Número 150 - Junio de 2019
 
REPORTAJES
 
   
     
¿CUÁNTO CUESTA ACTUALIZAR LAS PENSIONES CON LA INFLACIÓN?  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
ÁNGEL DE LA FUENTE
 

EN ESTA NOTA SE CUANTIFICA EL COSTE DE LA SUPRESIÓN DEL INDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PARA VOLVER A LA INDEXACIÓN DE LAS PENSIONES AL IPC. EL EXPERIMENTO CONSISTE EN ACTUALIZAR LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS PAGADAS EN 2017 CON LA INFLACIÓN (QUE SE SUPONE DEL 2%) DURANTE UN SOLO EJERCICIO PARA VOLVER DESPUÉS A LA TASA DE ACTUALIZACIÓN DEL 0,25% QUE HABRÍA QUE APLICAR EN LA SITUACIÓN ACTUAL BAJO LA NORMATIVA DEL IRP AHORA SUSPENDIDA. AUNQUE EL COSTE INMEDIATO DE LA MEDIDA SERÍA RELATIVAMENTE MODESTO E IRÍA DECRECIENDO DESPUÉS CON EL PASO DEL TIEMPO, LOS EFECTOS PERSISTIRÍAN DURANTE VARIAS DÉCADAS Y EL INCREMENTO ACUMULADO DEL GASTO, CALCULADO A PRECIOS CONSTANTES, RONDARÍA LOS 30.000 MILLONES DE EUROS, LO QUE SUPONE UNAS 13 VECES EL COSTE INICIAL.

   
     
       

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma de 2013 del sistema público de pensiones español ha sido la introducción de un Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que ligaba la actualización de estas prestaciones, una vez causadas, a la situación financiera (observada y prevista a medio plazo) de la Seguridad Social, abandonando así la referencia tradicional a la inflación medida por el índice de precios al consumo (IPC). La mayor parte de los analistas coinciden en que, en las circunstancias actuales, la aplicación de este mecanismo de control automático del gasto habría supuesto la cuasi-congelación de las pensiones durante varias décadas. Una vez causadas, las pensiones habrían crecido a un ritmo de sólo el 0,25% anual, lo que, incluso con tasas modestas de inflación, habría supuesto una considerable pérdida de poder adquisitivo durante la vida de sus beneficiarios, con los consiguientes problemas de suficiencia especialmente entre los perceptores de las prestaciones más bajas. Dada la impopularidad de la medida, una vez la inflación comenzó a repuntar tras el fin de la crisis, no se tardó demasiado en suspenderla provisionalmente. En la actualidad, parece existir un amplio consenso entre los principales partidos para derogarla definitivamente, volviendo a la indexación general de las pensiones al IPC.

Aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es ciertamente un objetivo deseable, no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio. La indexación generalizada de las pensiones a la inflación es un compromiso potencialmente muy caro, especialmente en las complicadas circunstancias demográficas a las que nos enfrentaremos en las próximas décadas.1Resulta por tanto necesario analizar con cuidado los costes y beneficios de la supresión del IRP y valorar la posibilidad de establecer algún tipo de limitación o salvaguarda a la indexación con el IPC o de introducir medidas compensatorias que ayuden a mitigar su impacto sobre el crecimiento del gasto en pensiones.

Con el ánimo de contribuir a esta discusión, en la presente nota se cuantifica el coste de la supresión del IRP. El experimento específico de política que se analiza consiste en suprimir el IRP durante un único ejercicio, esto es, actualizar las pensiones contributivas con la inflación durante un solo año para volver después a una tasa de actualización del 0,25%. El cálculo se realiza a partir del gasto en pensiones contributivas realmente observado en 2017 y bajo el supuesto de una tasa de inflación constante del 2% durante todo el período relevante. Puesto que el índice de actualización no afecta a la cuantía inicial de las futuras pensiones aún no causadas, basta con considerar el efecto de la medida sobre las prestaciones percibidas por una población beneficiaria integrada por los ya jubilados a finales de 2017. Para este grupo, han de compararse dos sendas hipotéticas de gasto en prestaciones: la que se habría observado manteniendo la política preexistente, esto es, aplicando el tope mínimo del IRP del 0,25%, y la resultante del experimento propuesto, consistente en actualizar las pensiones con la inflación (que supondré del 2%) durante un año, para volver después al IRP.

El cálculo del coste inmediato de la medida es sencillo, al menos como primera aproximación. En 2017 el gasto público en pensiones contributivas ascendió en España a unos 135.000 millones de euros, sumando las pensiones de la Seguridad Social y las del sistema de Clases Pasivas para funcionarios (véase MEySS, varios años, y MHyFP, 2018). Actualizar esta cantidad al 2% en vez de al 0,25%, supondría un gasto extra del 1,75% de 135.000 millones de euros, esto es 2.363 millones, de los que habría que sustraer las prestaciones no cobradas por el fallecimiento de sus titulares entre 2017 y 2018. En años posteriores, sin embargo, el incremento extra de las pensiones por encima del 0,25% se consolidaría y habría de seguir pagándose durante toda la vida de los beneficiarios afectados, actualizándose a su vez con el IRP un año tras otro. Así pues, la decisión de actualizar las pensiones con la inflación un único año generaría un flujo de costes futuros durante el resto de la vida de los integrantes de la población beneficiaria. Aunque este coste iría reduciéndose con el tiempo en términos reales debido al fallecimiento de los beneficiarios y a una tasa de inflación que estoy suponiendo mayor que el IRP, su valor acumulado durante varias décadas sería mucho mayor que el coste incurrido en el primer año. Bajo mis supuestos, en particular, el gasto adicional acumulado a precios constantes sería de casi 30.000 millones de euros, o 13 veces el coste inicial. Si la supresión del IRP fuese permanente, y considerando sólo los efectos de la medida sobre la población ya jubilada en 2017, esta cifra se elevaría hasta 327.000 millones a precios constantes de 2018, a lo que habría que añadir el incremento de las prestaciones percibidas por cohortes posteriores de nuevos jubilados para llegar al coste total de la vuelta a la indexación al IPC.

Más que la cifra concreta de aumento del gasto, que dependerá de la senda de inflación, lo importante es resaltar que el coste total de cualquier medida en esta línea sería muy superior a su coste inmediato, que es el que se suele calcular y destacar. Dada la naturaleza del sistema de pensiones, que implica compromisos recurrentes de pago durante muchos años, cualquier cambio, incluso transitorio, en las reglas de cálculo o actualización de las prestaciones tiene importantes repercusiones a largo plazo que han de tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones. Además, dado que el sistema afecta a un número muy elevado de personas y moviliza una cantidad ingente de recursos, conviene extremar la precaución a la hora de diseñar posibles cambios de política en este campo.

 
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