Número 159 - Abril de 2020
 
REPORTAJES
 
   
     
“UN CONCURSO DEBERÍA ACABAR EN SEIS MESES. EN ESPAÑA LA MEDIA ES DE CUATRO AÑOS”  
       
 
     
     
     
DIEGO COMENDADOR, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES CONCURSALES (ASPAC)
 

ASÍ QUE NADIE SE EXTRAÑARÁ DE QUE EL 95% DE LOS CONCURSOS ACABE EN LIQUIDACIÓN. “SI NO SE ACABA EN SEIS MESES, TODO VA CONTRA LA EMPRESA, QUE VE DETERIORADO EL VALOR DE SUS ACTIVOS”, EXPLICA COMENDADOR, QUE HA LLEVADO MÁS DE 70 CONCURSOS, INCLUIDO ALGUNO DE GRAN ENVERGADURA COMO EL DE MARTINSA FADESA. AUNQUE EN ESPAÑA, AL MENOS HASTA AHORA, SE CONCURSA POCO (4.000 PROCESOS EN 2018). ENTRE OTRAS RAZONES, “POR EL TEMOR A LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS (...) PORQUE LOS JUZGADOS ESTÁN ATASCADOS Y NUESTRA LEGISLACIÓN EN ESTA MATERIA ES MUY GARANTISTA”.

   
    Foto: Miguel Muñiz (A Coruña)  

TEXTO: FERNANDO RODRÍGUEZ Y LÓPEZ DE ANDÚJAR

Cómo cree que va a afectar la crisis del coronavirus al número de concursos y al uso de la Ley de Segunda Oportunidad en España y al enfoque que empresarios y particulares tienen sobre estas dos herramientas? ¿Cabe ofrecerles algunos consejos?

Es de prever que en las próximas semanas aumente de manera significativa el número de concursos de acreedores, tanto de personas físicas como de empresas. El incremento que definitivamente se produzca dependerá de varios factores, fundamentalmente la duración de la epidemia y la situación económico-financiera de la empresa, y de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis. En todo caso, el consejo que podríamos dar es que, ante el menor síntoma de una insolvencia, los empresarios deben acudir a profesionales, expertos en insolvencias, para que les ayuden en la toma de decisiones que puedan contribuir a conseguir la supervivencia de sus empresas. Y los profesionales que conforman la Asociación Profesional de Administradores Concursales están perfectamente preparados para ello, cuentan con gran experiencia y conocimientos suficientes para poder asesorar a todos aquellos que puedan estar en situación próxima a la insolvencia.

¿Cómo ha sido hasta ahora la crisis para las empresas españolas? ¿Hasta qué punto han servido los concursos para preservar el tejido empresarial español, si se tiene en cuenta que el 95% han acabado en liquidación?

No toda la culpa de esas liquidaciones es atribuible a la legislación concursal. En España se concursa muy poco en relación con otros países. La ley concursal aguantó el envite de la crisis, pero, como regla general, la mayoría de las empresas españolas presentan el concurso demasiado tarde. En España existe una resistencia a acudir al profesional cuando aparecen los primeros síntomas de insolvencia. Por el contrario, cuando se acude a tiempo al concurso, los índices de recuperación son mucho mayores.

Aparte de este problema, ¿qué otros errores cometen las empresas al afrontar un concurso?

El principal error es entrar tarde a los concursos, aunque habría que analizar por qué esto es así. Una de las causas fundamentales es el temor a la larga duración de los procedimientos en España. La media en España fue, en 2017, de 49 meses, lo que quiere decir que, desde que estalló la crisis hace diez años, la duración se ha multiplicado por dos veces y media –el 257%– lo que nos parece a todas luces exagerado y nos preocupa. Siempre digo que un concurso debe acabarse en seis meses. De otro modo, todo va contra la empresa, que entre otras cosas, ve deteriorado el valor de sus activos y dificultada la adopción de medidas necesarias con rapidez debido a esa dilatación de los procedimientos.

¿Por qué duran tanto los concursos?

