Número 132 - Noviembre de 2017
 
REPORTAJES
 

“Al contrario de lo que pasó en 2015, los secesionistas van a presentarse por separado a las elecciones, lo que pone de manifiesto sus diferencias y el fracaso de la operación”

 
     
ESPAÑA: PENDIENTES DEL 21-D  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). EL INDEPENDENTISMO ACUDIRÁ A LAS URNAS POR SEPARADO Y TENIENDO QUE DEFENDER UN BALANCE CATASTRÓFICO. LA ECONOMÍA CATALANA YA SE VE LASTRADA Y, SI NO CAMBIA LA TENDENCIA, AFECTARÁ AL CRECIMIENTO ESPAÑOL.

   
   

Al final la declaración de independencia del Parlamento catalán del 27 de octubre -que ahora la presidenta del mismo Parlamento dice ante el Tribunal Supremo que solo fue simbólica- condujo a la inmediata e inevitable aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero Rajoy actuó con prudencia, ya que el 155 no tenía como objetivo recortar la autonomía o suspenderla, sino intervenirla durante 55 días y convocar elecciones autonómicas para el 21-D. Lo que Puigdemont estuvo a punto de hacer un día antes y no se atrevió ante las presiones de los separatistas más radicales.

Quizás por eso el 155 no fue bien acogido en Cataluña (el 63% de catalanes no lo aprueba frente al 61% del total de españoles que sí lo hacen según una encuesta de El País), pero no hubo grandes manifestaciones de protesta. Y es que sobre la convocatoria de elecciones como única salida que altere el mínimo posible la normalidad democrática, la opinión de los catalanes es mucho más favorable: el 69% la aprueba, casi tanto como el total de españoles (76%).

Fiasco

En principio, pues, la situación podría haber tendido a la normalización y que todo quedara pendiente de las elecciones del 21-D en las que el independentismo se iba a presentar teniendo que defender un balance catastrófico. Como ha dicho Santi Vila, una de las pocas voces sensatas de la antigua CDC, se decía que estábamos a un paso de la independencia y nos hemos encontrado en la preautonomía. Además no hubo ni un mísero reconocimiento internacional, muchas empresas catalanas han tenido que trasladar su sede social fuera de Cataluña, se empiezan a percibir negativos efectos económicos y se ha deteriorado el consenso social. Una encuesta de La Vanguardia (6 de noviembre) subraya que el 58% de los catalanes (contra el 27%) cree que Cataluña ha salido perdiendo en los cincos años del “procés” (2012-2017).

Sin embargo, la prisión incondicional dictada por la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, del vicepresidente Oriol Junqueras y de siete consellers del destituido gobierno catalán ha vuelto a alterar los ánimos. Muchos catalanes no independentistas juzgan desproporcionada la medida. No es tanto que no se crea que se debe aplicar la ley sino que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Y que por tanto la prisión incondicional previa al juicio debe ser una medida excepcional. Y en este caso no había ni posibilidad de reincidencia -los consellers están destituidos- ni riesgo de fuga, pues se presentaron a la Audiencia Nacional mientras Puigdemont y otros se trasladaron a Bruselas. Es más, dos consellers que fueron a Bruselas regresaron a España para presentarse ante la Justicia.

La consecuencia es que al separatismo se le facilita centrar sus campaña en la protesta contra la prisión de sus dirigentes y contra la “deriva autoritaria” del Estado, y no tanto en el triste balance de su gestión. Pero el pecado lleva su penitencia y, contrariamente a lo que ocurrió en 2015, los secesionistas se van a presentar en dos listas separadas (tres, contando con la de las CUP). Y la batalla entre la lista de ERC, encabezada por Oriol Junqueras desde la prisión de Estremera, y la del PDeCAT liderada por el expresidente Puigdemont desde Bruselas, va a poner de manifiesto el fracaso de la operación y las diferencias internas.

Encajes electorales

El resultado es impredecible en este momento aunque todas las encuestas indican que no va a haber grandes cambios respecto a las elecciones de 2015. Parece que ERC va a tener bastantes más votos que el PDeCAT, que las CUP bajan algo, que hay tendencia al alza moderada en el PSC de Miquel Iceta y en C’s, y que el PP y los comunes se mantienen estables. Pero un desplazamiento de votos del solo el 2% puede hacer que el independentismo unido (si así se mantiene, y sumando incluso a las CUP) pierda su mayoría absoluta. Es posible e incluso probable. Otra cosa es que tampoco aparezca posible una mayoría alternativa clara -formada por el PP, C’s y el PP- que tiene difícil sumar los suficientes escaños. Los comunes de Ada Colau, ligados a Podemos, tendrían entonces cierta capacidad de arbitraje y no se puede descartar un lento y laborioso pacto transversal entre partidos separatistas y constitucionalistas.

No es fácil, pues, que el resultado del 21-D conlleve una rápida solución del problema, pero tanto si el independentismo pierde la mayoría de escaños (la de votos ya no la tuvo y parece casi imposible que la logre) como si se divide sobre la ruta futura por seguir, se habrá iniciado el camino hacia una normalización.

Y muchas cosas dependen del 21-D. La economía catalana ya ha empezado a enfriarse. En los primeros nueve meses del año crecía a un 3,5% anual, por encima de la española, pero ahora los primeros datos conocidos de octubre son muy preocupantes. Hay un claro descenso del turismo y de las reservas de congresos internacionales. El paro ha crecido el 3,67% en octubre -que no es un buen mes-, el doble que la media española. El 70% de los comerciantes dicen que las ventas bajaron en octubre respecto al mismo mes del año pasado.

 
 
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