESPAÑOLAS MARCAN DIFERENCIAS
 
DOMINGO J. GARCÍA COTO y JAVIER GARRIDO DOMINGO
Nº 148 de 4 / 2019

“EN 2018 LAS EMPRESAS COTIZADAS EN LA BOLSA ESPAÑOLA HAN REPARTIDO A SUS ACCIONISTAS CASI 30.105 MILLONES DE EUROS EN DIVIDENDOS (28.794 MILLONES), DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES POR PRIMAS DE EMISIÓN Y REDUCCIÓN DE NOMINAL, LO QUE SIGNIFICA QUE HAN RETRIBUIDO UN 6,65% MÁS QUE EN 2017(...) HASTA TOTALIZAR ALREDEDOR DE 420.000 MILLONES DISTRIBUIDOS EN LO QUE VA DE SIGLO (EL 95% DIVIDENDOS) (...) LAS POLÍTICAS DE DIVIDENDOS GENEROSAS CON LOS ACCIONISTAS SE HAN CONVERTIDO EN SEÑA DE IDENTIDAD DE LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS COTIZADAS DE MANERA AMPLIA, TRANSVERSAL Y GENERALIZADA. TANTO QUE INCLUSO HAN INNOVADO EN ESTE CAMPO CON FÓRMULAS COMO EL SCRIP DIVIDEND Y OTRAS, QUE HAN JUGADO UN PAPEL RELEVANTE EN AÑOS FINANCIERAMENTE DIFÍCILES”.

 
APUNTES 2018/03 UNA NOTA SOBRE EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
 
DIEGO RODRÍGUEZ
Nº 147 de 3 / 2019

“LA ORDEN DE PEAJES PARA EL EJERCICIO 2019 APUNTA A UNA INSUFICIENCIA DEL SISTEMA DE INGRESOS Y PAGOS REGULADOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE 453 MILLONES. ES LA PRIMERA VEZ DESDE LA REFORMA DE 2013 QUE EL SISTEMA APARACE CON UN DESEQUILIBRIO EX ANTE. DE HECHO, ES SUPERIOR AL 2% DE LOS INGRESOS PREVISTOS DEL SISTEMA Y DEBERÍA HABER CONDUCIDO A UN AUMENTO DE LOS PEAJES DE ACCESO. ESTO NO OCURRE PORQUE EL RDL 15/2018 HA PERMITIDO CONSIDERAR COMO INGRESO DEL SISTEMA 455 MILLONES DEL SUPERÁVIT PREVIO ACUMULADOS”.

 
UNA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA CRISIS
 
RAIMUNDO POVEDA
Nº 146 de 2 / 2019

“CON UN MISMO MARCO INSTITUCIONAL HUBO CAJAS MAL GESTIONADAS Y CAJAS BIEN GESTIONADAS. HUBO CAJAS QUE FRACASARON CON GERENCIAS PRE LORCA Y CAJAS QUE VADEARON BIEN LA CRISIS. ASÍ QUE EL INFORME CONSIDERA “DESMENTIDA LA TESIS SOBRE LA INFLUENCIA POLÍTICA COMO CAUSA EXPLICATIVA DEL MAYOR IMPACTO DE LA CRISIS SOBRE LAS CAJAS”. QUIZÁS HAYA ALGO DE DEFENSA GREMIAL EN ESA POSICIÓN, PUES LA POLITIZACIÓN TRASLADARÍA PARTE DE LA CULPA A LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS, O A LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.

 
 
 
 
 
consejeros
© Consejeros del Capital Social CDC Group - Avenida de América 37 - 6ª planta Edificio Torres Blancas 28002 Madrid - Teléfono 0034 915 155 715