Número 129 - Julio de 2017
 
REPORTAJES
 

“Fátima Báñez incitaba a los empresarios a aumentar los salarios al mismo ritmo que el PIB, pero los sueldos deben crecer en función de la competitividad de cada empresa”

 
     
ESPAÑA: EL RIESGO DE PEDIR PERAS AL OLMO  
           
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  Foto: Archivo RC  
   
   

TEXTO: JOAN TAPIA (BARCELONA). BAJAR IMPUESTOS CON UNA DEUDA DEL 99% DEL PIB, UN AGUJERO EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y PERSPECTIVAS DE QUE EL BCE SUBA LOS TIPOS ES UNA IRRESPONSABILIDAD: SE LANZA EL MENSAJE DE QUE PODEMOS PERMITÍRNOSLO

   
   

En algunas de mis crónicas he señalado que la buena marcha de la economía se ve perjudicada por la inestabilidad que crea la ausencia de una mayoría estable, la tortuosa relación entre las cuatro fuerzas políticas estatales, y los defectos del estado autonómico. En especial, la incapacidad para superar la crisis de la relación España-Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que corregía el Estatut de 2006 (ya aprobado en referéndum).

Esta inestabilidad ha sido salvada -no sin pagar un alto precio- para aprobar los presupuestos de 2017. Y cuando se lean estas líneas -confío en acertar- tampoco habrá impedido la aprobación del techo de gasto del año que viene. Pero con decisiones motivadas por la falta de mayoría que fuerza a primar el corto plazo, que dificultan una política económica solvente a medio. No estamos aprovechando las oportunidades que brinda un crecimiento sostenido del PIB del 3% anual.

A mediados de junio el ministro Montoro descartó con rotundidad una rebaja del IRPF en el 2018 pero la primera semana de julio el PP y C’s alcanzaron un pacto que desautoriza al ministro cuando afirmó que no bajaría el IRPF porque la prioridad era salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas y bajar el desequilibrio de las cuentas públicas del 3,1% de este año al 2,2% en 2018. Luego -venía a decir Montoro- cuando seamos más libres frente a Bruselas y se acerquen las elecciones de 2019 o 2020 (si se agota la legislatura), ya habrá “zanahorias para repartir”.

Como ministro de Hacienda de Rajoy, la posición de Montoro tenía solidez. La recaudación -dopada por el crecimiento- tira al alza con cierta fuerza por lo que calculaba que se podía cumplir el objetivo de déficit (el 2,2% del PIB) subiendo el techo de gasto, por primera vez desde el 2014, un 1,3%, hasta 119.843 millones. Eso permitía un concurso de empleo público de 20.000 plazas -4.400 de ellas nuevas-, el primero desde 2010. Y este discurso ligeramente expansivo de Montoro -aumento del gasto y reducción del déficit público-, al que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal planteaba alguna reserva, era acorde con el de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que incitaba a los empresarios a aumentar los salarios al mismo ritmo que el PIB. Olvidaba que los sueldos deben crecer en función de la competitividad de cada empresa y que no podía predicar con el ejemplo, ya que las retribuciones de los funcionarios lo hacen a un ritmo menor.

Ecuación complicada

El Gobierno proponía más gasto público (con mesura), lo que permitía crear empleo público y bajar el déficit de las administraciones, lanzando el mensaje “simpático” y algo triunfalista de que convenía subir salarios. Pero de repente a lo de más gasto público y menos déficit -ya poco fácil- se le ha sumado una tercera obligación -bajar impuestos, el IRPF- que hace la ecuación todavía más complicada. Difícil de vender y todavía más de cumplir.

¿Qué ha pasado? Varias cosas. Primera -pero ni de lejos decisiva-, que Montoro, al alza por la recaudación, tiene problemas: la sentencia del Constitucional sobre la amnistía fiscal, el ex ministro Soria que amenaza con un libro en el que dice que utilizó sus datos fiscales para descalificarle ante Rajoy, y una campaña en su contra -de cierta intensidad- del ABC, siempre influyente en la derecha de Madrid. Segunda -y más relevante-, que al no poderse repetir el pacto para el techo de gasto del 2017 con el PSOE, el Gobierno está totalmente en las manos de Rivera. Sin el apoyo de C’s el Gobierno solo podía asumir el deshonor de prorrogar presupuestos. Tercero, que Rivera (y Luis Garicano) han primado sus zanahorias.

¿Por qué iba C’s a dejar que el presupuesto fuera un mixto de racionalidad económico-presupuestaria y de los intereses del PP? Había que conseguir vender que los presupuestos eran más generosos y progresistas, más abiertos a los jóvenes, gracias a C’s. Por eso Rivera se planta y exige una rebaja del IRPF para los mileuristas. Que no paguen IRPF solo los que ingresan menos de 12.000 euros sino también los de menos de 14.000. Y que se rebaje el de los que ganan entre 14.000 y 17.000. Además, el coste, 2.000 millones, tampoco es descomunal. Y como Montoro se resiste, Garicano habla con Guindos, el frente liberal anti impuestos, y Guindos defiende la causa de C’s ante Rajoy. Rajoy hace números y llega a la conclusión de que los 32 diputados de C’s son vitales mientras que los 2.000 millones son… tarea del ministro de Hacienda. Desde el punto de vista de la política a corto, Rivera se ha apuntado un tanto.

Y Montoro, que sabe que es estúpido escupir al cielo, traga. E incluso contento. Finalmente, quien baje el IRPF a los mileuristas será el gobierno del PP e intentará sacar todo el pecho posible. ¿Los 2.000 millones? Sí, es una pesadilla. Y más con ese Escrivá (el de la AIReF) fisgando por los rincones, pero la recaudación tira y… finalmente si nos quedamos en el 2,9% en vez del 2,2% podremos decir que hemos bajado del 3%. Bruselas reñirá un poco... y tragará.

Ya dijo Rajoy en la asamblea del Instituto de Empresa Familiar que no podría continuar las reformas con poco más de 130 diputados. Ahora tiene que hacer cesiones en los presupuestos de 2018 pero poder acabar la legislatura es el bien superior por preservar. Es la segunda vez que C’s actúa con una visión liberal anti impuestos cortoplacista (Rivera) frente a lo que debería ser una doctrina liberal responsable a medio plazo (teóricamente, Garicano). La primera fue hace poco -presupuestos de 2017- cuando forzó a Montoro a perder ingresos al hacerle retirar el nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas que recomienda Bruselas (y que no gusta nada a Coca-Cola).

 
 
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