Número 135 - Febrero de 2018
 
REPORTAJES
 
   
     
BASILEA III: FINALIZANDO LAS REFORMAS  
       
 
    Foto: Archivo RC  
     
     
RAIMUNDO POVEDA
 

EL COMITÉ DE BASILEA HA DADO OTRO PASO EN EL YA LARGO PROCESO DE REVISIÓN POST CRISIS DE BASILEA II, SU GRAN PROPUESTA DE 2004, QUE HA GENERADO UN NUEVO PARADIGMA PRUDENCIAL, BASILEA III. UN EXTENSO DOCUMENTO DEL PASADO DICIEMBRE SE OCUPA PRINCIPALMENTE DEL DENOMINADOR DEL COEFICIENTE DE SOLVENCIA, LOS RIESGOS PONDERADOS. PUEDE NO SER EL FIN DE LA HISTORIA. QUEDA PENDIENTE LA RECONSIDERACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO SOBERANO, DONDE EL ACUERDO PARECE DIFÍCIL. EL GERUNDIO “FINALIZANDO LAS REFORMAS” DEL TÍTULO PUEDE SIGNIFICAR QUE LAS REFORMAS HAN TERMINADO… O QUE PROSEGUIRÁN UN POCO MÁS.

   
     
       

El Comité de Basilea ha dado otro paso en el ya largo proceso de revisión post crisis de Basilea II, su gran propuesta de 2004, que ha generado un nuevo paradigma prudencial, Basilea III. Un extenso documento del pasado diciembre se ocupa principalmente del denominador del coeficiente de solvencia, los riesgos ponderados. Puede no ser el fin de la historia. Queda pendiente la reconsideración del tratamiento del riesgo soberano, donde el acuerdo parece difícil. El gerundio “finalizando las reformas” del título del documento puede significar que las reformas han terminado… o que proseguirán un poco más.

1. Basilea III, segunda parte

Preocupa al Comité un hecho constatado: los bancos ponderan de forma muy distinta riesgos similares, según los métodos aplicados por cada cual. Ello resulta sobre todo del uso de modelos internos, y daña seriamente la credibilidad y suficiencia de la solvencia bancaria. Tal deriva no debería sorprender a nadie, y menos aún al Comité. A mediados de los noventa, cuando aceptó los modelos internos, los VAR, para tratar el riesgo de mercado, ya tropezó con la misma piedra, viéndose forzado a ponerles condiciones y recargos de seguridad (que luego no bastaron). Y eso que los VAR estaban bastante rodados como métodos de gestión, y utilizaban un material estadístico sólido. Ambas circunstancias no se daban en los modelos para el riesgo de crédito, en mantillas en 2004, y menos aún en los del riesgo operativo, simplemente inexistentes.

Pero ese precedente fue silenciado por razones equivocadas o interesadas. Se confió en las promesas de la ciencia financiera y el buen hacer de la gran banca. Aquella confianza de neófitos pronto chocó con las incertidumbres, imperfecciones y manipulaciones de la realidad. Basilea II había embarcado al mundo bancario en una aventura, y muy costosa además. Ahora es preciso reconducirla, desandando una parte del camino.

La reconducción tiene tres facetas. Primero, los métodos “avanzados” se excluyen en algún caso, y se limitan o condicionan en otros. Segundo, se ponen “suelos” a las exigencias de capital de los modelos internos, calculados a partir del planteamiento estándar, el esquema convencional para los bancos incapaces de desarrollar modelos internos. Y, tercero, dada la importancia que cobra ese planteamiento, se procede a su revisión.

Buena parte de lo que subsistía del texto de 2004 se ha reescrito, con multitud de cambios de menor cuantía. Aquí nos limitamos a los temas más relevantes de la reforma.

2. El planteamiento estándar

El planteamiento estándar usa generosamente como criterio de ponderación las calificaciones externas de las agencias de rating, cuando existen. El primer objetivo del Comité es mejorar la sensibilidad al riesgo de este planteamiento. Lo hace introduciendo retoques, generalmente a la baja, en los niveles de calificación intermedios, y recurriendo a algún criterio adicional para sectores sin rating.

Hay un problema. “Algunas jurisdicciones” (o sea, la norteamericana, que no es una jurisdicción cualquiera) han decidido no utilizar las calificaciones. Sus legisladores están justamente indignados por la condescendencia de las agencias hacia las conveniencias de sus clientes bancarios, algo bien sabido de las titulizaciones, pero no limitado a ellas. El Comité ha tenido que buscarles otros criterios de ponderación. No siempre se encuentran alternativas sólidas a las calificaciones externas, en cuyo caso prescindir de ellas es saltar de la sartén para caer en las brasas. En vez de vigilar a unas pocas agencias condescendientes, ahora los supervisores deberán vigilar a miles de bancos, responsables únicos de la calificación de sus riesgos, que bien pudieran resultar todavía más condescendientes consigo mismos. Además la pérdida de ese indicador se traduce de hecho en una pérdida de “granularidad” (menos grupos de ponderación), contraria al propósito de aumentar la sensibilidad del planteamiento estándar.