Los concursos duran mucho porque los juzgados están atascados y porque la legislación española en la materia es muy garantista. Los administradores concursales queremos asumir parte de los trámites de los procedimientos que se desarrollan en sede judicial para desatascarlos. En Aspac, en la Asociación, estamos preparando un borrador para la reforma de la ley concursal en el que vamos a proponer medidas para que los procedimientos judiciales sean más ágiles.

En efecto, hay expertos y empresarios que creen que la legislación concursal español judicializa y encorseta en exceso los procedimientos.

Las Administraciones Públicas también tienen unos privilegios que habría que recortar de alguna manera. En muchos países no existen estos privilegios y se las considera como un acreedor normal más.

Dígame que funciones concretas de los juzgados podrían asumir los administradores concursales.

Proponemos asumir mayores competencias en el seno del concurso en los juzgados. De ese modo, por un lado aumentaría el número de concursos, y también mejoraría de forma notable el porcentaje de supervivencia de las compañías que accedieran a ellos. Las empresas acudirían más al procedimiento porque sabrían que los problemas se solucionan de una manera más ágil. Sin entrar en tecnicismos, existen muchas comunicaciones a los acreedores que debemos asumir porque se agilizaría mucho el procedimiento. Si como administrador hago hoy un informe y el mismo tiempo éste entra en el juzgado y en los correos electrónicos de los acreedores, ganamos días y semanas frente al envío al juzgado para que ese lo distribuya luego. Por otro lado, los administradores podemos resolver incidentes menores, por ejemplo, con proveedores, de forma que el juez pueda limitarse a sancionar estas actuaciones agilizando de este modo los procedimientos.

¿Esto debería concretarse en la nueva ley concursal ahora en elaboración en España?

Sí.

En el mundo anglosajón al administrador concursal se le concede mucho más margen de actuación que en España.

Muchísimo. Y en el modelo legislativo alemán en el que nos inspiramos, también. Lo que queremos son más competencias, en definitiva, más responsabilidad.

Otro ámbito de la legislación concursal española que se suele apuntar como mejorable tiene que ver con la representación que los acreedores tienen en el proceso concursal y su poca capacidad de decisión sobre el futuro de las compañías. Se argumenta que la ley protege los activos de los acreedores, pero que no les permite contribuir demasiado en la definición de la estrategia de viabilidad de la compañía, salvo en la aprobación final del convenio. ¿Qué opina sobre esto? ¿Deberían los acreedores jugar un papel más activo en los concursos?

Quizás. Podrían tener un derecho de veto sobre el nombramiento del administrador concursal, como en otros países. Se les podría dar mayor representatividad.

¿Incluso deberían poder los acreedores supervisar las actuaciones del administrador a través de un Comité de Acreedores institucionalizado?

Para el cumplimiento del convenio ya existe la previsión de un Comité de Acreedores que haga un seguimiento. Para la fase previa, no estoy muy seguro de que fuera útil, porque la labor del administrador concursal es elaborar un informe y hacer una propuesta de convenio, y en la fase de liquidación, ya tiene que hacer informes periódicos. En todo caso, se puede mejorar el margen de actuación de los acreedores.

También hay quien piensa que el alto grado de competencia entre las entidades financieras acreedoras en los concursos dificulta que se apliquen unas reglas claras que faciliten un punto de partida común para agilizar los procesos. Incluso se apunta a que unas recomendaciones sobre buenas prácticas en materia de refinanciaciones por parte del regulador podría mejorar y agilizar los procesos. ¿Qué opina de esto?

No necesariamente. Las entidades financieras quieren solucionar los problemas y cobrar cuanto antes. Otra cosa es que unas entidades tengan privilegios que otras no tienen en determinados concursos y que su actitud en estos sea distinta. Es evidente que en este caso habrá choques. Pero cuando las garantías son las mismas para todos, no tiene sentido que se dilate el proceso. Nadie puede tener interés en prolongar un concurso, ya sea para acabar en convenio o en liquidación.

¿Qué papel juegan los fondos buitre o especulativos –cada vez más abundantes– en la crisis y en los procesos concursales?

