Número 143 - Noviembre de 2018
 
REPORTAJES
 
“En el fondo del fondo de este problema late la trayectoria demográfica de España (y de Europa)”    
     
Y MÁS DEUDA, PARA SUBIR LA PENSIÓN  
       
 
     
     
     

SUPRIMIR LA REFORMA DE 2013, ROMPER CON LAS BASES DE SOSTENIBILIDAD E IR A UNA REVALORIZACIÓN CON EL IPC, SOLO PUEDE AGRAVAR EL PROBLEMA DE UN ESTADO QUE YA TIENDE AL DÉFICIT Y A LA DEUDA.

   
     
    Foto: Archivo RC  

TEXTO: MIGUEL NAVASCUÉS

Hay un estudio riguroso y profundo en Fedea (“¿Hacia una nueva reforma de las pensiones? Notas para el pacto de Toledo”), sobre lo que supondría la reforma que se está gestionando –por Gobierno y Podemos, en ese reeditado “Frente Popular”– del cálculo de las pensiones. Es un trabajo encomiable con la significación añadida de que Fedea no cojea, precisamente, de la pata izquierda, si es que hubiera que aclarar este tipo de cosas. Debería no tener que mencionarse, pero tal y como están las cosas, mejor decirlo. Un trabajo tan prolijo es muy difícil de sintetizar para el lector que no quiera meterse por vericuetos que le pueden disuadir de llegar hasta el final. El trabajo comienza por cómo se desarrollarían las cosas si no se cambia la ley actual, fruto de las reformas hechas en 2011 y 2013, que garantizan cierta sostenibilidad del sistema, lo cual creo que es el tema de fondo más importante. Sin embargo, aun manteniendo esas reformas, bajo supuestos bastante benignos de productividad, crecimiento, empleo e inmigración, habría que contar con la aparición de cierta deuda del sistema no desdeñable, que habría que financiar, con un aumento de la contribución de los activos o con la emisión de deuda, sobre un Estado que tiende al déficit y a la deuda. Estas dos alternativas se amplifican y agravan al suprimir la reforma de 2013. En efecto, lo peor es el caso de que se lleve a cabo la reforma de la que se está hablando, de romper con las bases de sostenibilidad mencionadas y ligar el cálculo del aumento de las pensiones al IPC anual, un cambio a todas luces injusto desde el punto de vista intergeneracional, pues traslada a las generaciones futuras las malignas consecuencias de ese cambio.

Por las dificultades de síntesis, doy por comprendido que la no-reforma es hoy la menos mala de las soluciones (pese a sus deficiencias), y paso a citar lo que dicen los autores de las consecuencias del proyecto del Pacto de Toledo que está encima de la mesa.

Supresión de la reforma de 2013

“Manteniendo constantes el resto de los supuestos de nuestro escenario base, y en particular los que tienen que ver con el influjo de inmigrantes, supongamos ahora que se deroga la reforma de 2013, de forma que de 2018 en adelante se vuelve a la actualización de las pensiones con el IPC y no se introduce el factor de sostenibilidad. Comparando ambos gráficos vemos cómo esta contrarreforma afectaría a las sendas esperadas de las variables de interés.

El principal cambio es que la nueva política se traduciría en un sistema mucho más generoso en términos de la cuantía de las pensiones y, por ello, muy dudosamente sostenible sin forzar cargas muy gravosas sobre ciertas cohortes de [futuras personas en activo] (y posiblemente otros contribuyentes).

De acuerdo con nuestros cálculos, el gasto en pensiones se dispararía en casi 6 puntos desde el momento actual hasta un pico del 16,9% del PIB en 2052, lo que, en ausencia de una subida de cotizaciones, generaría a finales de la década de los setenta una deuda ligada al sistema de pensiones de más del 200% del PIB. Para evitar esta situación, muy difícilmente sostenible, habría que elevar sensiblemente las cotizaciones sociales (u otros impuestos)”.

Las dos alternativas, la de incrementar la deuda o descargar el peso sobre los cotizantes con trabajo, pueden verse en los gráficos adjuntos, que tomo del artículo de J.R. Rallo sobre el mismo tema.

Cuando estamos hablando de un 200% sobre PIB de deuda, estamos hablando de deuda exclusiva de las pensiones, a la que habría que añadir la deuda del Estado, actualmente del 100% del PIB, y que no parece que se vaya a reducir fácilmente. No es un panorama como para no inquietarse y dejar que sean las próximas generaciones las que carguen con el problema. Lo mismo se puede decir de una proyección de unas cotizaciones sociales, solo por pensiones, de más de 40% del PIB, un auténtico dislate.

De todo esto se deducen varias cosas, como que el PSOE ha perdido totalmente el sentido de la socialdemocracia al saltarse a la torera la solidaridad intergeneracional, tan importante o más que “la de clases”, o como quiera que se la llame.

De Unidos Podemos no es fácil saber si le importaría deshacer a España política y financieramente, pues el “cuanto peor, mejor”es una consigna nada insignificante que conocen muy bien los partidos de su laya. (Según el recién liberado preso venezolano Lorent Saleh, las malformaciones económicas que han traído a Venezuela el hambre y la hiperinflación están bien calculadas por el régimen, pues una población preocupada por qué va a comer la próxima hora no tiene tiempo de hacer política)

Ya ha habido quienes se han ocupado de enfrentar a unos grupos de la población con el resto, sobre todo utilizando los pensionistas como ariete, lo que ha terminado de destrozar la escasa sensatez política que quedaba, si alguna quedaba. Así, parecería que si las cosas se complicaran financieramente en España, tanto mejor para algunos...

Contrarreforma

Me gustaría destacar algunos párrafos de las conclusiones finales de los autores del artículo de Fedea citado: “Incluso bajo el escenario migratorio más favorable que quepa contemplar (e ignorando los posibles efectos adversos de la inmigración sobre la productividad media), la derogación de esta reforma es una decisión que no puede tomarse a la ligera por motivos de equidad intergeneracional y porque supondría incrementar de forma muy significativa la presión que el sistema de pensiones ejerce sobre unas cuentas públicas que todavía registran un déficit importante y un elevado nivel de deuda en el mejor momento del actual ciclo económico y que, además, tendrán que acomodar en el futuro unas necesidades crecientes de gasto en funciones como la sanidad o la dependencia que también son muy sensibles al rápido proceso de envejecimiento de la población en el que nos encontramos.

 
 
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