Número 134 - Enero de 2018
 
REPORTAJES
 

“Pese a sus errores, el independentismo ha logrado mantener el apoyo del 47% de los catalanes”

 
     
ESPAÑA: CATALUÑA CONDICIONA EL 2018  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). RAJOY HA SABIDO SUPERAR LA CRISIS, PERO SE ENFRENTA AHORA A UNA CATALUÑA DESGAJADA EN DOS MITADES, A LA DESESTABILIZACIÓN GENERADA POR UN INDEPENDENTISMO QUE SE RESISTE A RECTIFICAR.

   
   

Contra lo que aseguraban los agoreros, temían los más serios analistas y aterrorizaba al propio PP, a Mariano Rajoy no se lo ha llevado por delante la grave crisis económica y de la deuda que azotaba a la zona euro -y más intensamente a España e Italia- cuando llegó al poder a finales del 2011. No se trata tanto de que la política económica haya sido más o menos acertada sino de que la liberalización del mercado laboral y la relativa contención del déficit -aunque fuera a lo Montoro-, junto a la política monetaria superexpansiva de Mario Draghi en el BCE, han permitido que desde 2014 se recuperara el crecimiento (tras seis duros años de recesión), que se creara empleo y en consecuencia aumentara el consumo de las familias y mejoraran también los ingresos públicos.

Mucho se debe a Mario Draghi, pero no todo, ya que Italia también se ha beneficiado de su política (por algo Draghi es italiano) y no está creciendo ni creando empleo como España. En este sentido 2017 ha sido un buen año para Rajoy. El PIB ha crecido a un ritmo anual del 3,1% (datos del tercer trimestre) y se han creado unos 600.000 empleos (un 3,42% más) según las afiliaciones a la Seguridad Social. Es más, es el primer año desde la crisis en el que los ingresos de la Seguridad Social suben más (el 5,4%) que las cotizaciones, lo que quiere decir que algo se mueve en los salarios.

Salario mínimo

No todos los indicadores son favorables. La contención del gasto público se ha hecho con recortes sociales (muchas veces injustos y dolorosos), y se ha basado excesivamente en el hachazo a la inversión pública. Y los salarios han caído (en especial los de los que entran en el mercado de trabajo) permitiendo recuperar competitividad. Pero el 2017 el salario mínimo creció el 8% (por imposición del PSOE para votar los presupuestos de 2016) y ahora ha habido un inicio de concertación social (con la CEOE y los sindicatos) para subir durante cuatro años el salario mínimo siempre que se mantenga un crecimiento fuerte. Y el número de empleos a final de 2017 era de 18,4 millones, todavía por debajo de antes de la crisis, pero la cifra más alta desde el 2008. Y aunque las empresas vuelven a tener beneficios sostenidos, el Ibex ha cerrado el año en el 10.400, con un incremento del 7,4% pero todavía muy lejos del 15.900 del 2007 mientras que el Dow Jones y los índices de otras bolsas europeas han superado ya los niveles de antes de la crisis.

Pero si en el campo económico 2017 ha sido positivo para Rajoy, no lo ha sido en el político. Ha podido gobernar sin mayoría, pero en el último cuatrimestre la crisis catalana ha alcanzado tal magnitud que el interrogante es si se puede acabar convirtiéndose en el punto de inflexión (hacia abajo) de su carrera política.

No se trata de juzgar responsabilidades, pero Rajoy se comportó más como líder de la oposición (a Zapatero) que como hombre de Estado cuando lanzó una gran campaña contra el Estatut en 2006 y luego lo recurrió masivamente ante el Tribunal Constitucional. Quizás más grave es que cuando luego llegó al poder no hiciera todo lo necesario para rebajar el conflicto, aunque es cierto que el maximalismo de Artur Mas no se lo puso fácil. Mas difícil de entender es que a finales de 2016, cuando volvió a formar gobierno, no incorporara a uno o dos representantes de la sociedad civil catalana (de talante moderado, pero no afiliados al PP), lo que hubiera dificultado la propaganda del independentismo basada en que el gobierno de España castigaba a Cataluña.

Y así el conflicto alcanzó cotas máximas el 6 y 7 de septiembre cuando el parlamento catalán aprobó sendas leyes de ruptura con España y el 26 de octubre una declaración de independencia que era una rebelión contra el propio Estatut de Cataluña y la Constitución y un desafío a la unidad de España. Ante tal situación, Rajoy no tuvo otro remedio que recurrir al artículo 155 de la Constitución -pensado más como arma de disuasión que para ser usado-, cesar al gobierno catalán y convocar elecciones en el plazo más corto posible.

Las elecciones del 21-D fueron una apuesta arriesgada pero no había otra opción. La autonomía no podía suspenderse indefinidamente y la gestión directa por el Estado era peligrosa. Ya se vio el 1 de octubre, cuando los aparatos del Estado no supieron localizar las urnas que se aseguró que nunca llegarían a los colegios electorales y las fuerzas de seguridad reprimieron a muchos ciudadanos que querían votar en el referéndum ilegal. Fue un día aciago para Cataluña y para la democracia española porque las televisiones de todo el mundo pusieron en evidencia que en España había un grave conflicto territorial.

División

Lo relevante de las elecciones era que el independentismo -que había violado las leyes, perjudicado a la economía y demostrado su incompetencia- no revalidara su mayoría absoluta y se pudiera abrir una etapa de revisión y diálogo que llevara a que la parte más moderada del independentismo repensara su programa (aunque lo mantuviera quizás como aspiración última), pero volviera a acatar las leyes constitucionales como ya hizo el nacionalismo pre independentista desde 1980 a 2010 en las presidencias de Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla. En esa etapa el catalanismo contribuyó de forma positiva a la estabilidad española al apoyar -puntual pero decisivamente- a los gobiernos de UCD, Felipe González, Aznar y Zapatero (evitando el rescate de España en 2010). Cobrando un precio, claro, pero esa es la regla del juego político y en España -por motivos históricos- la bisagra ha sido nacionalista.

Pero no ha sido así. Cataluña está desde hace años partida en dos mitades y el independentismo ha conservado el 47,5% de los votos (ha bajado solo dos décimas pese al aumento de la participación) y ha logrado salvar su mayoría absoluta. Quizás esos tres diputados (ha bajado a 70 cuando la mayoría absoluta es de 68) los hubiera perdido si la campaña se hubiera centrado en el balance del gobierno Puigdemont y el independentismo no hubiera podido recurrir a la protesta contra la prisión de algunos de sus dirigentes.

No era obligado que la campaña electoral estuviera condicionada por la protesta contra las peticiones y órdenes de prisión de la fiscalía, la Audiencia Nacional y el propio Supremo, porque los delitos no prescriben en 55 días y porque la prisión incondicional (antes de juicio) por motivos políticos no es seguramente lo más inteligente.

Pero las cosas son como son y el independentismo ha salvado por los pelos su mayoría absoluta y es difícil que quiera (o sepa) rectificar. Lo más probable es que -pese a las divisiones y luchas internas- tengamos en febrero un presidente independentista. Y es de temer que la ruptura de los mínimos de confianza mutua y los procesos penales en el Supremo no faciliten -e incluso impidan- el diálogo entre los dos gobiernos.

 
 
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