Número 142 - Octubre de 2018
 
REPORTAJES
 
   
     
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO      
       
 
  Foto: Archivo RC  
   
   
LUIS ITURBE, EX PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS
 

ES UN IMPUESTO INJUSTO, TÉCNICAMENTE DEFICIENTE –Y ELUDIBLE POR ALGUNAS GRANDES FORTUNAS–, QUE LOS EXPERTOS RECOMENDARON SUSTITUIR POR UN IBI MÁS AJUSTADO A LAS VALORACIONES REALES.

 
   

Cuando en noviembre de 1977 fue aprobado el llamado entonces Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, nadie podía pensar que dado ese calificativo iba a perdurar hasta la fecha. Nació con la reforma fiscal de Fernández Ordoñez y lo único exculpatorio que se puede decir es que tenía una finalidad censal patrimonial. De ahí, quizás, su denominación de extraordinario. Tan injusto y técnicamente deficiente impuesto, como más adelante argumentaremos, ha estado vigente desde entonces, salvo en 2008, en que el ministro Miguel Sebastián (único en su cargo que lo ha criticado) convenció, nada menos que al presidente Zapatero para dejarlo sin efecto. En 2012 (presupuestos de 2011), el ministro Montoro (“Todos al suelo que…”) lo volvió a instaurar en sus negociaciones con las Comunidades Autónomas, que son las que lo recaudan. Es decir, desde 1978, todos los años menos cuatro.

Como antes lo hemos definido como impuesto injusto y técnicamente deficiente, trataremos de argumentarlo. Este impuesto es:

Insólito en los países de nuestro entorno. Anteriormente también ha estado vigente en Francia para niveles de patrimonio, a efectos de tributar, más altos y tipos más bajos. Convencidos de su poco sentido, ha sido derogado. En Italia solo se aplica un 0,15/0,20% y únicamente sobre los activos financieros en el exterior.

Contrario a la teoría económica. Este impuesto penaliza el ahorro y estimula el consumo. No explicaremos que lo prioritario es el ahorro, y más en un país como España, deficitario de inversión a largo plazo, pues académicamente es tan obvio que “el que quiera saber, que vaya a Salamanca”. Para mejor comprensión, un ejemplo: dos hermanos que heredaran un patrimonio y uno lo conservara y otro lo dilapidara, serían tratados de forma distinta por este impuesto.

Confiscatorio. La escala de tributación de este impuesto, que va del 0,20% al 2,5%, progresivamente, no ha variado desde 1977 (bueno, sí ha variado, pues algunas comunidades han aumentado los tipos máximos. ¡Extremadura hasta el 3,75%!). En 1977 el Estado español emitía bonos a 10 años al 10,5% y hoy lo hace al 1,5%. Mismo tipo de gravamen para rentabilidades 9 puntos menores. Supongamos un gran patrimonio con una parte destinada a este activo; habría pasado de pagar (además del IRPF) por este impuesto, en el marginal, en torno al 20% de sus rentas, a pagar más de lo que recibe. Claramente confiscatorio.

Discriminatorio por clase de activos. La inequidad del tratamiento, a efectos de valoración, de los activos por este impuesto es manifiesta. Veamos algunos ejemplos:

– Activos mobiliarios.- Los saldos bancarios se valoran por su importe y acciones, renta fija y fondos por su valor de cotización. Es decir, todos ellos valor de mercado.

– Activos inmobiliarios.- La mayoría por su valor catastral, inferior al de mercado. Hecho especialmente acentuado en las fincas rústicas. También, en algunos casos, como explicaremos más adelante, a precios superiores a los de mercado.

– Objetos de arte, antigüedades, joyas…- De hecho, al precio que lo declare (si es que lo hace) el contribuyente. Un cuadro valioso, un incunable o una joya importante, por citar solo unos ejemplos, están mejor tratados (y son más eludibles) que los anteriores.

– Determinadas participaciones totales o parciales en empresas.- Este tema lo trataremos más adelante con detalle, dada su importancia.

Con esta clara discriminación por activos, no es extraño que, según datos de la AEAT, un 70% del total de los bienes declarados por este impuesto sean valores mobiliarios. Hecho que no se corresponde con la distribución real del patrimonio de los españoles.

Discriminatorio para un mismo activo. En el caso de los inmuebles, la norma de valoración es el precio mayor entre: el valor catastral, el comprobado por Hacienda en otros impuestos y el de compra. Como hemos dicho anteriormente, la mayoría está en el primer caso, pero en las compras de inmuebles realizadas en la pasada burbuja inmobiliaria es normal que su precio de mercado actual sea inferior al de compra, con lo que además de esta “tragedia patrimonial” aún debe pagar más impuesto del patrimonio.

Puede darse el caso de dos vecinos en un mismo inmueble, uno adquirido hace tiempo y otro en la burbuja, que deban valorar dos pisos iguales de forma distinta.

Eludible por algunas grandes fortunas. Con la finalidad inicial de no gravar las empresas, se dio pie al mayor instrumento para evitar tributar por este impuesto a importantes patrimonios. Quedan exentos en este impuesto los titulares de una participación accionarial si cumplen lo siguiente:

– Participación superior al 5% del capital

– Realizar funciones de dirección.

– Que más del 50% de sus ingresos de trabajo procedan de la sociedad.

Es decir, se permite que ciertos accionistas de control, con recibir como retribución de consejo, o empleo en general, más del 50% de sus rendimientos de trabajo de la sociedad en cuestión, no tributen por sus acciones en ella. No hace falta dar ningún nombre pero habría bastantes y todos grandes fortunas. También quedarían exentas las participaciones en algunas sociedades inmobiliarias patrimonialistas, cuyos titulares cumplieran esos requisitos. Aquí también se podrían dar algunos nombres de grandes empresas, cuyos accionistas de control gozan de esta exención.

Condenado por los expertos. En febrero de 2014 se publicaba el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, presidida por el profesor Lagares. Una, inicialmente acertada, decisión del gobierno de Rajoy, que posteriormente el ministro Montoro (o quien fuera) dejó dormir el sueño de los justos en el último cajón de su despacho. Pues bien, esta comisión, cuya independencia y autoridad académica y técnica está fuera de toda duda, en su recomendación nº 54 abogaba por la supresión de este impuesto.

 
 
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