Número 140 - Julio de 2018
 
REPORTAJES
 
   
     
NUEVO GOBIERNO Y REFORMA LABORAL  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
ARINSA
 

PUBLICAMOS UN EXTRACTO DEL INFORME MENSUAL (JUNIO) ELABORADO POR ARINSA (ANALISTAS DE RELACIONES INDUSTRIALES) QUE PRESIDE FABIÁN MÁRQUEZ, EN EL QUE SE EXPONEN Y VALORAN LAS ALTERNATIVAS DE REFORMA LABORAL TRAS EL CAMBIO DE GOBIERNO. EL INFORME INCORPORA TAMBIÉN EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL EN SUS ASPECTOS DE EMPLEO, PRECARIEDAD, AFILIACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SALARIOS Y CONFLICTIVIDAD.

   
     
       

La oposición política al actual gobierno, PP y Ciudadanos, acusa al líder del nuevo gabinete de frivolidad y de improvisación al estimar que no ha presentado un programa de gobierno al Congreso. No les falta razón, pero quien ha triunfado en la moción de censura no ha ocultado sus propósitos básicos: sustituir al Partido Popular en el poder, regenerar la democracia… y el resto ya se verá a tenor de los acontecimientos y de las mayorías posibles ante cada propuesta legislativa, los 84 diputados socialistas no permiten alegrías. Pedro Sánchez no podía ofrecer un programa de reformas o contrarreformas, incluidas las laborales, porque carece de la mayoría necesaria y la Ministra de Trabajo ha sido explícita al respecto: faltan votos para derogar las reformas laborales de Zapatero (2011) y Rajoy (2012).

Tras la reunión de Pedro Sánchez con los líderes de CCOO y UGT, Sordo y Álvarez y de CEOE-CEPYME, Rosell y Garamendi, no quedó tan clara la derogación, se apreciaron diferencias entre los sindicalistas: mientras uno reiteró la necesidad de volver atrás (Pepe Álvarez de la UGT), Unai Sordo (CCOO) señaló que la derogación, en sí misma, no significa un mero retroceso al pasado, sino que hay que renovar el marco laboral vigente con un Estatuto de los Trabajadores para el S XXI. Álvarez se coloca en la radicalidad, mientras Sordo asume las propuestas de la Fundación Fide (1) en cuya elaboración participaron sus asesores jurídicos.

1. Incertidumbres políticas: Cataluña y gobiernos débiles

Sobre la viabilidad de la reforma laboral pesan otros factores políticos. El conflicto catalán cortocircuita la acción política, sobre todo de la izquierda. Presumiblemente Quim Torra persistirá en el “procès” con un revival imposible que complicará al Gobierno en minoría y servirá a Pablo Iglesias para aspirar a incluir en el Gobierno ministros de Podemos o de la izquierda soberanista. Pedro Sánchez no rechazaría tal propuesta si no fuera por la gravedad del conflicto catalán que polarizará la política española varios años. La independencia catalana, la división de la soberanía, es innegociable y satisfacer las solicitudes más radicales del secesionismo con cambios en la estructura del Estado, exigiría una reforma sustancial de la Constitución, que afecta al artículo 2, que requiere dos tercios de las Cámaras, la convocatoria inmediata de elecciones generales y un referéndum sobre el cambio propuesto. Exigencias muy meditadas por los padres constituyentes para evitar la ruptura de la Constitución.

Si el gobierno catalán insiste en el “procès” obligará a Pedro Sánchez a volver a pactar con PP y Ciudadanos frente a los secesionistas, a sabiendas de que tras las próximas elecciones las alternativa posibles pasan por un gobierno de coalición de dos o tres partidos: a la izquierda (PSOE y Podemos); al centro derecha (Ciudadanos y PP), o al centro izquierda (PSOE y Ciudadanos). Sánchez y Rivera huirán de la alianza forzosa con el PP para no entregar la oposición a Podemos, que aprovecharía el malestar por el paro, las desigualdades, la desconfianza en las instituciones… para un “pim pam pum” contra el viejo bipartidismo que no se regenera. Administrar ese magma por un Podemos en la oposición, aconseja fórmulas de gobierno que hagan posibles las reformas pendientes para el cambios del modelo productivo, y para otra educación y formación de jóvenes y trabajadores activos que les capacite para gestionar la digitalización, la robótica y la Inteligencia Artificial.

Otra duda razonable es si la crisis del PP, tras la moción de censura y la dimisión de Rajoy, lleva a una división del partido. El Congreso del PP y las encuestas posteriores darán pistas, pero es razonable pensar que la izquierda moderada, el PSOE, va a crecer en intención de voto; que el PP necesitará tiempo para construir un nuevo liderazgo y configurar una derecha moderada. Ambas tendencias afectarán a la evolución de Ciudadanos y a la formación variopinta de Pablo Iglesias, que son consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales. Deducir de los últimos acontecimientos que se mantendrá el bipartidismo y que la recuperación electoral de los partidos tradicionales vaya a ser inmediata, parece poco probable. La cohabitación política en gobiernos de concertación, tan habituales en el resto de Europa, será la opción más probable.