Pueden jugar un papel importante a la hora de votar los convenios, si compran una deuda con un descuento muy fuerte. Le pongo un ejemplo: si compran una deuda nominal de 100 por 4, 5 o 10, luego van a votar por 100, con lo cual pueden favorecer que se acuerden quitas muy altas. Quizás habría que pensar en que los acreedores deberían votar por lo que les costó la deuda y no por su nominal. Pueden producirse divergencias entre quienes se comprometieron con la empresa por un precio nominal y los que lo hicieron por un precio cierto inferior. Quizá deberíamos regular este aspecto.

¿Puede la normativa concursal ayudar a prevenir la insolvencia de las empresas? ¿Podría introducirse algo así como la alerta temprana?

Efectivamente. Una de las normas de la directiva europea de junio de 2019 es que los Gobiernos establezcan mecanismos de alerta temprana de las insolvencias. Que se ponga énfasis en la prevención. Y en los procesos de reestructuración, la directiva también habla de un papel destacado del administrador concursal.

¿La directiva señala indicadores concretos para estas alertas?

No, lo deja en manos de los legisladores nacionales.

¿Es realista técnicamente la implantación concreta de estas alertas?

Sí. Existen indicadores de alerta temprana relacionados con los proveedores, la cantidad y plazos de los pedidos, los precios respecto a la competencia, la caída de los márgenes, el aumento de los stocks…

Antes me decía que se acude poco a los concursos en España. Deme algún dato que compare con el contexto europeo.

En Europa, en 2018, por cada 10.000 compañías se declararon de media 67 insolvencias o concursos. El último país europeo en esta estadística es España con 12 concursos. En números absolutos, España tuvo ese año 4.000 concursos, en comparación con los 53.800 de Francia o los 20.000 de Alemania o los 14.000 procedimientos de Italia. En España se concursa muy poco.

¿Y eso qué significa?

Que el empresario es reacio en España a concursar porque cree que no es la solución. Como ya he dicho antes el problema es que se entra o accede demasiado tarde al concurso. Además de los problemas que tiene ahora el proceso en nuestro país, de lo que ya he hablado, está el estigma que representa entrar en concurso, que no existe en otras culturas empresariales o de gestión como la norteamericana.

¿Qué balance hace de la Ley de Segunda Oportunidad de 2015 para las personas físicas, profesionales y los autónomos? ¿Por qué se utiliza menos en España que en otros países?

La Ley de Segunda Oportunidad es la gran desconocida. En general, veo bien que se ofrezca una segunda oportunidad a una empresa o a un particular que son deudores, con determinados parámetros. Pero, como digo, esta posibilidad no se está utilizando en la medida en que se debería por la falta de conocimiento. De todos modos, creemos que los procedimientos para las personas físicas deberían llevarse en los juzgados mercantiles, que son los que más conocimiento y experiencia tienen sobre esta materia, y no en los de primera instancia como está previsto ahora.

España debe transponer a la legislación nacional la directiva europea sobre administración concursal antes de junio de 2021, aunque dispondrá de un año de prórroga más para hacerlo. ¿Qué expectativas tiene respecto a esta nueva norma?

España vive un momento transcendental para la administración concursal. Ahora disponemos de un texto refundido de toda la normativa que está en el Consejo de Estado y que se prevé que salga dentro de poco tiempo. Razonablemente, se aprobará por el Gobierno. Pero debemos tener claro que nacerá para ser reformado porque habrá que adoptarlo a la normativa comunitaria. Los administradores concursales tenemos una oportunidad única para aprovechar la directiva para mejorar la eficiencia de los procesos de insolvencia y profesionalizar al sector exigiéndole una capacitación y una responsabilidad mayor que la actual. Lo que proponemos es que en la reforma de la ley se recoja de una manera clara cuál es el ámbito, el Estatuto y las funciones a realizar del administrador concursal, en el convencimiento de que esto redundará en el beneficio último de las empresas y los afectados por sus insolvencias. Pensemos que los procesos de insolvencias en España involucran, al final, a alrededor de dos millones de personas.

 
 
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