Número 138 - Mayo de 2018
 
REPORTAJES
 

“España crece como nadie en la UE, pero sus grandes desequilibrios –paro, déficit y deuda pública– no se han corregido”

 
     
ESPAÑA: ¿MÁS VALE MALO CONOCIDO QUE MALO POR CONOCER?  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). RAJOY HA PRIMADO LA POLÍTICA Y LOS EQUILIBRIOS SOCIALES FRENTE A LA ORTODOXIA ECONÓMICA, UNA DECISIÓN NO EXENTA DE RIESGOS. BRUSELAS VE MARGEN PARA SUBIR IMPUESTOS PERO ESO SERÍA IMPOPULAR Y CONTRADICTORIO CON EL PACTO CON C’S.

   
   

El mes pasado decía que la primavera había empezado con mal pie. Lo peor de los presupuestos presentados por Montoro no era su contenido, sino que probablemente no pasarían de proyecto y no serían aprobados. La crisis catalana impediría el voto a favor del PNV. Y la falta de presupuestos agravaría la poca estabilidad que se derivaba de tener un gobierno sin mayoría parlamentaria.

Hoy deberíamos decir que la primavera progresa adecuadamente. El PNV ha priorizado la estabilidad del gobierno Rajoy, seguramente por miedo a que la inestabilidad llevara a elecciones anticipadas y a un reforzamiento de C’s. El PNV ve en Rivera una amenaza al concierto y al cupo vasco, un instinto centralista y una actitud todavía más rígida que la del PP para una salida negociada de la crisis catalana. Por eso parece haber decidido que “más vale malo conocido que malo por conocer” y -salvo imprevisto- votará los presupuestos que serán aprobados con los votos del PP, C’s, PNV y dos partidos canarios.

Mayor crecimiento, más protesta social

Así la legislatura podría acabar en 2020, su término legal, porque en 2019 Rajoy (si le falla el PNV o C’s) siempre podría prorrogar. La estabilidad política está así más garantizada. Un paso adelante.

Pero, ¿qué pasa con la estabilidad económica? El presupuesto es siempre un compromiso arduo entre el objetivo económico, garantizar el crecimiento a medio y largo plazo, y el político, ser aprobados y no arriesgar los equilibrios sociales, tarea siempre más complicada para un gobierno en minoría. Y en el presupuesto presentado por Montoro este equilibrio ya resultaba muy comprometido para los criterios tanto del FMI como de las instituciones europeas (Comisión y BCE).

Ahora el pacto con el PNV, que implica revalorizar todas las pensiones según el IPC en 2018 y 2019, prima todavía más los imperativos políticos. Desde el punto de vista ortodoxo acentúa la vulnerabilidad económica de España. Pero quizás era inevitable.

Me explicaré. España tiene el crecimiento más alto de los grandes países de la UE, pero los grandes desequilibrios (déficit, deuda pública y desempleo) se han corregido poco. Estamos lejos de los parámetros europeos. Sin embargo, al amparo de un crecimiento que parece garantizado (cuatro años de aumento del PIB, tres por encima del 3%) hay una corriente de demandas sociales, provenientes en parte de las heridas de la crisis económica y política, que llevan a amplios movimientos de protesta. España ha sido el país en el que el día de la mujer ha tenido un carácter más reivindicativo (manifestaciones y huelgas del 8 de marzo). Las protestas contra la sentencia del juicio de La Manada han afectado tanto al prestigio del poder judicial como a las relaciones entre un gobierno (débil y sacudido por las demandas populistas) y los jueces. Y durante los últimos meses hemos visto una movilización sin precedentes de jubilados que no estaban dispuestos a tolerar un aumento de las pensiones del 0,25%, cuando la economía crece y el Gobierno presume de la recuperación económica como uno de sus grandes logros.

En este contexto Rajoy se ha acogido al pacto con el PNV para oficiar con cierta dignidad lo que creía una inevitable rectificación. Con una economía creciendo y un partido gobernante sacudido por sus fallos y por la corrupción se veía incapaz de seguir aplicando la reforma de las pensiones aprobada con mayoría absoluta -y en circunstancias graves- en el 2013. Y como la situación ahora no es de urgencia (los tipos que pagamos por la deuda son bajos y el BCE es la garantía) ha decidido ceder un poco para que la ola de protestas no acabe agujereando sus precarios equilibrios políticos.

España, país europeo con mayor déficit

Es primar el imperativo político sobre el económico. Y la decisión no deja de tener riesgos. Pese a que somos el país de la UE que más crecemos, también somos el de mayor déficit público, que en el 2017 se quedó en 36.200 millones, el 3,1% del PIB, una décima por encima del límite fijado para salir del procedimiento sancionador comunitario. Por contraste, el déficit de toda la zona euro fue de 98.000 millones, solo el 0,9% del PIB. Y siete países, no solo Alemania y Holanda, tuvieron superávit.

Pese a que la CE cree que el crecimiento del PIB será del 2,9% en el 2018, previsión más optimista que la del Gobierno, que apuesta por el 2,7%, respecto al déficit preveía ya, antes de pacto de pensiones con el PNV, un saldo negativo para este año del 2,6% del PIB, un 0,4% por encima del objetivo del 2,6%. Y el peligro es que las últimas medidas puedan hacer que vuelva a superar el 3% del PIB, lo que sería visto por Bruselas y por el BCE como una falta de solvencia y casi como una burla.

 
 
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