2. La complicada reforma constitucional

El conflicto catalán aboca a una reforma constitucional, la Ministra de Administración Territorial Batet sostiene que puede y debe ser inmediata y durante esta legislatura. José Enrique Serrano, diputado del PSOE, que preside la Comisión de Reforma Constitucional, ha trazado comparecencias de personalidades para nutrir el debate, con posiciones diversas. Además circulan propuestas de reforma constitucional e iniciativas de indudable mérito. Pero no es probable que los partidos políticos sean capaces de consensuar una reforma más allá de lo accidental: resolver la prioridad masculina en la sucesión a la corona, otro modelo de financiación autonómica y, quizá, retocar la vigente ley electoral.

Pero para modificar la distribución del poder entre Congreso y Senado, incluso suprimir este último o reducirlo a una cámara representativa de las administraciones autonómicas, para dedicarse exclusivamente a cuestiones que a estas importa. O para poner cierto orden en la distribución del gasto público, o exigir el mantenimiento de servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones para todos los españoles; o también para arbitrar cuestiones identitarias relacionadas con idioma, derecho, símbolos y otros, se exigiría una consulta a la ciudadanía vía referéndum o incluso quorum reforzado en ambas cámaras: Congreso y Senado. La ciudadanía renovaría la actual Carta Magna incorporando el sufragio de generaciones que no participaron en la aprobación de 1978, lo que en sí mismo es un valor suficiente para ensayarlo sin miedo. Además comprobaríamos en Cataluña y en el País Vasco el alcance de las fuerzas secesionistas. En cualquier caso la reforma de la Constitución que satisfaga a los soberanistas no existe.

Probablemente Meritxell Batet, ilustre socialista catalana, sabe que la contundencia con la que sostiene la urgencia de reformar la Constitución es retórica, aunque plantear tal necesidad es inevitable y no es un exceso abrir el debate tras la inacción que caracterizó al gobierno de Mariano Rajoy. Frente a la política de no hacer nada, Pedro Sánchez se propone decir mucho, hacer solo lo conveniente o lo posible para disolver las cámaras y convocar elecciones cuando los hados electorales le sean más propicios o la oposición resulte insoportable para gobernar. Todas las reformas estructurales pendientes, entre ellas la educativa, servirán de pasto político para aproximar el fin de la legislatura. Sin perjuicio de que el gobierno trate de pactar los Presupuestos 2019. Si Pedro Sánchez no es capaz de conseguir los 176 votos necesarios para ello el fracaso llevará a la disolución, aunque es probable que PNV y ERC faciliten la aprobación de los Presupuestos.

3. El agobio de las pensiones

No debería relegarse a otra legislatura la reforma del sistema de pensiones, que pasa por mantener la reforma de 2013, reajustándola a la realidad de los Presupuestos, o prescindir de los supuestos fundamentales de dicha reforma para plantear otros que exigirían cambios legislativos profundos. Los datos actuales de desequilibrio financiero son graves. El déficit del pasado año alcanzó los 18.800M de euros y es previsible que este año se repita. La hucha de las pensiones está agotada, aun con un saldo superior a 8.000M de euros. El Tesoro ha prestado al sistema 7.100M de euros para pagas extras. El Gobierno Rajoy aceptó la reforma exigida por el PNV para aprobar los Presupuestos 2018 aceptando volver a referir el incremento de las pensiones al IPC y demorando a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad previsto por la reforma laboral de 2013. La reforma patrocinada por el PP pretendía incrementar las pensiones conforme a los datos de la coyuntura económica, con las previsiones de crecimiento del número de pensionistas y la relación activos-pasivos.

Nuestro sistema de previsión es peculiar, ofrece una tasa de percepción de prestaciones muy próxima al salario real cuando empieza la jubilación (82% frente al 55% de la OCDE). En España se percibe la prestación tras 20 años de cotización; la reforma de 2013 preveía para 2022 la extensión a 25 años, frente a la práctica europea de tener en cuenta toda la carrera de cotizaciones del pensionista para establecer la cuantía de su pensión. Además la reforma pretendía el 2019 elevar la edad de actividad hasta los 67 años frente a los 64 de media en la OCDE. Las manifestaciones de pensionistas fueron calificadas de injustas por buena parte de los gobernantes populares. No les falta algo de razón, ya que, aunque en los últimos dos años el 0,25% de crecimiento ha sido menor que el IPC, durante los tres anteriores, este índice fue negativo, y las pensiones crecieron el 0,25%.

