Número 127 - Mayo de 2017
 
REPORTAJES
 
   
     
EL TRATAMIENTO DE LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL EN ESPAÑA      
       
 
  Foto: Archivo RC  
   
   
VALENTÍN PICH, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
 

SI SE INCLUYERA EN LA LEY CONCURSAL UNA DEFINICIÓN DE INSOLVENCIA MÁS EMPRESARIAL QUE JURÍDICA PODRÍA EVITARSE QUE EL 90% DE LOS CONCURSOS ACABE EN LIQUIDACIÓN

 
   

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo en Madrid una reunión con diferentes organizaciones del ámbito concursal, entre ellas el Consejo General de Economistas, para profundizar sobre el tratamiento de la insolvencia empresarial en España, analizar el marco legal que se aplica en nuestro país y poder así determinar posibles soluciones a problemas detectados. Recordemos que entre las misiones del FMI –como organismo internacional que promueve, entre otras, funciones de estabilidad financiera y monetaria– está la de llevar a cabo consultas periódicas, generalmente anuales, enmarcadas en el Artículo IV de su Convenio Constitutivo, dentro del contexto de uso de los recursos del propio FMI. Así, su informe de 2014 sobre España incluye una serie de reflexiones sobre el sistema de insolvencia en nuestro país. Algunas de estas reflexiones ya se tuvieron en cuenta por nuestros legisladores en la reforma concursal de 2014-2015; sin embargo, otras indicaciones reflejadas en el citado informe, como las relativas a los privilegios del sector público, no se abordaron en dicha reforma. Esta clase de créditos aún mantienen un trato preferente en el proceso concursal.

En la citada reunión tuvimos ocasión de exponer el punto de vista económico que acompaña a toda crisis empresarial, apuntando las posibles soluciones que podrían contribuir a mejorar el ámbito de las insolvencias en nuestro país. A este respecto, habría que señalar que el concurso de acreedores en España puede resultar un procedimiento demasiado centrado en aspectos jurídico-procesales, lo que lo hace lento y poco eficaz. Esta circunstancia no deja de tener un carácter disuasorio para el empresario que se ve abocado a ello, de ahí que entendamos que debería primarse una visión preferentemente económico-empresarial del concurso de acreedores. Hay que tener en cuenta que el FMI ya incluyó en informes anteriores de años previos una serie de propuestas sobre las posibles mejoras a realizar en el ámbito de la insolvencia, entre las que, como señalábamos antes, se encuentra la necesidad de limitar los excesivos privilegios del crédito público. Para ello, el FMI remitió al Ministerio de Economía unos cuestionarios relacionados con el ámbito concursal que fueron cumplimentados por diferentes organizaciones. De cara a la elaboración en los próximos meses de un nuevo informe económico del FMI sobre España, dedicado a las insolvencias, y en base a lo expuesto, cabría definir seis puntos de mejora en este campo como son: limitar y reducir los privilegios de los créditos públicos; facilitar la venta de unidades productivas (no heredando deudas sociales); estimular los acuerdos de refinanciación; promover la mediación concursal; realizar un estudio de eficiencia en los Juzgados que introduzca elementos económicos, y tender hacia una definición y concepción económico-empresarial de la insolvencia.

Por lo que respecta al primer punto –limitar y reducir privilegios de los créditos públicos–, y como aspecto más destacado y urgente, convendría limitar los excesivos privilegios que en nuestro país disponen las Administraciones Públicas tanto en el ámbito propiamente concursal, en donde figura como crédito privilegiado, como en las soluciones preconcursales (acuerdos de refinanciación) y extraconcursales (mediaciones concursales), ya que en estas soluciones alternativas no es obligatorio que tanto la Hacienda Pública como la Seguridad Social acudan a las mismas, lo que dificulta el alcance de acuerdos, especialmente en el caso de las pymes, que concentran el mayor porcentaje de crédito público. En este sentido, habría que destacar que esta privilegiada situación del sector público no se da en países como Reino Unido o Estados Unidos, por poner un ejemplo. En cuanto a facilitar la venta de unidades productivas, no heredando deudas sociales, sería recomendable, como en el punto anterior, que se suprimiese o al menos limitase que las deudas de la Seguridad Social se transmitan en las ventas de unidades productivas, pues dificultan este tipo de operaciones. Es decir, sería necesario priorizar una visión económico-empresarial sobre la jurídica en este aspecto y tener en cuenta un horizonte temporal a medio plazo más que a corto, especialmente considerando las dificultades de las pymes en estos casos. De este modo, si se concediera más flexibilidad por parte de las Administraciones Públicas en estas dos medidas, se conseguirían salvar más empresas, lo que se traduciría en unos mayores ingresos fiscales y de la Seguridad Social a medio plazo. Por lo que se refiere a los acuerdos de refinanciación, como solución alternativa al concurso, hay que reconocer que en la reforma concursal de 2014-2015 se introdujeron mejoras a este respecto, que han servido para posicionarnos a niveles similares a un Scheme of arrangement del Derecho inglés y han reducido la necesidad de acudir al 'turismo concursal' o 'forum shopping'. Sin embargo, los últimos datos muestran una reducción de los acuerdos de refinanciación homologados del 58% en enero 2017, y del 4% en todo el año 2016, que nos indica que no resultan tan atractivos para las empresas, por lo que sería necesario introducir nuevas medidas para su mejora y estímulo.

Cabe destacar que las mediaciones concursales se han incrementado de forma notable, aunque el 96% corresponden a personas físicas y solo un 4% a personas jurídicas, por lo que convendría retocar aspectos para que resulten también atractivas para las empresas, como, por ejemplo, incluir el crédito público y reducir formalidades. Y en cuanto a la segunda oportunidad, habría que reducir el tiempo de exoneración del pasivo de 5 años a 3 años (periodo de tiempo habitual en Europa) y hacer extensiva la segunda oportunidad a los avalistas y fiadores (dado que no están incluidos los mismos). Asimismo, es importante incidir en la necesidad de realizar un estudio de eficiencia en los juzgados. Tal y como se expuso en el informe ‘Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España’, elaborado por el Consejo General de Economistas, este análisis de eficiencia debería hacerse no solo a nivel de jueces y magistrados, sino de todo el personal de los juzgados, con una mayor dotación de recursos y la implantación efectiva de LexNet (aplicación electrónica para la trasmisión de documentos) en el ámbito de la administración concursal, con el objeto de estimular la Justicia digital.

También hay que destacar la necesidad de disponer de una perspectiva económica-empresarial de los concursos de acreedores, pues se han convertido en procedimientos excesivamente jurídicos y procesales, lo que contribuye a hacerlos más lentos y menos eficaces. Es cierto que la excesiva judicialización puede propiciar una mayor seguridad jurídica, pero, sin embargo, desdibuja la perspectiva económica, olvidándose que un administrador concursal no es otra cosa que un administrador y un gestor de empresas. Adicionalmente, si se incluyera en la Ley Concursal una definición de insolvencia más empresarial que jurídica, se podrían reducir los tiempos de los concursos y se podría evitar que más del 90% de los mismos acaben en liquidación. Finalmente, como aspecto adicional a los ya expuestos, habría que apuntar la conveniencia de abordar un apartado de la ley concursal específico para pymes, teniendo en cuenta que en España el 99,7% del tejido empresarial son micropymes y pequeñas empresas, y que la dimensión de las pymes en España es menor que en la media de países de la Unión Europea.

 
 
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