Veámoslo en un caso importante, el de los riesgos interbancarios, que nos interesa directamente porque el planteamiento “americano” se aplica también a los bancos sin rating de cualquier jurisdicción (entidades pequeñas que no emiten en bolsa, como muchas cooperativas). Para esos riesgos Basilea sí encuentra un criterio objetivo de ponderación: el cumplimiento del coeficiente de solvencia y de sus colchones adicionales (olvidemos el hecho de que gran número de bancos fracasados “cumplían” hasta el día antes de su intervención). Establece tres categorías que pueden sintetizarse así: cumplimiento de los coeficientes y los colchones, cumplimiento solo de los coeficientes, e incumplimiento. Tres en lugar de las cinco que presenta el criterio tradicional. Y con diferencias de trato importantes. Un banco “buen cumplidor” recibe una ponderación de 40% para sus riesgos generales en el planteamiento “americano”, pero en el tradicional los calificados entre AAA y AA- ponderan al 20%, y al 30% si lo hacen entre A+ y A- (en los riesgos a corto plazo no hay diferencias). La correspondencia entre ambos planteamientos es por tanto imperfecta, con posibles fallos de equidad.

Esa problemática reaparece en el sector empresas. En el planteamiento “calificaciones externas” hay un aumento de la granularidad, rebajándose la ponderación del nuevo tramo creado (BBB+ a BBB-). Pero en el planteamiento “americano” solo hay dos tramos: grado de inversión y resto de riesgos. En la práctica habitual se consideran grado de inversión los instrumentos con nivel BBB- o mejor. Pero repudiados los ratings esto ya no vale. Los bancos tendrán que analizar y calificar cada riesgo basándose en unos criterios generales que, puede temerse, entenderán a su manera. En cuanto al trato, los instrumentos “grado de inversión” ponderan al 65%, mientras que en el otro planteamiento los tres tramos existentes para instrumentos calificados entre AAA y BBB- ponderan al 20, 50 y 75%. De nuevo, pues, hay falta de correspondencia entre ambos planteamientos, y desigualdad de trato.

Volviendo al sector bancario, la reforma beneficia sus “bonos cubiertos”, garantizados por carteras que cumplan unos requisitos estrictos. Sus ponderaciones son, en líneas generales, la mitad de las del banco que los emite. Una ayuda para fomentar el mercado institucional de nuestras cédulas hipotecarias, pero una ayuda limitada, porque el Comité copia aquí una regla inventada hace una década por la Unión Europea. No es el único caso en que Basilea ha de asumir criterios de Bruselas (que tampoco es una jurisdicción cualquiera).

En Basilea II los planteamientos estándar y avanzados utilizaron sectorizaciones algo diferentes. Esa incongruencia plantea problemas de equidad, y desacoples cuando los planteamientos avanzados no alcanzan a todas las carteras y se recurre por defecto al estándar. La reforma corrige esas incongruencias. Citemos dos casos en el sector empresas. En el planteamiento estándar se abre ahora un subsector PYME, ya beneficiado en los planteamientos avanzados, con una ponderación estándar de 85%, en lugar del 100% de las empresas sin calificación, rebaja que más puede deberse a cuestiones de sensibilidad política que de sensibilidad al riesgo. Y se desglosan las llamadas financiaciones especiales para reconocer, como lo hacían los planteamientos avanzados, su mayor riesgo con unas ponderaciones apropiadas; dada la dificultad de modelizar muchas de esas financiaciones especiales, Basilea II ya incluyó como “avanzada”, un alternativa que era realmente un planteamiento estándar.

La siguiente novedad es importante por el peso de las carteras afectadas. Basilea II reconocía las garantías reales constituidas sobre viviendas, asignando a los créditos plenamente garantizados por la hipoteca una ponderación del 35%. Ahora se afina sustancialmente la sensibilidad al riesgo mediante el uso de la ratio LTV (importe remanente del crédito dividido por el valor del inmueble). Se abren seis tramos que van desde LTV iguales o inferiores a 50% hasta LTV superiores a 100%, y se les asignan ponderaciones que se mueven entre el 20% y el 70%, aplicadas al valor bruto remanente del crédito. Hay casuística. Si los inmuebles están alquilados, las ponderaciones son algo mayores (entre el 30 y el 105%). Si la hipoteca se hace en moneda distinta de la fuente de ingresos habitual del deudor, las nuevas ponderaciones se multiplican por 1,5. El Comité, siempre receloso, elabora minuciosamente las condiciones que permiten la aplicación de ese régimen, en general muy favorable, incluyendo entre ellas el examen de la capacidad de pago del cliente.

Basilea II fue reticente con las garantías sobre oficinas e inmuebles comerciales. Muy a regañadientes, en una nota de pie de página sin la cual los alemanes parecían dispuesto a romper la baraja, aceptó una ponderación del 50% para solo una parte del crédito garantizado. Ahora se normaliza su tratamiento, pero no se abandona la cautela. Cuando el reembolso no dependa de ingresos generados por la propiedad, una LTV prudente (hasta el 60%) permite una ponderación del 60%, o la propia del deudor si es menor. Cuando dependa de ellos, el cuadro de ponderaciones es aún menos generoso.

Muchos países han empezado a utilizar LTV en el marco de la política macroprudencial, activándola, por ejemplo, ante un calentamiento del ciclo inmobiliario. No es eso lo que hace el Comité, al introducirla como un elemento permanente, no coyuntural, del coeficiente de solvencia. Incluso puede que su inclusión tenga consecuencias inhibitorias para el empleo macroprudencial de esta herramienta. Pero la posible alternativa que sería considerar LTV en el marco de las provisiones dinámicas, donde podría tenerse la flexibilidad requerida por los vaivenes de la coyuntura, no cabe por ahora en el mundo mental de los supervisores bancarios internacionales.

 
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