El dato inquietante es el déficit del 1,7% del PIB. El gobierno preconizó que la subcomisión parlamentaria del Pacto de Toledo consensuara cambios para hacer sostenible el sistema; pero, hasta ahora, el único cambio producido ha sido volver al IPC que incrementará el déficit sin resolver el problema. La relación activos-pasivos está por debajo de su umbral de flotación. Lo correcto sería utilizar las alternativas que ofrecen los estudios existentes que pasan por: 1) restar del sistema de pensiones las prestaciones que no pertenecen al sistema. 2) ampliar la edad de jubilación. 3) imponer la exigencia de considerar toda la carrera de cotizante para establecer la base de su prestación. Para así poder llegar a sostener el sistema o, siquiera, aproximarse.

4. La re-reforma laboral

En materia laboral cabe introducir retoques y ajustes sobre los procedimientos asentados en la práctica laboral por la reforma del 2012. ¿A qué ajustes se refiere el Gobierno cuando rechaza la derogación e invita a los agentes sociales a pactar entre sí y ofrecer el resultado de sus negociaciones al Gobierno, para su consideración? La actitud de Sordo, secretario de CCOO, en la reunión en Moncloa, apunta a una referencia implícita a las conclusiones de reforma del marco laboral vigente planteadas por Fide a finales de 2015, que merecieron el cuasi consenso generalizado de los participantes en dicha comisión de reforma, mezcla variopinta de profesionales de bufetes jurídicos, catedráticos, jueces del Supremo y la Audiencia Nacional y juristas de CCOO y, en menor medida, de UGT. A lo anterior debemos añadir que, durante los últimos meses, ante la inacción parlamentaria, el registro del Congreso acumula varias propuestas legislativas, que permiten deducir las líneas de los ajustes que el gobierno puede imponer modificando los términos de la reforma laboral de 2012.

Las cuestiones suscitadas al respecto pueden resumirse en lo siguiente: el contrato único que defiende Ciudadanos ha pasado conceptualmente a “mejor vida”. Ya no se trata de un solo contrato sino de varios, a sabiendas de que un contrato único sometido a causa no es de resolución automática a requerimiento de una de sus partes, el empleador. La médula del sistema laboral vigente en España, y en toda Europa, impone la necesidad de que el empresario justifique sus decisiones de acuerdo con la ley; el trabajador puede discrepar de ellas, y con la tutela y protección del sindicato, un juez es el que decide quién tiene la razón sometiéndose la litis consiguiente a un procedimiento amplio, muy garantista, que solo puede cerrar el Tribunal Supremo, o en múltiples supuestos el TJUE.

No obstante, existe conciencia unánime de la costumbre inveterada de los sucesivos gobiernos de inventarse modalidades contractuales, y promoverlas mediante desgravaciones fiscales, a costa de la SS. Una práctica que debería sustituirse por una normativa más simple, que favorezca la contratación estable. Eso obligaría a reforzar la causa de la contratación temporal, reduciendo las facilidades a la temporalidad, que vienen de hace más de 30 años (primer gobierno González y 25% de paro) que trataban de incentivar la creación de empleo, aunque fuera temporal.

Hoy una conciencia europea aconseja primar la estabilidad del empleo, invertir en formación continua para atender las necesidades tecnológicas y productivas, y en el caso español, mantener las cuantías que gravan las extinciones contractuales, para no diferenciarnos de la media europea. Se trata de conseguir a medio plazo que la mayoría de los contratos existentes sean fijos y por tiempo indefinido, sin perjuicio de que buena parte de estos contratos sean a tiempo parcial. Este es un escenario contractual lógico para una estructura predominante de servicios, con contratos de temporada, ocasionales, incentivados por la masiva afluencia turística, que deben ser compatibles con el mantenimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, y con las garantías precisas para que el contrato a tiempo parcial no reduzca su previsibilidad a extremos inconcebibles.

El gobierno actual tratará de conseguirlo, aunque espera que las propuestas sean producto de un pacto. Parece insoslayable la contratación a tiempo parcial, la temporalidad, para trabajos, eventuales o fijos, de obra (clásicos en construcción) a sabiendas de que estos últimos son contratos fijos con caducidad cierta. No es el caso de los supuestos contratos temporales presuntamente fraudulentos a los que nuestro mercado está acostumbrado, cuya causa y necesidad es fija, pero con modalidad contractual temporal, para que el empleador sepa en qué fecha cierta puede prescindir del trabajador, supuestamente innecesario, con un costo mínimo, y sin riesgo de que su decisión se someta a un procedimiento jurídico laboral que, probablemente, culminará en una declaración de improcedencia.

 
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